La obra ilegal levantada por el concesionario de la piscina de Campanillas sigue en pie más de un año después de que fuese multado
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.11.2010 - 01:00
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz Guirado, aparece en la sala de prensa de la Casa Consistorial mostrando con evidente orgullo una carta de pago en la que se informa de la sanción de 251.000 euros impuesta a un empresario de Campanillas por haber construido sin licencia varias edificaciones. Más allá de la acción irregular, llama la atención que la misma tiene lugar en un espacio municipal, dado que el promotor de estas obras es la persona a la que el equipo de gobierno del PP adjudicó la concesión de la piscina del distrito, parcela sobre la que levantó un edificio destinado a restaurante y otro para gimnasio sin disponer de autorización para ello. Algo más de un año después, lo ejecutado sigue en pie y, que se sepa, la sanción sigue sin abonarse.
Y ello a pesar de que el propio responsable de la irregularidad mostró su disposición hace algunos meses a actuar de manera voluntaria para demoler aquello que determinase la Gerencia de Urbanismo. Sin embargo, a día de hoy sigue sin adoptarse una determinación, una situación que, por lo que parece, no agrada a algunos en el seno del Consistorio. Entre otros al propio concejal de Campanillas, José Hazañas.
"Le he mandado un fax a José Cardador para que culmine la cuestión", admite el edil del PP, a quien sorprende que se haya dilatado tanto en el calendario. "A ver si antes de finales de años se soluciona este tema", dice, algo en lo que coincide, por ejemplo, la jefa de Disciplina Urbanística de la Gerencia, Teresa Domingo. La responsable municipal explica que hasta el momento no se ha podido adoptar una medida puesto que su departamento está a la espera de un informe por parte de Patrimonio. En el mismo deberá concretarse aquella parte de lo ejecutado es susceptible de ser normalizado y aquello que habrá, obligatoriamente, de ser demolido. "No se ha resuelto aún porque el empresario presentó en su día una alegación con un plano topográfico y se tuvo que hacer la comprobación", explica, un trámite que debe concluir con el mencionado informe de Patrimonio, "que sigue sin llegar". Sea como fuere, la realidad es que la actuación se alarga en demasía en el tiempo, de lo que la propia técnico municipal no responsabiliza directamente al promotor. "La idea era haber demolido en diciembre del año pasado", admite, al tiempo que confía en que todo se solvente antes de fin de año.
La dilación que acumula este expediente sorprende aún más si se tiene en cuenta que el origen del mismo data de 2004, cuando se detectaron las primeras anomalías. Mucho más próximo en el calendario está la resolución adoptada el pasado mes de agosto por Urbanismo en la que se le daba de plazo un mes al empresario para acometer los trabajos de demolición. "En esa resolución se le dice qué tiene que demoler y aquello que puede legalizar", expuso en ese momento Domingo, quien llegó a señalar como normalizable la cubrición de la piscina, la zona de vestuarios y aseos y otra parte de la edificación. Quedaría fuera de este escenario alrededor de 350 metros cuadrados de lo construido.
El primero que denunció estos hechos fue el concejal Antonio Serrano, quien en noviembre del año pasado informó de la sanción impuesta al promotor y recordó que el citado expediente fue iniciado seis años atrás. En el mencionado informe, se precisaba que en la parcela de la piscina se había levantado "un edificio destinado a restaurante y actividades complementarias, de 400 metros cuadrados; así como edificio para gimnasio y parque infantil, de 450 metros, todo ello careciendo de la previa y preceptiva licencia". Al tiempo, precisa, que la sanción no conlleva la legalización de estas actuaciones.
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