El empresario aseguró ante la Policía y el juez que el ex edil Manuel Reina y la mujer del ex alcalde de Estepona le pidieron rebajas por varios pisos porque de lo contrario tendría dificultades con los permisos
ENCARNA JEREZ / ESTEPONA | ACTUALIZADO 27.05.2010 - 01:00
Pisos a mitad de precio o incluso regalados. Eso es lo que un concejal del Ayuntamiento de Estepona, técnicos municipales e incluso familiares de miembros cercanos a la corporación local exigieron a un promotor bajo la amenaza de dificultar la concesión de la licencia de primera ocupación de sus viviendas.
Así se desprende del tomo 20 del sumario del caso Astapa que investiga la presunta trama de corrupción municipal y cuyo secreto fue levantado ayer por el titular del juzgado número 1 de Estepona, Jesús Torres.
Según la declaración prestada por el empresario, tanto en comisaría como en el juzgado, el ex concejal de Hacienda, Manuel Reina, en libertad bajo fianza de 150.000 euros, se interesó por varios pisos y locales y aseguró que pagaría "en billetes grandes si le hacía un descuento de más del 50%". Ante la negativa del promotor, éste asegura que el edil le señaló que "ya se verían a la hora de ser concedida la licencia de primera ocupación" e incluso señala que Reina le advirtió de que "como se iba a reunir con un alto cargo de la Seguridad Social le recomendaría que no comprara dichos locales", en los que estaría interesado el citado organismo.
Algo similar asegura este empresario que le pasó con la mujer del ex alcalde Antonio Barrientos. Según recoge el sumario, ésta también le pidió una rebaja de la mitad indicándole que "iban a ser para el alcalde" a lo que añadió que "al ser un constructor nuevo en Estepona debía llevarse bien con la corporación local". Al rehusar el empresario, la mujer le amenazó "con que si no aceptaba esa oferta, si ella quería, no le darían las licencias que solicitara".
Al margen de los políticos y de su entorno, el empresario también señaló en su declaración que, a través del arquitecto de la promoción, le dijeron que "le daban la licencia si aceptaba el compensar con dos pisos. Que uno era para José Flores", ex jefe del gabinete de alcaldía en libertad bajo fianza por el caso Astapa, "y el otro cree que para Juan Manuel Ramos", que era gerente de Urbanismo y que está imputado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
De Flores también dice el empresario que le pidió una aportación en metálico para la campaña electoral, fondos que tampoco cedió por lo que a partir de ahí "estaban dolidos por no haber entregado el dinero", según el promotor, quien también denunció que en el Ayuntamiento continúan trabajando los mismos técnicos a los que acusa directamente de haberle asegurado que retendrán su licencia de primera ocupación mientras sigan en el Consistorio. A día de hoy, la promoción ya dispone de la licencia.
El empresario aseguró en sede judicial que conseguir la licencia de obras le costó un año a lo que añadió que conoce "gente que la consiguió en dos días" por lo que subrayó que "no todos juegan con las mismas cartas. Hay gente que juega con las cartas marcadas".
Aparte de pisos, en el tomo 20 del sumario del caso Astapa también se recoge cómo empresarios tuvieron que pagar facturas de luz de la residencia de ancianos, festivales de jazz y cine y congresos internacionales. Concretamente, coincidiendo con la concesión de la licencia de primera ocupación de una promoción, el dueño de los inmuebles abonó una factura de 47.600 euros del geriátrico Virgen del Carmen, mientras que otro empresario colaboró con 40.000 euros en la financiación de un festival de jazz bajo la promesa realizada por el ex jefe de gabinete de alcaldía de que se acelerarían "los trámites de concesión de la citada licencia". Dicho y hecho. Según el sumario el empresario accedió y a los tres días de realizar la transferencia se le concedió la licencia que tenía fecha anterior, según el sumario, por lo que se baraja la posibilidad de que "podría haber sido retenida adrede con el fin de conseguir el patrocinio por parte de las empresas interesadas".
Como muestra de la envergadura de la operación realizada sobre la gestión del Ayuntamiento de Estepona, cabe destacar cómo desde que se iniciaron las pesquisas hasta principios de 2008 se analizó la información tributaria de unas 400 personas físicas y jurídicas, y se procedió observar más de 170.000 comunicaciones telefónicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario