La Fiscalía lo acusa junto a otros nueve concejales de aprobar cinco licencias para casas en el campo con informes desfavorables
25.05.2010 -
El ex alcalde socialista de Torrox y ahora concejal en la oposición, Francisco Muñoz, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de cárcel y 25 años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, por autorizar supuestamente la construcción de cinco viviendas en suelos no urbanizables.
El escrito de petición del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, también pide la apertura de juicio oral, por la vía penal, para los otros nueve concejales que respaldaron en pleno estos proyectos de actuación para casas en el campo, en distintas zonas del término municipal de Torrox. Así, para María Estrella Tomé -ahora concejala del PSOE en la oposición y parlamentaria andaluza por Málaga-, Luis Miguel Palma y Francisco Olalla -ambos ex concejales del PSOE-, Manuel Guerra, Purificación Guerra y Rocío Ariza -los tres concejales actuales del PSOE en la oposición-, Manuel Martín -concejal del PP en el actual equipo de gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU, PP), y Francisco A. Castro y José Cortés -ambos ex ediles del PA-, solicita el Fiscal la misma pena que para el ex regidor municipal, esto es, cuatro años y medio de prisión, 25 años de inhabilitación y una multa de 6.750 euros.
Constructores imputados
En la causa abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, tras la querella presentada en 2006 por los grupos municipales de IU y PIU, entonces en la oposición, también están imputados tres promotores locales, dos hermanos, que responden a las iniciales M. C. y A. C., y V. J., para los que la Fiscalía solicita seis meses de prisión y y tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, así como una multa de 6.750 euros.
Asimismo, el Ministerio Público propone al juzgado decretar la nulidad de las cinco licencias de obras -que fueron concedidas amparándose el Ayuntamiento torroxeño en el «silencio administrativo» de la Junta, entre los años 2005 y 2006-, «así como a la demolición de todas las obras ilegalmente construidas», correspondiendo a los autores de los delitos contra la ordenación del territorio su asunción solidaria.
En sus conclusiones, la Fiscalía entiende que en el pleno celebrado el 7 de julio de 2005, el alcalde y los otros ocho concejales (uno de ellos J. Cortés, del PA, se ausentó, al igual que la entonces edil del PP Nieves Mira), «decidieron aprobar los cinco proyectos de actuación, a pesar de que en los expedientes tramitados constaban dictámenes de la Comisión Provincial de Urbanismo, así como un informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento, contrarios a dicha aprobación, lo que además fue resaltado por algunos de los otros concejales asistentes, que llegaron incluso a explicar su voto en contra a fin de no incurrir en un delito de prevaricación», según recoge el escrito del Ministerio Público.
Las cinco viviendas autorizadas, varias de las cuales tienen piscina, garaje, terraza y hasta dos plantas, están levantadas en diversos pagos del término municipal torroxeño.
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