Las reuniones de las comunidades de vecinos nunca han sido un plato de buen gusto para nadie, pero ahora se han convertido casi en un campo de batalla repleto de pugnas y reproches. Hay dos causas que han elevado la tensión entre los inquilinos: el aumento de la morosidad y la dificultad para arreglar defectos de la construcción en viviendas nuevas donde la promotora o la constructora han quebrado por la crisis económica. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Marcelo Francisco Cambló, asegura que la morosidad se ha disparado y eso ha provocado que se haya multiplicado por cinco el número de reclamaciones judiciales. "Hay muchas personas que tienen la hipoteca alta y que, a lo mejor, están en el paro y no pueden pagar. Al principio el resto de los vecinos lo entienden e intentan ayudar pero cuando llevan un año sin pagar empiezan a aparecer las primeras críticas", explica.
En las urbanizaciones de la costa la situación es especialmente compleja. Hay promociones con muchas viviendas sin vender que tienen todo tipo de servicios, como piscina, jardines o pista de pádel. El propietario del inmueble es el que tiene que pagar el recibo de la comunidad y si no se ha vendido corresponde a la promotora. Sin embargo, algunas están en concurso de acreedores o han desaparecido directamente de forma que el cobro se dificulta. Si el piso se lo queda el banco, es la entidad financiera la que tiene que hacer frente al abono de la cuota aunque también se suelen hacer de rogar.
Cambló advierte de que a la hora de comprar un piso es imprescindible pedir un certificado que avale que ese inmueble está al corriente de pago y no tiene ninguna carga, porque si no el comprador tiene que pagar el año en curso y el anterior de comunidad. "Hay personas que son incautas o confiadas, no reclaman ese certificado y luego se encuentran con la sorpresa", explica el presidente de los administradores malagueños.
El impago de las cuotas lleva consigo que haya comunidades de vecinos que se vean obligadas a suprimir ciertos servicios como el uso de la piscina o de las zonas deportivas simplemente porque no las pueden mantener, generando así resquemor y malestar. "Solo se puede reclamar el pago al propietario por el juzgado. Hay gente que no paga porque no puede y otra porque no quiere y entonces el que sí está abonando sus cuotas se indigna. Los administradores nos encontramos con este problema y vemos cómo está creciendo mucho la tensión en las reuniones. Te dan ganas de llevarte un guardia de seguridad contigo", subraya Cambló.
Otro fenómeno que prolifera estos días es la dificultad para encontrar responsables cuando hay defectos de obra. El auge inmobiliario provocó que se construyeran muchas viviendas en muy poco tiempo y en numerosas urbanizaciones están apareciendo ahora los resultados. Filtraciones de agua, mala cimentación, fachadas que se desprenden...
Muchas de las promotoras que levantaron esos edificios ya ni siquiera existen y los vecinos no saben a quién reclamar. Cambló aconseja denunciar al promotor, al constructor y a la dirección técnica de la obra ya que en el supuesto caso de que los dos primeros hubieran quebrado, el arquitecto y el perito deben tener un seguro de responsabilidad que cubra los desperfectos. Si una entidad financiera se queda con la promoción, Cambló asegura que ésta no sería responsable de las reparaciones porque "no se subrogan en las obligaciones de la promotora y constructora".
Se da la paradoja de que, al final, son los propios vecinos los que acaban arreglando los desperfectos de la obra, piden una factura y ponen la correspondiente denuncia en los juzgados ya que saben que el procedimiento judicial puede durar varios años y hay situaciones que no se pueden eternizar. Este es, por ejemplo, el caso de un edificio en el centro que tiene unas filtraciones de agua que obligaron a cerrar el ascensor. El presidente de la comunidad, Juan Felipe Castillo, comentó en un reportaje publicado el pasado 25 de noviembre en este diario que el edificio tiene siete plantas y que había vecinos que se habían tenido que ir a una pensión o a casa de familiares porque no podían subir las escaleras. Ellos han tenido que poner 3.000 euros.
Fallos en las obras y vecinos morosos provocan un cóctel explosivo que está desatando todo tipo de conflictos en las reuniones de vecinos. "Es la pescadilla que se muerde la cola", dice Cambló. Falta esperar que nunca llegue la sangre al río.
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