La rebelión de los regidores obliga a la Consejería de Vivienda a ofrecer a 16 municipios que cedan sus competencias para redactar un PGOU de mínimos. Los que no acepten ni elaboren su plan serán intervenidos.
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA No habrá más margen para negociar para los 16 municipios de la Axarquía que carecen de una mínima ordenación urbanística. La Junta de Andalucía se ha puesto un plazo para eliminar esa situación y son las elecciones municipales de 2011. Para ese momento, esas 16 localidades tendrán un planeamiento urbanístico mínimo que le ofrezca una seguridad jurídica a sus vecinos. Podrán ceder sus competencias voluntariamente a la Consejería de Vivienda o hacerlo con sus propios recursos. Pero no hay otra alternativa. De hecho, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, advierte a los municipio que no regulen la actividad urbanística: "Si se confirma la inactividad de un ayuntamiento, la Junta de Andalucía actuará de forma subsidiaria". Es decir, que asumirá las competencias urbanísticas de esa localidad, quiera o no.
Precisamente ayer el consejero se reunió con los portavoces de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía para hacerle llegar esta propuesta. Espadas defendió la cesión voluntaria y temporal de las competencias a la Junta como una opción rápida para disponer de un PGOU "mínimo" que ofrezca unas normas urbanísticas claras a los vecinos.
Estas cesiones se realizarían mediante la firma de un convenio de colaboración, por el que la Consejería se compromete a dotar de un equipo técnico específico a cada municipio para redactar un plan general de ordenación urbana que defina los suelos para VPO, equipamientos, zonas verdes, espacios libres y las normas que regirán en la localidad. "Se elaborará el plan sobre la situación actual, sin entrar en las expectativas de crecimiento futuro", apuntó el consejero, quien reiteró que su definición corresponderá a los ayuntamientos.
Los municipios que, inicialmente, se podrían acoger a este plan son Alfarnate, Almáchar, Árchez, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Arenas, Canillas de Aceituno, Comares, Iznate y Moclinejo.
Con estos planeamientos se podrá abordar el inventario de las casas en situación ilegal y estudiar una solución individual a cada caso.
Sin cambios. La oferta realizada ayer por el consejero es en el fondo un ultimátum para lograr unos criterios urbanísticos claros y responde al amago de rebelión planteado por los propios regidores axárquicos, independientemente de su partido. La acumulación de causas judiciales y algunas sentencias, como la anunciada contra el alcalde de Sayalonga, José Luis Navas, han crispado el ambiente entre los primeros ediles, que achacan a la aplicación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) los problemas judiciales que están padeciendo. De hecho, reclaman la elaboración de un reglamento que desarrolle la ley e, incluso, ofrezca la posibilidad de cambiar las exigencias sobre las edificaciones en suelo no urbanizable, principal origen de las causas judiciales.
Sin embargo, esta petición parece que está destinada a caer en saco roto. El consejero de Vivienda fue tajante ayer y descartó cualquier modificación de la LOUA que la haga menos restrictiva. Además, insistió en que el reglamento está redactándose "pero no cambiará nada" de una ley que, en su opinión, "deja muy claro qué se puede hacer y qué no en los suelos no urbanizables sin necesidad de un reglamento".
Espadas destacó que la Axarquía es la comarca más problemática de toda Andalucía por la acumulación de municipios sin planeamiento y de causas judiciales. En un segundo escalón se situaría la Almanzora, en Almería, y la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce, en la provincia. También para estas comarcas se planteará una solución parecida a la que tienen en sus manos los alcaldes axárquicos, aunque algo más suave.
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