El pleno ordinario que celebró ayer la corporación municipal de Marbella sufrió tres interrupciones que motivaron su celebración a puerta cerrada. La más violenta de ellas fue la protagonizada por un centenar de empleados de los cuerpos de seguridad, que pedían la retirada de uno de los puntos del debate.
A ritmo de bocinas, los manifestantes se sentaron sobre la tarima del salón plenario para exponer sus quejas y pedir la dimisión del coordinador de Personal, Carlos Rubio. "Van a hacer lo mismo que hacían los ´giles´, ponerle dinero a quienes les da la gana", afirmó uno de los trabajadores que se erigió como portavoz del colectivo, formado por miembros de los sindicatos STAL, SIEP y UPLB.
Valoración. La disputa tiene su origen en la decisión del gobierno del PP de no aplicar la valoración de puestos de trabajo, que suponía la reestructuración definitiva de la plantilla, y, a cambio, reordenar los conceptos retributivos. Una propuesta que el PP sacó adelante en solitario.
Según estos empleados, su aprobación supone mantener la arbitrariedad existente a la hora de conceder los pluses de productividad, que oscilan entre los 500 y 1.400 euros. Una medida que consideran ilegal y que impugnarán.
A ritmo de bocinas, los manifestantes se sentaron sobre la tarima del salón plenario para exponer sus quejas y pedir la dimisión del coordinador de Personal, Carlos Rubio. "Van a hacer lo mismo que hacían los ´giles´, ponerle dinero a quienes les da la gana", afirmó uno de los trabajadores que se erigió como portavoz del colectivo, formado por miembros de los sindicatos STAL, SIEP y UPLB.
Valoración. La disputa tiene su origen en la decisión del gobierno del PP de no aplicar la valoración de puestos de trabajo, que suponía la reestructuración definitiva de la plantilla, y, a cambio, reordenar los conceptos retributivos. Una propuesta que el PP sacó adelante en solitario.
Según estos empleados, su aprobación supone mantener la arbitrariedad existente a la hora de conceder los pluses de productividad, que oscilan entre los 500 y 1.400 euros. Una medida que consideran ilegal y que impugnarán.
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