Insiste en señalar que la obligación de las promotoras es pagar lo que se acordó.
Subir, subirá, pero nadie sabe exactamente cuánto. Ni si quiera el equipo de gobierno del PP, que ayer volvió a negarse a precisar en qué medida se incrementará en 2012 el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) después de que en 2009, 2010 y 2011 haya optado por no aplicar al mismo la revisión del Catastro, que, de facto, supondrá duplicar la cuantía que a día de hoy abonan los vecinos de la capital.
La norma obliga a los ayuntamientos a aplicar la variación de los valores catastrales en diez años, al objeto de ir subiendo la factura del orden de un 10% al año. Sin embargo, la decisión del Ayuntamiento de congelar el IBI tres años seguidos (coincidiendo con la época preelectoral), dadas las dificultades económicas actuales, exigirá que esa actualización se haga en los próximos siete años, entre 2012 y 2018, y que sea el equipo de gobierno que salga de las urnas el próximo mes de mayo el que tenga que adoptar esta determinación.
La cuestión que ayer no resolvió ninguno de los responsables municipales a los que se preguntó, ni el alcalde, Francisco de la Torre, ni la concejal de Economía, Carolina España, es en cuánto se concretará esta subida. El regidor sí puntualizó que se buscará que la misma "sea lo más suave posible" y señaló que si bien habrá de subir el recibo, el Consistorio podrá maniobrar rebajando el tipo impositivo, actualmente en el 0,6 y que, legalmente, puede bajarse hasta el 0,4. "¿Y si fuese éste el caso? Cuál sería la cuantía?" se le insistió, a lo que contestaron: "Aún es pronto para saberlo; aún no tenemos el escenario fiscal o de la participación en los ingresos del Estado".
Las explicaciones aportadas tuvieron lugar en el mismo acto en el que el Ayuntamiento informó sobre las bonificaciones en el pago del IBI otorgadas a lo largo del pasado año a diversos colectivos y en el que tanto España como De la Torre hicieron hincapié en el esfuerzo realizado desde 2009 en la congelación de este impuesto a pesar de la revisión. Lo que no hicieron fue explicar a los ciudadanos presentes que el IBI sí subirá irremediablemente en 2012.
La no actualización del Catastro, según informaron en el acto, ha supuesto que las arcas municipales hayan dejado de ingresar casi 64 millones de euros, cifra que se eleva por encima de los 100 millones si se incluyen las exenciones fiscales aplicadas a ciertos colectivos y organismos oficiales. Una circunstancia que demuestra, a juicio del alcalde, que el de Málaga es un Ayuntamiento "solidario, comprometido con su ciudad, que no renuncia a sus objetivos para Málaga". "Lo más fácil hubiese sido aplicar esa revisión pero entendemos que no es el momento de exigir más a las economías domésticas", expuso.
Sobre lo que sí quisieron entrar en detalles fue en el desglose de ayudas al pago del IBI en 2010, que ha permitido que haya 7.140 vecinos y familias de la ciudad bonificadas en el abono del recibo, por una cuantía de 733.000 euros. Del grueso de afectados, la mayor parte, con más de 5.000 casos (por casi 490.000 euros), se corresponden a pensionistas, desempleados, familias monoparentales, entre otros, lo que supone un incremento del 1.343% respecto a 2001, año en el que se aplicaron por vez primera estas medidas. El colectivo que más se benefició el pasado ejercicio fue el de pensionistas, con 4.448 solicitudes concedidas, seguido de los parados, con 347. Las bonificaciones a familias numerosas fueron 2.091 (244.000 euros).
Todo ello ha supuesto un esfuerzo municipal que la concejala de Economía valoró en 3,3 millones en los últimos once años, aunque las ayudas a familias numerosas tienen su origen en 2004.
La presión del equipo de gobierno del PP para conseguir que las firmantes de los convenios urbanísticos incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) sigue aumentando. Después de que varios meses atrás Urbanismo admitiese su disposición a aplazar en hasta seis años los pagos comprometidos en los acuerdos de La Térmica, Repsol y Citesa, ayer el alcalde, Francisco de la Torre, dejó abierta la opción de acudir a los tribunales si las promotoras de estas actuaciones no abonan el dinero previsto en los plazos marcados.
El Ayuntamiento deberá ingresar 150 millones tras la publicación del nuevo planeamiento, dinero que el equipo de gobierno ya ha incluido en el presupuesto para obras como el bulevar sobre el AVE o el soterramiento de Cánovas del Castillo. No obstante, no cerró la puerta a renegociar el calendario con las firmas, aunque dijo ignorar si ha habido algún acercamiento popor parte de las empresas.
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