Acusados de cohecho y cooperación en delito urbanístico indican que nunca se les advirtió ninguna ilegalidad y desvinculan del Ayuntamiento sus patrocinios en Alhaurín
ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 08.10.2011 - 01:00
Los empresarios acusados en el caso Troya de cohecho y cooperación en delitos contra la ordenación del territorio afirmaron ayer ante el tribunal que los juzga que nunca fueron advertidos de que los proyectos inmobiliarios que promovían en Alhaurín el Grande fuesen ilegales. Los promotores mayoritariamente se desvincularon del papeleo administrativo, que atribuyeron a los arquitectos o socios, pero respondieron al unísono que nunca nadie les dijo que hubiera ninguna actuación contraria al PGOU. La tesis de la Fiscalía es que el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, consintió y autorizó edificaciones fuera de la legalidad a cambio de dinero. Los empresarios al indicar que nunca supieron que hubiera irregularidades trataban, por tanto, de lanzar el mensaje de que no era necesario pagar ningún soborno para sacar adelante sus proyectos.
Ninguno de los 15 promotores que declaró ayer (otro acusado no ha podido comparecer por problemas de salud) pudo dar ninguna explicación sobre un documento intervenido en el despacho a Gregorio Guerra en el que aparecían sus nombres o los de sus promociones, junto a cifras y la indicación de pagado. La acusación entiende que esta es la contabilidad de los pagos ilegales, el concejal eludió el jueves entrar en detalles sobre anotaciones que por otra parte tampoco reconoce, y, finalmente, los empresarios afirman desconocer a qué responden los datos anotados.
Es más, mayoritariamente han coincidido en señalar que sus promociones se encontraban en suelo urbanizable y que planteaban edificaciones coherentes en densidad, altura y volumen con el entorno, porque en caso contrario se hubieran visto obligado a hacer viviendas de hasta 500 metros de superficie. Incluso en algún caso confesaron haber tenido que reducir el número de pisos proyectados precisamente por imposición del Ayuntamiento.
Los acusados, finalmente, rechazaron haber realizado ninguna aportación económica ilegal al concejal Gregorio Guerra o alguien del Ayuntamiento. Los empresarios Antonio Benítez, Juan Guerrero y Juan antonio Pérez de la entidad Tierras de Alhaurín desvincularon también los patrocinios de festejos taurinos o iluminación durante la edición de 2005 de la feria del pueblo de cualquier petición municipal. Indicaron que simplemente pretendían publicitar su empresa que hacía poco que se había constituido y que en cualquier caso cuando hicieron esta campaña hacía ya meses que disponían de la licencia de obras, por lo que no tendría sentido pagar por algo que ya tenían en su poder.
El empresario Pedro Martín Plaza, que se confesó amigo personal del alcalde, también admitió haber destinado en torno a 4.000 euros a la peña madridista de Alhaurín y haber sufragado patrocinios del equipo de fútbol local, actividades que, de acuerdo con su declaración, nada tenían que ver con intereses municipales. Este promotor fue el único que logró una licencia de obras para suelo no urbanizable. En su caso levantó en una finca de más de 40.000 metros una caseta de 120 metros que, aunque según dijo tenía posibilidad de convertir en un chalé, tiene todavía en planta diáfana destinada al almacenaje de aperos agrícolas. El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga, que preside el magistrado Fernando González Zubieta, suspendió ayer el juicio hasta el próximo 14 de octubre, día en el que comenzarán a declarar los policías que investigaron el caso Troya.
Ninguno de los 15 promotores que declaró ayer (otro acusado no ha podido comparecer por problemas de salud) pudo dar ninguna explicación sobre un documento intervenido en el despacho a Gregorio Guerra en el que aparecían sus nombres o los de sus promociones, junto a cifras y la indicación de pagado. La acusación entiende que esta es la contabilidad de los pagos ilegales, el concejal eludió el jueves entrar en detalles sobre anotaciones que por otra parte tampoco reconoce, y, finalmente, los empresarios afirman desconocer a qué responden los datos anotados.
Es más, mayoritariamente han coincidido en señalar que sus promociones se encontraban en suelo urbanizable y que planteaban edificaciones coherentes en densidad, altura y volumen con el entorno, porque en caso contrario se hubieran visto obligado a hacer viviendas de hasta 500 metros de superficie. Incluso en algún caso confesaron haber tenido que reducir el número de pisos proyectados precisamente por imposición del Ayuntamiento.
Los acusados, finalmente, rechazaron haber realizado ninguna aportación económica ilegal al concejal Gregorio Guerra o alguien del Ayuntamiento. Los empresarios Antonio Benítez, Juan Guerrero y Juan antonio Pérez de la entidad Tierras de Alhaurín desvincularon también los patrocinios de festejos taurinos o iluminación durante la edición de 2005 de la feria del pueblo de cualquier petición municipal. Indicaron que simplemente pretendían publicitar su empresa que hacía poco que se había constituido y que en cualquier caso cuando hicieron esta campaña hacía ya meses que disponían de la licencia de obras, por lo que no tendría sentido pagar por algo que ya tenían en su poder.
El empresario Pedro Martín Plaza, que se confesó amigo personal del alcalde, también admitió haber destinado en torno a 4.000 euros a la peña madridista de Alhaurín y haber sufragado patrocinios del equipo de fútbol local, actividades que, de acuerdo con su declaración, nada tenían que ver con intereses municipales. Este promotor fue el único que logró una licencia de obras para suelo no urbanizable. En su caso levantó en una finca de más de 40.000 metros una caseta de 120 metros que, aunque según dijo tenía posibilidad de convertir en un chalé, tiene todavía en planta diáfana destinada al almacenaje de aperos agrícolas. El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga, que preside el magistrado Fernando González Zubieta, suspendió ayer el juicio hasta el próximo 14 de octubre, día en el que comenzarán a declarar los policías que investigaron el caso Troya.
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