El juzgado ordena abrir diligencias tras recibir una documentación sobre un expediente de demolición de una casa en el campo no ejecutado
01.03.2011 -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Torrox ha ordenado abrir diligencias de investigación para esclarecer un presunto delito contra la ordenación del territorio cometido por el Ayuntamiento. En concreto, las diligencias se refieren a un Expediente de Restitución de la Legalidad Urbanística abierto en 2007 y culminado en 2008, por la existencia de una vivienda construida sin licencia en suelo rústico del municipio.
El ex edil del PA y actual militante y miembro de la ejecutiva local del PP, Francisco Alfonso Castro Azuaga, denunció en el juzgado la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio por parte de la alcaldesa, Toñi Claros (IU), del concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), y del edil de Cultura y alcalde accidental en el momento a que se refieren los hechos, Teodoro Ruiz (IU), en relación a un requerimiento firmado por la Junta de Andalucía en la que se interesa por la situación de una vivienda en el campo, propiedad de una británica.
Este requerimiento se inició a raíz de las denuncias formuladas por Gena-Ecologistas en Acción, acerca de la construcción de viviendas en el suelo no urbanizable de Torrox. A partir de ahí, la Junta requirió al Ayuntamiento información acerca de la situación del Expediente de Restitución de la Legalidad Urbanística abierto en 2007, y preguntó porqué no se había ejecutado la demolición ordenada por el Consistorio en 2008, en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de apertura del procedimiento, tal y como establece el artículo 192 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En su auto, al que tuvo acceso ayer SUR, el juzgado torroxeño considera que estos hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Por ello, ordena a la Guardia Civil de Torrox que «proceda a practicar gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos denunciados» por Francisco Alfonso Castro Azuaga. El denunciante aseguró ayer a SUR que su objetivo es que se esclarezca porqué no se han ejecutado las órdenes de demolición dictadas por el Consistorio, al tiempo que dijo: «Lo que no se puede hacer es ir de cumplidores de la ley y denunciar a otros concejales y después no cumplir con sus propios expedientes».
Imputado por el TSJA
El ex edil del PA está imputado por el TSJA en relación a la denuncia interpuesta por IU en el juzgado en 2007, que derivó en un escrito de petición fiscal que pedía penas de hasta 25 años de inhabilitación y cuatro y medio de prisión para el ex alcalde del PSOE, Francisco Muñoz y otros ocho ediles y ex ediles de PSOE, PA y PP. Por su parte, el edil de Urbanismo dijo ayer a este periódico que desconocía esta denuncia, pero defendió que el gobierno de IU en el Consistorio «ha actuado siempre conforme a la legislación vigente».
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