El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, ha acusado al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, de invadir competencias que no le corresponden y de confundir a los vecinos afectados, al haber elaborado un documento para el deslinde de las viviendas de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña, que se encuentran en dominio marítimo-terrestre, ya que se trata de una tarea de la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central.
Después de que el equipo de gobierno del PP aprobara en el pleno del pasado jueves, con la abstención de PSOE e IU, una moción dando el visto bueno al documento de trabajo elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para el deslinde de estas viviendas y su consiguiente legalización, López Luna ha calificado de "manipulación política" la postura de De la Torre, teniendo en cuenta que variar el actual límite "es un proceso técnico y jurídico prolijo", para el que "la Administración tiene, según la ley, dos años".
Sin embargo, ha resaltado a los periodistas, "el Ayuntamiento, no sé cómo, ya ha dicho que el deslinde pasa por tal línea, por lo que invade competencias y da lugar a confusión entre los propietarios porque es adelantar acontecimientos".
Asimismo, ha informado de que envió una carta al regidor malagueño antes del último pleno, pidiéndole que, por "la lealtad institucional de la que tanto aboga el alcalde", no tramitara ese documento al entrometerse en las competencias de Costas, que trabaja en la variación del actual límite de la zona marítimo-terrestre, que discurre desde los años 60 por la avenida de Salvador Allende y deja a las casas en suelo público.
López Luna se ha comprometido con los vecinos en varias ocasiones a que ese deslinde cambie, de modo que las viviendas puedan ser escrituradas, rechazando, de hecho, que el Gobierno tenga la intención de eliminarlas.
En el pleno municipal del pasado jueves los grupos de la oposición, PSOE e IU, criticaron al equipo de gobierno, primero, por no haberles facilitado este documento, de 1.600 folios, y, segundo, por elaborarlo cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es la administración competente en esta materia.
Ante estas críticas, tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, han declarado que este documento respondía a una petición que se hizo al Ayuntamiento en una reunión mantenida con los vecinos, la Subdelegación del Gobierno, Demarcación de Costas y la Junta, por lo que han asegurado que era fruto de "la lealtad institucional".
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