Los municipios pierden en tres años hasta el 80% de los ingresos urbanísticos (Málaga Hoy)

El 'boom' del ladrillo engordó los ayuntamientos, pero ahora su declive se suma al retroceso de las transferencias del Estado y a la mayor demanda de gasto social

ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 12.09.2010 - 01:00

Ana Mula.

"Este año el Ayuntamiento habrá expedido dos o tres licencias de obra mayor y cuando digo obra mayor me refiero a una casa, no mucho más", concluye la concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde de Fuengirola, Ana Mula (PP), al explicar cuál es el panorama de la actividad inmobiliaria en el municipio. Y Fuengirola no es una excepción, sino un ejemplo prototípico de lo que ocurre en estos momentos en el conjunto del litoral malagueño. La actividad inmobiliaria lleva tres años con el contador a cero y durante este periodo los ayuntamientos han visto cómo los ingresos urbanísticos han caído entre el 50 y 80%.

2007 se puede considerar el último antes de que la crisis eclosionara en la contabilidad local. La actividad había empezado a derrumbarse en el último trimestre pero todavía las cuentas salieron aquel año rumbosas. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga recaudó en 2007 en concepto de licencias de obra 10,8 millones, cifra que en 2009 cayó hasta los 4,8, un 55% menos, mientras que en el primer semestre de este ejercicio ha ingresado por este concepto 1,1 millones.

En este periodo Mijas ha registrado un descenso de los ingresos por licencias del 85%, al pasar de 3,1 millones a 461.000 euros, Alhaurín de la Torre recaudó el año pasado 385.000 euros, un 80% menos, Benalmádena con 948.000 euros ha retrocedido un 73%, un porcentaje similar al de Vélez (295.000 euros el ejercicio pasado), Estepona ha registrado una caída del 66% (3,6 millones) y Fuengirola del 52% (849.000 euros).

El segundo termómetro para medir la repercusión de la actividad urbanística en las arcas municipales es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Este concepto le reportó en 2007 al Ayuntamiento de Málaga 27 millones de euros, mientras, Mijas ingresó 3,5 millones, Alhaurín de la Torre y Benalmádena 2 millones, Vélez 3,5, Estepona 3,1 y Fuengirola 1,6.

El año pasado, el último cerrado en plena crisis, los 27 millones ingresados por ICIO Málaga en 2007 se convirtieron en 12,8 (un 52% menos), Mijas experimentó un recorte del 79%, Alhaurín de la Torre del 80%, Benalmádena del 54%, el ICIO en Vélez retrocedió un 75%, en Nerja el 52%, Estepona recaudó por este concepto un 54% menos y Fuengirola sufrió un recorte del un 52%.

El ladrillo es parte del pecado y de la penitencia que sufren los ayuntamientos. Durante el auge inmobiliario los municipios se agarraron a la buena marcha de los ingresos ordinarios vinculados a esta actividad (ICIO, licencias y plusvalías) y a los extraordinarios (convenios y venta de suelo) para financiar inversiones y aumentar sus gastos corrientes.

Por ejemplo, en 2007 los 14 municipios más grandes de la provincia tenían en nómina tanto directamente como a través de empresas públicas a 18.000 personas, cuyos salarios se elevaban a 700 millones de euros al año. Ya entonces la sobrecarga de personal generaba tensiones de caja que se resolvían con frecuentes operaciones de tesorería. Ahora, la luz roja es permanente porque no sólo han disminuido los ingresos relacionados con el urbanismo, sino que además, los fondos procedentes del Estado han sufrido una considerable merma: los 8.100 ayuntamientos españoles recibirán el próximo año del Gobierno central en concepto de transferencias 14.000 millones, una cifra que se retrotrae a 2006.

Además, el ritmo de recaudación de los demás impuestos también se ha visto alterado precisamente a consecuencia de la crisis. Aunque el propietario de una casa o de un coche paga si acaso ahora más que hace tres años, lo cierto es que la crisis y el desempleo conduce a las familias a apurar los periodos de pago y entonces sobreviene otro grave contratiempo para las arcas locales: la falta de liquidez. "El ritmo de los ingresos no se acomoda al de los gastos", dice el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vélez, Fermín Domínguez.

A partir de ahí se desata otro fenómeno: los retrasos en los pagos. La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) pidió a comienzos de este año a los ayuntamientos de la provincia que no licitaran obra sin tener disponibles los recursos para pagarla. En ese momento la deuda global se elevaba a 100 millones de euros y los periodos de pago sobrepasaban en algunos casos los 12 meses.

"Los ayuntamientos tenemos muchos servicios contractuales, con un calendario de pago cerrado con las empresas. Sin embargo, los contribuyentes, empujados por las dificultades, cada vez fraccionan más los pagos y, por tanto, cobramos más tarde", precisa Fermín Domínguez. La tesorería, en esas circunstancias, salta por los aires y llega el momento de acudir al banco. El Ayuntamiento de Vélez ha cerrado este año operaciones de tesorería de estas características por valor de 5 millones. "Nosotros no hemos agotado y, dentro del plan de estabilidad, tenemos margen, pero el problema es que los bancos ahora tampoco tienen liquidez".

Y mientras los vecinos siguen llamando a la puerta de los alcaldes: "Cuando una familia tiene un problema no va ni a la Junta de Andalucía ni al Gobierno central, acude a su ayuntamiento que es su administración más próxima", explica la concejala de Fuengirola, Ana Mula.

Por eso mientras los recursos caen, la demanda de gasto social aumenta. "Tenemos que decodificar lo que es una crisis económica y saber qué es lo primordial", apunta el concejal Fermín Domínguez de Vélez-Málaga, "porque habrá que mantener y hasta aumentar los gastos sociales para dar respuesta a esas familias que lo están pasando mal en detrimento de otros servicios, además de atajar los gastos superfluos o suntuarios".