COIN. El cerco contra el urbanismo ilegal se salda con tres implicados en Coín. (MALAGAHOY)

INVESTIGACIÓN JUDICIAL SE LES ACUSA DE DELITO URBANÍSTICO, PREVARICACIÓN, FALSEDAD DOCUMENTAL Y DESOBEDIENCIA.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, el secretario municipal y un promotor son investigados por la construcción de tres edificaciones sobre una antigua granja-escuela sin licencia y en suelo rústico.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL SE LES ACUSA DE DELITO URBANÍSTICO, PREVARICACIÓN, FALSEDAD DOCUMENTAL Y DESOBEDIENCIA

El cerco contra el urbanismo ilegal se salda con tres implicados en Coín

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, el secretario municipal y un promotor son investigados por la construcción de tres edificaciones sobre una antigua granja-escuela sin licencia y en suelo rústico

RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 12.03.2010 - 01:00

La lupa del urbanismo ilegal se centra ahora sobre Coín. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del municipio, Andrés Mérida (PA), el secretario municipal y un promotor están supuestamente implicados en un nuevo caso destapado por la Guardia Civil. Están acusados de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad documental y desobediencia. El motivo: la construcción supuestamente irregular de un alojamiento rural sobre una antigua granja-escuela sin la correspondiente licencia, sin un proyecto y sobre suelo rústico.

El juzgado de instrucción número 3 de Coín recibió el pasado martes las diligencias presentadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que inició la investigación hace más de un año. Según explicaron a este periódico fuentes judiciales, los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando el promotor implicado inició presuntamente unas obras sobre la antigua granja-escuela del municipio, ubicada en el paraje conocido como Cortijo Benítez y que llevaba en desuso casi veinte años. Al parecer, la Policía Local de Coín fue la primera en percatarse de la presunta irregularidad de esta obra en la que se aprovechó la existencia de tres naves localizadas en una parcela de algo más de mil metros cuadrados para levantar sobre ellas edificaciones hormigonadas y distribuidas por dentro en pequeños apartamentos, decorados con todo tipo de detalles de lujo como suelo de mármol e incluso un jacuzzi, además de una enorme piscina en el exterior.

Las mismas fuentes aseguraron que el concejal de Urbanismo fue presuntamente informado de la situación en ese momento, aunque al final la Policía Local no llegó a levantar acta de denuncia contra el promotor ni el Ayuntamiento inició un expediente sancionador ni de paralización de la obra. Hasta que el Seprona no se percató de la existencia de la obra y advirtió de la presunta irregularidad en mayo del año pasado, según fuentes judiciales, el Ayuntamiento de Coín no publicó un decreto para parar los trabajos.

Sin embargo, las obras continuaron a pesar de la denuncia de la Guardia Civil, que descubrió meses más tarde en una inspección rutinaria en helicóptero que los operarios seguían trabajando en la zona y que las distintas edificaciones estaban casi terminadas. La investigación que se inició entonces concluyó con que los servicios técnicos municipales no habían realizado ninguna inspección a la obra durante ese tiempo y que no había constancia escrita de que debía hacerse ese seguimiento por tratarse de una obra en suelo rústico que no contaba con licencia municipal ni con un proyecto previo que la avalara.

Las fuentes insistieron en que el Ayuntamiento de Coín no remitió hasta septiembre la documentación requerida por los agentes del Seprona sobre el desarrollo de esa edificación y que "en ese tiempo se intentó regularizar la situación". De hecho, a principios del pasado mes de octubre el equipo de gobierno del municipio, formado por el PSOE y el PA, aprobaron la admisión a trámite del proyecto de actuación sobre la antigua granja-escuela por su interés social.

Según las diligencias que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Coín, el promotor está acusado de los presuntos delitos de ordenación del territorio por construir sobre suelo rústico sin licencia y por desobediencia al no haber acatado la supuesta orden de paralización que emitió el Ayuntamiento de Coín el 14 de mayo de 2009. Al secretario municipal, en cambio, se le acusa de un presunto delito de falsedad documental, mientras que al concejal de Urbanismo se le imputa además un delito de prevaricación por omisión.

Sin embargo, el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del municipio, el andalucista Andrés Mérida, aseguró que ha actuado "desde la más estricta y absoluta legalidad" y confió "plenamente" en que las diligencias iniciadas por el juzgado sean archivadas. El alcalde del municipio, Gabriel Clavijo (PSOE), prefirió no pronunciarse de momento sobre el caso.

Los tres implicados, que declararon hace unas semanas ante la Guardia Civil como detenidos, quedaron en libertad a la espera de que comparezcan ante el juez que instruye el caso.