Griñán anuncia para el día 10 el visto bueno del Gobierno al texto que abre la puerta a la legalización de miles de casas en Málaga
19.12.2011 -
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, saluda ayer a un miguero en la fiesta de Torrox, acompañado por Plata, Martel, Muñoz, Moreno, Tomé, Heredia y Torres. :: E. C.
El próximo martes 10 de enero. Esta es la fecha en la que la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar el decreto que permitirá regularizar las viviendas ilegales construidas en las últimas décadas en el suelo no urbanizable de la comunidad, unos inmuebles que en el caso de la provincia se estiman en unos 50.000 y que en el cómputo de la región podrían superar las 300.000. El anuncio lo hizo ayer el presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, con motivo de su visita a Torrox para participar en la XXX Fiesta de las Migas.
A escasos tres meses de las elecciones andaluzas -previstas para el 25 de marzo, aunque ayer Griñán no quiso confirmar esta ni ninguna otra fecha y reiteró que serán «cuando toque»-, en las que el PSOE se juega conservar el único gobierno autonómico que mantiene tras el 'tsunami' del PP, el anuncio pone fin a más de siete años de indefinición jurídica, tras la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que vio la luz en 2003 para frenar este tipo de construcciones.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad, esta norma ha hecho que decenas de alcaldes acaben imputados por dar licencias irregulares, y algunos de ellos, como los ex regidores de Canillas de Aceituno, La Viñuela, Cómpeta o Canillas de Albaida, entre otros, condenados. El decreto es en la práctica una amnistía, un término que niega la consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, que calificó en marzo pasado, cuando anunció la elaboración del documento, como «un paso para reconocer una realidad que está ahí y a la que hay que de dar respuestas, pero con condiciones».
La complejidad del asunto, unido al cambio radical de posicionamiento del Gobierno andaluz, que ha pasado en apenas siete años de aprobar una ley (la LOUA) que restringía al máximo este tipo de construcciones, a plantear ahora un decreto que las regularizará en su práctica totalidad, hacen que el anuncio de ayer del presidente de la Junta de Andalucía siga generando muchas dudas entre los alcaldes.
No en vano, son los ayuntamientos los que, en última instancia, tendrán que hacer frente a este nuevo panorama, en un contexto de grave crisis económica y sin medios materiales para llevar a cabo las labores de inspección urbanística. A ello se suma la situación de los regidores que ya han sido condenados por otorgar licencias para viviendas en el campo, o los expedientes sancionadores abiertos y/o diligencias judiciales.
A la espera de que se concreten las fórmulas en las que se va a llevar a cabo este regularización, el presidente de la Junta de Andalucía admitió ayer que se trata de un asunto «muy complejo». «Afecta al interés general, al interés de muchas partes, y que requiere informes muy serios, porque estamos hablando de miles y miles de viviendas que van a tener legalización», aseguró, al tiempo que añadió que antes de dar luz verde a un documento de este calado, la Junta tiene que asegurarse «de que esta legalización no conspire contra el interés general, que no vaya contra el medio ambiente, contra la seguridad de las personas, y una vez que esté todo eso confirmado se aprobará». En todo caso, dirigentes socialistas, alcaldes y portavoces consultados ayer por SUR tras el anuncio de Griñán mostraron su «satisfacción» por este nuevo paso, pero no negaron que el decreto «conllevará problemas legales», «porque en la práctica es una amnistía, un borrón y cuenta nueva, cuando hay compañeros que están cumpliendo una pena de prisión y otros inhabilitados o con multas millonarias», apostillaron.
Críticas de los ecologistas
Hasta ahora, la Junta había insistido en la importancia de inventariar primero todas las construcciones en el suelo no urbanizable, una tarea que se ha llevado a cabo, en el caso de la provincia, por ahora tan solo en la comarca de la Axarquía, donde se han localizado 12.760 construcciones ilegales, de las que 11.025 podrían ser legalizadas.
En el Valle del Guadalhorce se estiman unas 15.000 viviendas irregulares, tres mil en Estepona y Mijas, 1.600 en la Serranía de Ronda, 1.500 en la vega de Antequera y en Marbella y 1.174 en la capital malagueña. La aprobación del decreto ha sido muy demandado por colectivos como la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, que preside María del Mar Vázquez, y de la que forman parte los extranjeros agrupados en Save Our Homes-Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía. Los ecologistas, como Gena, estiman las viviendas ilegales, solo en la Axarquía en 22.000, y han criticado el decreto.
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