PSOE y PP mantienen su defensa de los compradores de buena fe pero no aclaran la fórmula para eximirles de las cargas
10.07.10 - 02:01 -
CRISTINA GONZÁLEZ cgonzalez@diariosur.es | MARBELLA.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya está aprobado, sí, pero parece que después de años de atascos burocráticos lo peor está por llegar. Este documento, con rango de ley, recoge un entramado de compensaciones que las 16.500 viviendas ilegales que dejó el GIL tendrán que poner a disposición de la ciudad para regularizarse definitivamente. Sobre el papel queda claro, o casi. Otra cosa es cómo se vaya a llevar a la práctica.
Las aguas bajan revueltas desde hace algunos días por las lagunas que podría tener el planeamiento, según denuncian algunos abogados expertos en urbanismo, y que dejarían indefensos a los actuales inquilinos de los pisos y ante la obligación de pagar las cargas si los promotores están desaparecidos. El desconcierto es tal que el propio equipo de gobierno del PP anunciaba esta semana que llevara a pleno una moción para reafirmar su compromiso de que se exigirán estos pagos a los promotores y constructores y que se eximirá a los compradores de buena fe. El objetivo: Lanzar un mensaje de tranquilidad para el que pide el apoyo de los grupos de la oposición. El PSOE, de momento, ya ha anunciado que condicionará su voto a la letra pequeña que incluyan en la moción.
«¿Qué sentido tiene llevar ahora esa moción a pleno si se suponía que era así desde el principio? Lo que entendemos es que nos han estado engañando y que nos quieren volver a engañar», afirmó ayer José Bernal, secretario general de los socialistas de Marbella que, pese a no haber sido elegido oficialmente como candidato, se animó a comprometerse a que ningún comprador de buena fe pague un euro en compensaciones «si dentro de un año soy alcalde».
Con esta puesta en escena y los vecinos en medio de la contienda, se anticipa una precampaña con el urbanismo de nuevo en el punto de mira. PP y PSOE -ambos aprobaron en pleno el PGOU- se atribuyen mutuamente la defensa de los terceros de buena fe pero no terminan de aclarar la fórmula para eximirles de las cargas. «En Urbanismo hay una enorme desorganización y a día de hoy no saben qué hacer», se lamentó Isabel Pérez, arquitecta y experta en urbanismo que acompañó en la rueda de prensa al líder del PSOE de Marbella. Ambos aludieron a las recientes reuniones del equipo de gobierno con los vecinos y aseguraron que no han descartado que sean los propietarios los que deban pagar y que en algunos casos incluso se les ha trasladado el coste. «Ha sucedido con representantes de comunidades de San Pedro y en Bello Horizonte», dijo Bernal. Subrayó que, en este último caso, el coste por vecino sería de entre 7.000 y 20.000 euros si el promotor no lo asume. De momento, una campaña para informar a los vecinos será su jugada en este asunto.
El PP, al contraataque
El equipo de gobierno no se quedó de brazos cruzados ante estas críticas. Su portavoz, Félix Romero, reiteró que la postura del PP ha sido «de defensa férrea de los compradores de buena fe desde el primer instante» e instó al PSOE a que «deje de inquietar a los vecinos y utilizarlos con fines partidistas». «Como saben todos los ciudadanos, la postura del PSOE fue la de exigir la demolición de 5.000 viviendas, llegando incluso a solicitar que las cargas económicas de las compensaciones recayesen sobre los vecinos», por lo que tachó de «desvergüenza» que quieran abanderar ahora su defensa.
Lo único que queda claro a día de hoy es que los promotores tienen un año para abonar las cargas de manera voluntaria. Pasado ese tiempo, el Ayuntamiento podrá ir contra ellos. ¿Y si no están? He aquí el problema. El Ayuntamiento apuntó a la responsabilidad de las administraciones, incluida la Junta, y a la posibilidad de que ellas asuman el coste de las compensaciones que resten. El PSOE, al Consistorio. Otro paso más dentro de este nuevo laberinto urbanístico.
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