DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 28/11/2009
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) no se va a cambiar. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, trasladó ayer por enésima vez la posición de la Junta a los alcaldes de la comarca malagueña de La Axarquía, que piden un cambio en la normativa sobre el suelo no urbanizable al objeto de dar cobertura legal al sinfín de viviendas en suelo rústico, más de 10.000, que les evite además nuevos procesos judiciales. Lo que sí está dispuesta a hacer la Junta es dar un paso más en su implicación a solucionar el caos urbanístico de la comarca, y se propone asumir la elaboración de los planes de ordenación urbana de los 16 municipios que ahora mismo carecen de cualquier instrumento de planeamiento.
La Junta quitará las competencias a los municipios que no se doten de plan.
En la reunión que Espadas mantuvo ayer con representantes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental se comprometió a asumir la redacción de planes de mínimos para estos 16 municipios con equipos técnicos contratados ad hoc, pero siempre que sea a voluntad de estos, y mediante la firma previa de convenios de colaboración. Serían "planes de mínimos" que no contemplarían ningún nuevo crecimiento, se limitarían a ordenar el suelo urbano consolidado, y que podrían estar concluidos en un año.
El consejero dejó claro que estos planes no serán "instrumentos de legalización en el suelo no urbanizable, pero sí establecerán unas reglas de juego y un modelo que luego se cruzarán con el inventario de construcciones ilegales para ver en qué medida se les puede dar cabida". Es algo similar a lo ocurrido en Marbella, donde se ha definido un modelo urbanístico y luego se ha tratado qué edificaciones ilegales ya existentes podían tener cabida siempre con compensaciones.
En la reunión de ayer, Espadas se ratificó en la hoja de ruta para el urbanismo de La Axarquía que ya trazó a los alcaldes en su primer encuentro, en junio de 2007: un plan de inspección que permita elaborar un censo de las construcciones existentes identificadas con todas sus particularidades y la redacción de planes de ordenación urbanística. Sólo 12 de los 29 municipios de la comarca solicitaron a la Junta acogerse al plan.
Con la propuesta de ayer se trata de imprimir "velocidad de crucero" al procedimiento. "Lo primero es tener un plan", insistió Espadas, quien recalcó que sólo un PGOU da seguridad jurídica y define el marco necesario para impedir nuevas ilegalidades. Lamentó que en los seis años que va a cumplir de vigencia la LOUA los municipios de la comarca han hecho cierta dejación para dotarse de planeamiento.
El consejero advirtió de que los ayuntamientos que quieran pueden hacer sus planes al margen de la oferta de la Junta, pero que si se detecta inactividad, la consejería actuará de forma subsidiaria y, como le permite la ley, asumirá las competencias municipales para elaborar los planes.
No hay otra, según Espadas, porque sin instrumento de planeamiento no se pueden atender cuestiones fundamentales" la dotación de sistemas generales y equipamientos, la reserva de suelo para vivienda protegida, la recuperación para la comunidad de las plusvalías urbanísticas o el adecuado tratamiento del suelo no urbanizable.
Mientras tanto, lamentó que el debate sobre el urbanismo en la zona "ha estado desenfocado". Explicó que la LOUA en ningún momento establece que en el suelo no urbanizable no se puede hacer nada, sino que define bien qué cosas, pero "tienen que estar debidamente justificadas". Espadas advirtió que el reglamento sobre el suelo que está en redacción "lo que no va a hacer es alterar lo que no permite la LOUA".
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