La construcción exige sus deudas a la Junta (La Opinión)

La patronal amenaza con ir a la Fiscalía para reclamar la deuda de 2.000 millones de la Junta y los ayuntamientos

LA OPINIÓN. MÁLAGA El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obras Públicas (Ceacop), Enrique Figueroa, exigió ayer a la Junta y a los ayuntamientos andaluces el pago de la deuda que mantienen y que asciende a unos 2.000 millones de euros y hace peligrar 60.000 empleos. Málaga, Sevilla y Granada son las provincias con más peso en estas cifras, según apuntaron fuentes de este colectivo.

Ante esta situación «realmente crítica», Ceacop va a reclamar a la Fiscalía que actúe «de oficio» contra los administradores que no cumplan esa ley o que hagan «dejación de sus funciones», y pedirá a los organismos competentes que «se proceda a la inhabilitación de los cargos públicos responsables y se persigan las responsabilidades políticas y personales en estos casos».

Figueroa explicó que la Junta debe un total de 950 millones, 600 de ellos la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (un 90% la Agencia de la Obra Pública), seguida por la de Medio Ambiente (150 millones), Salud (90) y Educación (50), mientras los ayuntamientos mantienen una deuda de 1.000 millones. Ceacop denunció que «el primero que tiene que dar ejemplo en el pago es la administración» y que si ésta «se pusiera al día, el problema de las empresas actualmente sería mucho menor», pues «ante la falta de liquidez han ido tirando de todo el dinero que tenían y ya no aguantan más, se las está llevando al cierre».

Afectados

Si no se resuelve esta deuda, según Ceacop, a los 200.000 empleados actuales del sector habrá que sumar 60.000 más «directamente y de forma inminente por la falta de pago», a lo que se añade la mala perspectiva por la falta de contratación para los próximos dos o tres años.

«La administración ya nos ha dicho que nos olvidemos de la obra pública ordinaria porque no va a haber», dijo Figueroa, que añadió que también se les ha advertido de que «hay que cambiar el chip y nos tenemos que reconvertir en otra cosa», lo que para él equivale a decir a las empresas «que cierren».

Por parte de la Junta, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, se mostró convencida de que, «como siempre sucede», la Consejería y la organizaciones empresariales irán encontrando una solución a los temas de pago.

«Dentro del cauce de diálogo habitual se va a encontrar solución a todos y cada uno de los problemas», dijo la consejera, que recordó que el nivel de inversión de la Junta en los últimos años por la obra pública ha sido «muy intenso y superior» a la media del resto de comunidades. «Hay que poner en valor ese esfuerzo por mantener la actividad inversora», defendió.