El número de propietarios obligados a acudir a los tribunales para cobrar rentas atrasadas se ha disparado un 19%
Desde las inmobiliarias critican la lentitud de los deshaucios
El recelo de los propietarios está endureciendo los requisitos para alquilar y muchos piden ya avales bancarios. / SUR
LOS DATOS DEL INE
Los bancos no son los únicos que lidian estos días con un fuerte repunte de la morosidad. Los propietarios de inmuebles en alquiler también están sufriendo los estragos de la coyuntura económica, en su caso, en forma de repetidos impagos de las rentas; una realidad que se deja sentir en los tribunales. Así, a tenor de los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado los juzgados malagueños dictaron 1.264 sentencias asociadas a conflictos entre los caseros y los arrendatarios por el cobro de la correspondiente cuota mensual.
Dicha cifra representa un incremento del 19% respecto a la contabilizada en 2007, cuando las oficinas judiciales tramitaron 206 litigios menos de este tipo. La provincia es la cuarta con mayor carga de estas resoluciones, tan sólo por detrás de Barcelona (4.576), Madrid (2.391) y Valencia (1.295). A nivel andaluz, Málaga lidera el volumen de demandas por adeudos de rentas, a gran distancia de la segunda ciudad con más casos, Sevilla, que tan sólo suma 549.
A juicio de Cayetano Rengel, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Málaga, el calado del paro (la provincia sufre una de las mayores tasas de desempleo del país) es uno de los ingredientes que explica el gran número de sentencias por impago de alquiler.
El fuerte aumento de desocupados de los últimos meses ha provocado que muchas personas no puedan hacer frente a sus obligaciones económicas, entre ellas la del recibo del arrendamiento. «A la hora de pagar muchos están con la soga tan al cuello que se ven abocados a eludir sus responsabilidades», destaca Rengel.
Entre las cuerdas
El mayor impacto que la crisis ha tenido en Málaga por su gran dependencia del sector de la construcción es pieza clave de este rompecabezas, que pone entre las cuerdas a cientos de propietarios y les empuja a recurrir a la Justicia. Pero llegados a este punto el camino tampoco se libra de obstáculos. «El procedimiento de desahucio es muy lento y causa un fuerte perjuicio económico al dueño de la vivienda, que ni cobra ni puede volver a alquilarla durante todo el proceso judicial», critica Rengel,
El tiempo de duración del procedimiento depende del Juzgado que lo tramite, aunque según Rengel, lo mínimo es un año. Por eso, muchos arrendadores solicitan ahora al alquilar la vivienda un sinfín de garantías con las que cubrirse las espaldas. Lo más habitual es pedir un aval bancario, de tal manera que en caso de impago de las rentas, una entidad bancaria responde frente al propietario.
La crisis está generando un caldo de cultivo para la desconfianza y los propietarios vacíos han endurecido el proceso de selección de sus inquilinos con exigencias que van desde un contrato fijo a una buena nómina o más de dos mensualidades por adelantado.
Pese a todo, muchos acaban en los tribunales y, según el INE, la mayor parte de estas sentencias son estimadas.
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