La constructora Prasa y otras dos firmas adeudan 3 millones de euros en costes de urbanización.
EUROPA PRESS. MÁLAGA La asociación de propietarios de los suelos de la zona de El Cañaveral, al sur de Puerto de la Torre, en Málaga capital, donde se está construyendo una nueva barriada, prevé aprobar en asamblea general este miércoles la reparcelación forzosa para tres empresas que no han abonado todos los gastos de urbanización. Será la primera vez que se aplique esta medida, contemplada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La LOUA permite aplicar la denominada reparcelación forzosa en los casos de promotoras de un nuevo sector residencial que no cumplan con los pagos que les corresponden para hacer frente a la urbanización, siendo la mejor fórmula, por tanto, para dar salida a la situación de la zona de El Cañaveral, según la valoración del propio Ayuntamiento de Málaga. De esta manera, esos propietarios pierden sus parcelas para que el resto pueda hacer frente con su venta a lo que adeudan.
Reparto y subasta
En concreto, son tres las empresas deudoras: el grupo Prasa, Costamainake y Setball Tennis, que en total adeudan unos tres millones de euros por los costes de urbanización, según explicó Nicolás Vignote, administrador único de Mundiseis, la empresa que ostenta la presidencia de la junta de compensación.
Según esta reparcelación, las parcelas de cada uno de los propietarios morosos se dividirán en dos partes: una se adjudicará libre de cargas y gravámenes a la junta de compensación o asociación de propietarios para su posterior venta, mientras que la otra permanecerá en manos de los dueños que adeudan, pero concentrando todas las cargas urbanísticas, según Vignote.
Tras su aprobación en la asamblea general de la junta de compensación, se notificará la decisión a cada una de las sociedades deudoras y a las entidades financieras con las que mantienen hipotecas, dándoles un tiempo para que aleguen. Posteriormente, se enviará el expediente a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que «tiene que aprobarlo en un plazo máximo de dos meses».
Finalmente, estas cuatro parcelas, que representan unos 12.000 metros cuadrados de edificabilidad –el 30% del total–, se inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre de la junta de compensación, lo que estiman que pueda producirse en un tiempo máximo de tres meses.
Una vez llegados a este punto, las parcelas se sacarán a subasta a «buen precio»: unos 200 o 220 euros el metro cuadrado de repercusión, cuando los propietarios adquirieron algunos de estos suelos hasta por 1.100 euros el metro cuadrado, tal y como ha resaltado Vignote. «La junta de compensación necesita dinero para seguir atendiendo los pagos de la urbanización y de otros servicios como es el suministro eléctrico», apuntó.
La deuda de estas tres promotoras se acumula desde hace unos dos años, lo que ha supuesto «un perjuicio muy importante a la junta de compensación –compuesta por una veintena de propietarios–, cuyos miembros han tenido, incluso, que adelantar cuotas para hacer frente a ese incumplimiento».
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