El Ministerio Público reduce de siete a cuatro años su petición de pena por estafa porque parte de los afectados han sido indemnizados
23.06.2010 -
Un momento del juicio contra los dueños de Aifos acusados de estafa. :: ÁLVARO CABRERA
«Esto es un escándalo». El fiscal no ahorró ayer calificativos para describir la conducta de los dueños de la promotora Aifos acusados de estafar a una treintena de compradores de viviendas, aunque, sin embargo, rebajó la petición de pena de siete a cuatro años al aceptar la atenuante de reparación del daño, dado que parte de los afectados han sido indemnizados.
«Ustedes vendieron humo y paja en lugar de viviendas a personas honradas que le entregaban los ahorros de su vida de buena fe», afirmó el representante del Ministerio Público en su informe al final de la vista oral en la que han sido enjuiciados los dueños de la constructora, el matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y María Teresa Maldonado.
Sobre las indemnizaciones, el fiscal dijo que llegaron después de estar durante mucho tiempo «dando largas» a los compradores y con la «proposición deshonesta» de que «coja usted el dinero, pero retire la denuncia».
Pese a ello, agregó que «el delito no se apaga», porque a los compradores «se les dijo que se les vendía una cosa cierta, pero lo que hicieron eran ventas de cosas futuras. Compraron viviendas que nunca existieron. Hubo engaño, una estafa en unas viviendas de primera necesidad para una minusválida y un niño enfermo», recordó el fiscal en relación a la situación personal de alguno de los compradores afectados.
«Me da igual que se consignaran las cantidades en el juzgado porque desde el principio se estaba engañando a las personas de forma miserable. Los juzgados están llenos de reclamaciones de perjudicados», apostilló.
Solvencia y honradez
Se refirió también el representante del Ministerio Público a la solvencia de la que se jactaba el grupo promotor en su actividad. Así sentenció: «La solvencia de la empresa está en la honradez y en el buen comportamiento y no en vender humo y paja». En ese sentido recordó que Aifos fue declarada en el año 2009 en concurso de acreedores.
Los abogados de las cuatro acusaciones particulares que representan a los compradores afectados se emplearon también con dureza en sus informes finales. Así, la letrada Elena Narváez aseguró que durante tres años, de 2003 a 2005, Aifos desarrolló una política comercial que afectó a cerca de setecientos compradores por los incumplimientos de la constructora y «eso no es una casualidad, sino consecuencia de un medio ilícito de financiación sostenida en el engaño». Además, recordó que en su declaración el administrador concursal de Aifos afirmó que el dinero aportado por los clientes no iba a las promociones sino a la caja común de la empresa.
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