El Ayuntamiento ha abierto medio centenar de expedientes de construcciones en suelo rústico en lo que va de legislatura
El complejo mecanismo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Mijas, con el beneplácito de la Junta de Andalucía, para comenzar a regularizar las viviendas fuera de planeamiento podría estar interpretándose mal por algunos propietarios de parcelas en suelo rústico, que continúan realizando construcciones y casas irregulares. Al menos así lo anunció la administración mijeña ayer, cuando aseguró que en lo que va de legislatura se han firmado en torno a medio centenar de expedientes para ordenar la paralización de obras, «porque hay gente que sigue construyendo sin licencias, donde no se puede y a las bravas», criticó ayer el concejal de presidencia, Miguel González Berral.
Desde la administración pública municipal también se ha alertado que estas obras irregulares -que van desde la remodelación de un baño hasta levantar una vivienda cuando se tiene una licencia para una casa de aperos- se están ejecutando «tanto en suelo rústico como en áreas urbanas».
Por ello, el edil recordó «el importante esfuerzo que desde el área de Urbanismo se está realizando en aras de agilizar todos los plazos y trámites necesarios para otorgar licencias de obra». En este sentido, destacó que el equipo de gobierno «no va a consentir que haya ciudadanos que pagan sus tasas, solicitan sus licencias antes de empezar a construir o a hacer una remodelación mientras otros lo hacen sin pasar por estos procedimientos». Además, invitó a todas las personas que deban hacer una reforma a «acudir a los departamentos correspondientes si tienen cualquier tipo de duda».
Sin excusas
La puesta en marcha del mecanismo de regularización a través de catálogos de viviendas y modificaciones puntuales de elementos en diferentes sectores no únicamente implica un amplio trabajo en las oficinas municipales de Urbanismo, sino que también «el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, Policía Local, guardas forestales y personal de la Agencia Andaluza del Agua están muy atentos a lo que sucede en las zonas rurales de Mijas, sobre todo para que no vuelva a ocurrir lo de antaño», explicó González Berral. Es por ello, que también apuntó que «ya no valdrá decir que yo no lo sabía, todo el mundo conoce el problema, cuáles son las consecuencias legales además de las sanciones económicas que se imponen, que son muy severas».
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