La asociación de propietarios de los suelos de la zona de El Cañaveral, al sur de Puerto de la Torre en Málaga capital, donde se está construyendo una nueva barriada, prevé aprobar en asamblea general este miércoles la reparcelación forzosa para tres empresas que no han abonado todos los gastos de urbanización. Será la primera vez que se aplique esta medida, contemplada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La LOUA permite aplicar la denominada 'reparcelación forzosa' en los casos de promotoras de un nuevo sector residencial que no cumplan con los pagos que les corresponden para hacer frente a la urbanización, siendo la mejor fórmula, por tanto, para dar salida a la situación de la zona de El Cañaveral, según la valoración del propio Ayuntamiento de Málaga. De esta manera, esos propietarios pierden sus parcelas para que el resto pueda hacer frente con su venta a lo que adeudan.
En concreto, son tres las empresas deudoras: el grupo Prasa, Costamainake y Setball Tennis, que en total adeudan unos tres millones de euros por los costes de urbanización, según ha explicado a Europa Press Nicolás Vignote, administrador único de Mundiseis, la empresa que ostenta la presidencia de la junta de compensación.
Según esta reparcelación, las parcelas de cada uno de los propietarios morosos se dividirán en dos partes: una se adjudicará libre de cargas y gravámenes a la junta de compensación o asociación de propietarios para su posterior venta, mientras que la otra permanecerá en manos de los dueños que adeudan, pero concentrando todas las cargas urbanísticas, según Vignote.
Tras su aprobación en la asamblea general de la junta de compensación, se notificará la decisión a cada una de las sociedades deudoras y a las entidades financieras con las que mantienen hipotecas, dándoles un tiempo para que aleguen. Posteriormente, se enviará el expediente a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que "tiene que aprobarlo en un plazo máximo de dos meses".
Finalmente, estas cuatro parcelas, que representan unos 12.000 metros cuadrados de edificabilidad -el 30 por ciento del total-, se inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre de la junta de compensación, lo que estiman que pueda producirse en un tiempo máximo de tres meses.
Una vez llegados a este punto, las parcelas se sacarán a subasta a "buen precio": unos 200 o 220 euros el metro cuadrado de repercusión, cuando los propietarios adquirieron algunos de estos suelos hasta por 1.100 euros el metro cuadrado, tal y como ha resaltado Vignote. "La junta de compensación necesita dinero para seguir atendiendo los pagos de la urbanización y de otros servicios como es el suministro eléctrico", ha apuntado.
La deuda de estas tres promotoras se acumula desde hace unos dos años, lo que ha supuesto "un perjuicio muy importante a la junta de compensación -compuesta por una veintena de propietarios-, cuyos miembros han tenido, incluso, que adelantar cuotas para hacer frente a ese incumplimiento".
El representante de la junta de propietarios ha señalado que el argumento de que la crisis les impide hacer frente a los pagos de la urbanización, como alegó ante el Ayuntamiento el grupo Prasa, "no es excusa porque la situación económica afecta a todos por igual"; de hecho, su alegación no fue aceptada por el Consistorio.
Las obras de urbanización de esta nueva barriada, donde se prevén unas 2.000 viviendas, "están prácticamente terminadas, quedando pendientes pequeños remates". Hasta el momento han gastado unos 17 millones de euros y, en total, estiman que la inversión rondará los 25 millones, teniendo en cuenta también las cargas externas que han de asumir.
Por último, Vignote ha indicado que la junta de compensación recurrió a los tribunales ante las deudas que mantenían estas promotoras y, aunque hay sentencias que las condenan a pagar, "desgraciadamente, en la práctica no se resuelve el problema porque no conseguimos que nos paguen". Por ello, por el momento, han dejado paralizada la vía judicial, a la espera que la reparcelación forzosa sea una fórmula "más ágil".
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