S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 28.11.2009 - 01:00
La Administración regional asumirá vía acuerdo o de forma subsidiaria la redacción de los planes generales de los 16 pueblos que carecen de este instrumento · Fija la conclusión de los trabajos a finales del año 2010
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, ayer, con gesto enérgico en su conferencia de prensa.
La Junta de Andalucía lanza un ultimátum a los municipios de la comarca de la Axarquía que a día de hoy siguen sin tener herramientas con las que regular la actividad urbanística y sobre los que se asientan miles de construcciones levantadas de forma irregular sobre suelo no urbanizable. La determinación fue anunciada ayer por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien informó de que su departamento asumirá las tareas de redacción de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) de los 16 pueblos de esta zona que carecen de los mismos, ya sea por la vía del acuerdo o de la actuación unilateral.
La acción puesta sobre la mesa por Espadas, y comunicada a los responsables de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, tiene por objeto dotar de "seguridad jurídica" al urbanismo de este territorio antes de que acabe 2010 e "inyectar velocidad de crucero" a unos trabajos postergados desde hace años en Alfarnate, Almáchar, Árchez, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Arenas, Canillas del Aceituno, Comares, Iznate y Moclinejo, en muchos de los cuales fue la Diputación provincial la que se comprometió a impulsar los instrumentos.
"La Junta no quiere que lleguemos a las elecciones sin clarificar y dar seguridad jurídica a los planeamientos de esos pueblos y para eso en un año hay que aprobar esos 16 documentos", sentenció, al tiempo que aseguró que, frente a la insistente reclamación de los alcaldes de la zona, muchos implicados en causas judiciales, "la filosofía de la LOUA sobre la construcción en el no urbanizable no se va a cambiar".
El consejero fijó dos vías de acción para poner en marcha estas herramientas. Una, la del acuerdo con los ayuntamientos, mediante convenio, al objeto de la Junta impulse la elaboración de los textos, y, dos, asumir de forma subsidiaria la tarea si las corporaciones locales se oponen. Si se diese esta última circunstancia, Espadas aclaró el camino: "Me dirigiré a los ayuntamientos para que me manifiesten su voluntad de hacerlo en el menor tiempo posible, iniciando el proceso, porque si se confirma la inactividad municipal, lo asumiríamos de forma subsidiaria".
La tarea no conllevará la elaboración de planes generales íntegros, sino de "documentos de mínimos". Estos trabajos, que deberán estar finalizados a finales de 2010, deberán permitir "recuperar el interés general para garantizar la reserva para VPO, sistemas generales, equipamientos y el contenido de normas para el no urbanizable y el urbano", pero en ningún caso será un instrumento de legalización de las construcciones ilegales.
Sobre este punto, el responsable autonómico precisó que el paso que dé lugar a esta normalización se tendrá que producir a posteriori, una vez los municipios tengan su plan general y un inventario que recoja las construcciones ejecutadas sobre no urbanizable, actuación que sólo han llevado a cabo cinco de los 29 pueblos de la comarca. Cuando las dos herramientas estén listas "se analizará en qué medida el plan general puede asumir tales actuaciones".
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