El acuerdo contempla la posibilidad de revisar lo firmado si el Plan General no se aprueba antes del 21 de marzo del año que viene.
Diseño de las torres en la antigua parcela de Repsol. :: SUR
El retraso en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la profunda crisis en el sector inmobiliario constituye una peligrosa combinación para las aspiraciones del Ayuntamiento de hacer caja con una serie de proyectos residenciales para poder financiar mejoras para la ciudad. Esta situación no sólo afecta a las actuaciones cuyos promotores ya han pedido una reducción en las cantidades a aportar a las arcas municipales, como ayer adelantó este periódico, sino que pone en riesgo la recepción de los 82,3 millones de euros que se plasmaron en el convenio de mayor cuantía del nuevo Plan General, el de las torres diseñadas para la parcela de Repsol.
Según se expresa en el contenido del citado acuerdo, que fue suscrito en 2006 por el Ayuntamiento y la promotora granadina Comarex (hoy fuera del proyecto tras asumirlo Caixa Galicia y el Grupo Dae), ambas partes podrán exigir su resolución si cinco años después no se aprueba de manera definitiva el nuevo PGOU. Ese plazo expira el 21 de marzo del año que viene. Así, si el Plan General no recibe la luz verde definitiva por parte de la Junta de Andalucía antes de esa fecha, los promotores del proyecto a desarrollar en la antigua parcela de Repsol podrán exigir la ruptura del millonario acuerdo que se rubricó al calor del 'boom' inmobiliario.
Esta posibilidad no es del todo descartable a tenor del recorrido que ha tenido en los últimos años el documento que planifica el desarrollo urbanístico de Málaga para la próxima década. Después de un ir y venir de informes y contactos entre el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz, el plan se encuentra aún inmerso en el conflicto de intereses de ambas administraciones, sobre todo por lo relativo a la reserva de los terrenos de Arraijanal para el parque metropolitano ideado por la Junta. El PGOU tiene que ser sometido todavía a una nueva aprobación provisional y recabar nuevos informes de varias administraciones antes de pasar el examen final de la administración regional.
Según fuentes consultadas, Caixa Galicia y el Grupo Dae no han planteado de momento al Ayuntamiento la posibilidad de reducir el importe del convenio como sí lo han hecho los promotores de la actuación diseñada para La Térmica (ligada a un acuerdo por 58 millones de euros) y los de la zona de Martiricos (con un convenio de 23 millones). No obstante, podrán hacerlo si la aprobación del PGOU se produce más allá del 21 de marzo de 2011.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, explicó ayer a SUR que el Consistorio está dispuesto a escuchar las inquietudes de los promotores «pero no vamos a ceder un ápice en lo relativo a reducir las cantidades pactadas». «Podríamos facilitarles la forma de pago ampliando los plazos pero, en ese caso, las cantidades a aportar tendrían que incrementarse en función del interés del precio del dinero», agregó.
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