JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para un promotor y dos constructores que trataron presuntamente de hacer un calado para que el río Guadalhorce tuviera una nueva bocana y salida permanente al mar. Los tres acusados carecían de la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos que llevaron a cabo en un suelo clasificado de dominio público marítimo terrestre.
Además del periodo de privación de libertad, el fiscal exige para ellos tres multas de 20 meses a razón de 15 euros diarios y la inhabilitación especial para realizar obras, edificaciones y construcciones durante el plazo de dos años y medio, amén del abono de las costas procesales.
Según consta en la calificación provisional de la Fiscalía de Medio Ambiente, J. M. C. F., como presidente y representante del Club Náutico Guadalmar, actuando como promotor, contrató los servicios profesionales de los también acusados y constructores P. M. R. R. y A. J. R. R. En el contrato que efectuaron, fechado el 11 de agosto de 2008, se fijó el siguiente objeto: "Movimientos de tierra y excavaciones". En el documento, indica el acusador público, se hacía constar expresamente que "el primer acusado-promotor gozaba de autorización para el saneamiento de la desembocadura del río Guadalhorce".
Así, "procedieron a la realización de obras consistentes en la continuación de la construcción de una escollera sobre los restos de un antiguo espigón, próximo al nuevo espigón afectado con motivo del proyecto de actuación del curso bajo del río Guadalhorce, en el brazo derecho del mismo". Esta construcción tenía como objetivo "hacer un calado para que el Guadalhorce tuviera una nueva bocana y salida permanente al mar". Los acusados realizaron, explica el fiscal, "la conducta descrita careciendo de licencia". Así, lo hicieron "de común acuerdo y siendo sabedores de las circunstancias y de las consecuencias que su acción generaría".
Para ello, se ampararon en una concesión de la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Este permiso, fechado el 23 de julio de 2008, autorizaba al promotor y a los constructores a retirar residuos sólidos (latas, plásticos y botellas). Eso sí, prohibía "expresamente la extracción de áridos o cualquier otra clase de obra, así como el clasificado o depósito de acopios dentro del cauce y su normal desagüe".
La realidad de lo construido fue comprobada por la Guardia Civil el 12 de septiembre de 2008. Éstos observaron que en el margen derecho de la desembocadura del Guadalhorce y en la playa de Guadalmar había una excavadora y una retroexcavadora "que estaban realizando un gran movimiento de tierras y áridos y efectuaban acopios de los mismos". También pudieron determinar que los acusados estaban construyendo "una escollera con piedras de una altura de dos metros como continuación de otra ya existente en el mar". Agentes de Medio Ambiente pudieron comprobar lo mismo que los miembros del Instituto Armado el 10 de septiembre de 2008. Las obras, indica el fiscal, "han sido realizadas en suelo clasificado de dominio público marítimo terrestre y, por tanto, no son legalizables".
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