El pleno aprueba las correcciones impuestas por la Cotua y pide que se incluyan las urbanizaciones que quedaron en suspenso.
Ahora sí. Si no surgen contratiempos de última hora el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) camina con paso firme hacia su entrada en vigor; un hito que se producirá este mismo mes con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según las previsiones del Ayuntamiento, y que ayudará a la ciudad a pasar página de uno de los capítulos más negros de su historia reciente. El pleno municipal cubrió ayer el penúltimo trámite antes de que el nuevo planeamiento eche a andar. Y lo hizo casi tres años después de que pasara por primera vez el examen de los concejales y tras varios tira y afloja entre el Ayuntamiento y la Junta, que tuvo bajo su tutela las competencias urbanísticas en la primera fase de redacción del documento.
Con 25 votos a favor -los del PP y el PSOE- y dos en contra -los de IU y el edil no adscrito Juan Luis Mena- el pleno respaldó las correcciones al Plan impuestas por la Comisión de Ordenamiento del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) a final de enero, cuando aprobó definitivamente y casi sin fisuras el nuevo modelo de ciudad para la próxima década. «No ha sido un camino fácil por la herencia que arrastrábamos y porque era necesario recuperar la solvencia y la credibilidad en otras administraciones», destacó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en la sesión extraordinaria.
Informes sectoriales
De una parte, con el documento aprobado ayer se subsanan errores recogidos por distintos informes sectoriales y de adecuación del documento a la legislación urbanística. Más trascendencia tiene el segundo apartado: la petición a la Junta de que levante la suspensión del uno por ciento del PGOU que se quedó en el aire tras la Cotua y que afecta a siete parcelas; cuatro de ellas edificadas y en borde litoral y tres en las que había que delimitar el dominio público hidráulico, tal y como se ha hecho.
El problema de las construcciones a pie de playa -la urbanización de Los Magnolios (Jardines de La Costa), Vistamar (Alvarito Playa), Parque Arroyo de La Víbora y el uso comercial de uno de los establecimientos del Plaza del Mar- era más complejo. El Gobierno andaluz tuvo dudas en la recta final de la tramitación sobre si se daban las mismas circunstancias que en el edificio Banana Beach, la urbanización Río Real y un grupo de viviendas de La Víbora, que no podrán acogerse a la regularización al estar en suelo de sistemas generales y en el borde litoral.
Tal y como adelantó el pasado jueves este periódico, el criterio del equipo de gobierno, avalado por los informes técnicos y jurídicos, es que no. «Hemos podido demostrar que la propuesta de ordenación es congruente y que se respeta la reserva de los cien metros del suelo en el deslinde existente», señaló el concejal, que insistió en que la subsanación de los errores ha sido consensuada previamente con la Junta de Andalucía. Tras el visto bueno del pleno, sólo quedaría por tanto que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio levante la suspensión para que se queden como estaban, esto es, legalizadas.
Un marco legal
Junto con el concejal de Urbanismo, tomaron la palabra el resto de portavoces de los grupos políticos, que más que entrar a valorar las correcciones volvieron a fijar su postura sobre todo el PGOU, conscientes de que era el pleno de despedida el documento, al menos en su conjunto, que seguirá su camino en los despachos. La portavoz del grupo municipal socialista, Susana Radío, destacó el papel de la Junta en este largo proceso: «Se ha volcado con Marbella para que cuente con un marco legal que permita el desarrollo de una ciudad sostenible, de futuro, con las máximas garantías y que mejore la calidad de vida». No todo fueron parabienes. Aunque destacó que el Plan General es una apuesta por la ciudad y por la creación de empleo, advirtió de que vigilarán «todas y cada una» de las determinaciones, especialmente las cesiones de suelo.
Quienes se emplearon con dureza fueron los concejales de IULV-CA, Enrique Monterroso, y el edil no adscrito, Juan Luis Mena. El primero arremetió duramente contra el planeamiento que está a punto de entrar en vigor, que tildó de «insostenible». «Parece pensado y consensuado de forma definitiva a tres bandas: el gobierno regional del PSOE, el gobierno local del PP y una parte de la 'jet' inmobiliaria, que intenta salvar su botín», argumentó el edil de la coalición de izquierdas.
Por su parte, Juan Luis Mena, se valió de las alegaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para intentar desmontar el modelo de ciudad diseñado por la Junta y el Ayuntamiento. «Convertirá más si cabe a San Pedro Alcántara en una ciudad dormitorio y un suburbio», dijo, al tiempo que censuró la falta de participación ciudadana en la elaboración del PGOU.
«Pedimos que se levante la suspensión porque la propuesta del PGOU es congruente»
«El Plan General es una apuesta de futuro, por la ciudad y por la creación de empleo»
«Parece consensuado por PSOE, PP y parte de la 'jet' inmobiliaria que intenta salvar su botín»
«El documento convierte más si cabe a San Pedro en ciudad dormitorio y en un suburbio»
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