Tras once años de litigio el propietario del inmueble cuenta con una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a continuar el expediente El dueño de la casa atrapada en la Variante Sur pide en un monoposte que se ejecute la expropiación
14.03.2011 -
La suya es una historia peculiar. Posee desde hace veinte años una impresionante vivienda de 150 metros cuadrados, sobre una parcela de algo más de mil metros. El inmueble en cuestión, al que no le falta detalle, tiene orientación Sur, zona ajardinada y piscina propia. Sin embargo, no son estos detalles los que hacen famosa a la casona entre los vecinos del entorno y los cientos de conductores que, a diario, transitan por la Variante Sur de San Pedro Alcántara. La propiedad de José García resulta tan conocida porque durante años ha quedado atrapada justo en medio de una gran rotonda en la carretera.
Ahora, su propietario ha colocado dos vallas exigiendo al Ayuntamiento la expropiación del inmueble en virtud de un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, a la que ha tenido acceso este periódico. El Consistorio se enfrenta así a una nueva polémica instalada en los monopostes, a la vista de todos, y a la que tendrá que hacer frente, pese a que el entuerto viene de lejos.
El Ayuntamiento de Marbella gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL) resolvió expropiar la vivienda el 15 de marzo de 2001 para construir una carretera. El perjudicado nunca llegó a ponerse de acuerdo con el equipo de gobierno sobre el justiprecio. La valoración que hacía este último sobre la propiedad quedó a años luz de los cálculos realizados por los tasadores de García, quienes valoraron el inmueble en algo más de 480.800 euros, 80 millones de las antiguas pesetas. El doble de la tasación del Consistorio que además, ofrecía locales en vez de dinero contante y sonante.
Años en los tribunales
En agosto de ese mismo año, 2001, el pleno del Ayuntamiento excluyó al dueño de la casa de la relación de afectados por la expropiación. García inició entonces una dura lucha en los tribunales.
El año pasado, el TSJA estima nulo este último acuerdo así como la expropiación de urgencia del bien declarada en marzo de 2001 por el Ayuntamiento. La sala matiza, no obstante, que la nulidad «solo afecta al procedimiento a seguir y no a la expropiación en sí misma que debe continuar su tramitación conforme a las normas del procedimiento ordinario».
El tribunal no se pronuncia respecto a la indemnización de daños y perjuicios solicitada por el demandante, pero deja abierta la posibilidad de acción por vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración. El próximo paso, según anuncia el abogado de García, será pedir una ejecución de la sentencia.
El perjudicado reconoce contactos con el actual equipo de gobierno, que incluso, dice, llegó a realizar una valoración del suelo por importe de 675.000 euros. «Pero al parecer, no hay dinero para satisfacer la cuenta», aduce.
El teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Miguel Troyano, pone sobre la mesa una última cuestión que adereza aún más el embrollo. El edil señala la existencia de un promotor con derechos de aprovechamiento medio sobre el sector que rodea a la vivienda, reconocidos por un convenio firmado con Gil. «El problema es que ese acuerdo se sustenta en el famoso plan general del 98, que no se llegó a aprobar, por lo que la cuestión se encuentra en manos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento», manifestó Troyano.
Mientras, García habla de «desidia» y confiesa la existencia de problemas económicos que la expropiación le podría solucionar.
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