La Guardia Civil toma declaración desde ayer a varios técnicos, funcionarios, promotores y un trabajador de la Agencia Andaluza del Agua por esta obra levantada en la época de Enrique Bolín
RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 05.06.2012 - 01:00
Diez personas declararán a lo largo de esta semana ante la Guardia Civil de Málaga por un presunto delito contra la ordenación del territorio cometido con la construcción de un apartahotel de unos 80 apartamentos en la zona de Montealto de Benalmádena y que supuestamente fue levantado sobre la zona de servidumbre de un arroyo con los informes favorables tanto del Ayuntamiento del municipio -cuando Enrique Bolín era alcalde- como de la entonces Agencia Andaluza del Agua.
Varios técnicos, funcionarios municipales, promotores y un trabajador del organismo de gestión de agua de la Junta de Andalucía deberán prestar declaración ante el equipo de delitos urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que es quien dirige ahora la investigación de los hechos tras una primera parte que llevó a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y que comenzó hace dos años. El primero en declarar fue ayer un técnico externo que podría haber participado en este proyecto hotelero promovido por una sociedad y levantado en la calle Avenida del Pacífico de Benalmádena que empezó a construirse en 2005 y que sigue sin abrir sus puertas debido a los problemas que la construcción ha tenido para conseguir la licencia de primera ocupación. Según ha podido saber este periódico, el proyecto para construir los alrededor de 80 apartamentos que forman este gran complejo llamado Los Tulipanes contó entonces supuestamente con todos los permisos por parte del Ayuntamiento de Benalmádena que en ese momento gobernaba el independiente Enrique Bolín.
La investigación de la Guardia Civil determinó que el apartahotel disponía de la licencia municipal de obra pese a ocupar parte del dominio público hidráulico de un arroyo que discurre por la zona de Montealto y que tuvo que ser embovedado para poder construir el edificio.
Fue con posterioridad y debido a la denuncia que interpusieron los vecinos de la zona, según las fuentes consultadas, cuando el Ayuntamiento solicitó presuntamente un informe a la entonces Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Junta de Andalucía, sobre la idoneidad o no del proyecto hotelero. Al parecer, el informe de este organismo público también fue favorable, si bien los informes de la Guardia Civil constatan que el complejo podría ocupar parte de la zona de servidumbre, es decir, estaría dentro de la franja longitudinal de cinco metros de anchura respecto al borde del cauce que exige la ley.
Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la zona de servidumbre se extiende a ambos lados del cauce y está reservada para usos públicos, como para el servicio del personal de vigilancia del cauce, el ejercicio de actividades de pesca fluvial, el salvamento de personas o bienes y, si se fuera necesario y posible, para varar y amarrar embarcaciones de manera ocasional. En cambio, está prohibido edificar en ellas, salvo en casos muy justificados y siempre y cuando dispongan de la autorización pertinente.
La Guardia Civil pretende que los acusados en este caso por un presunto delito urbanístico aclaren por qué se construyó en esa zona a sabiendas de que se trataba del espacio reservado a un arroyo y si se tuvieron en cuenta todas las medidas de seguridad que eviten un riesgo para las personas del entorno en caso de lluvias torrenciales. Los investigadores no descartan llamar a declarar a nuevos imputados una vez que declaren los diez personas que después deberán hacerlo ante el juez que instruye el caso.
Varios técnicos, funcionarios municipales, promotores y un trabajador del organismo de gestión de agua de la Junta de Andalucía deberán prestar declaración ante el equipo de delitos urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que es quien dirige ahora la investigación de los hechos tras una primera parte que llevó a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y que comenzó hace dos años. El primero en declarar fue ayer un técnico externo que podría haber participado en este proyecto hotelero promovido por una sociedad y levantado en la calle Avenida del Pacífico de Benalmádena que empezó a construirse en 2005 y que sigue sin abrir sus puertas debido a los problemas que la construcción ha tenido para conseguir la licencia de primera ocupación. Según ha podido saber este periódico, el proyecto para construir los alrededor de 80 apartamentos que forman este gran complejo llamado Los Tulipanes contó entonces supuestamente con todos los permisos por parte del Ayuntamiento de Benalmádena que en ese momento gobernaba el independiente Enrique Bolín.
La investigación de la Guardia Civil determinó que el apartahotel disponía de la licencia municipal de obra pese a ocupar parte del dominio público hidráulico de un arroyo que discurre por la zona de Montealto y que tuvo que ser embovedado para poder construir el edificio.
Fue con posterioridad y debido a la denuncia que interpusieron los vecinos de la zona, según las fuentes consultadas, cuando el Ayuntamiento solicitó presuntamente un informe a la entonces Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Junta de Andalucía, sobre la idoneidad o no del proyecto hotelero. Al parecer, el informe de este organismo público también fue favorable, si bien los informes de la Guardia Civil constatan que el complejo podría ocupar parte de la zona de servidumbre, es decir, estaría dentro de la franja longitudinal de cinco metros de anchura respecto al borde del cauce que exige la ley.
Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la zona de servidumbre se extiende a ambos lados del cauce y está reservada para usos públicos, como para el servicio del personal de vigilancia del cauce, el ejercicio de actividades de pesca fluvial, el salvamento de personas o bienes y, si se fuera necesario y posible, para varar y amarrar embarcaciones de manera ocasional. En cambio, está prohibido edificar en ellas, salvo en casos muy justificados y siempre y cuando dispongan de la autorización pertinente.
La Guardia Civil pretende que los acusados en este caso por un presunto delito urbanístico aclaren por qué se construyó en esa zona a sabiendas de que se trataba del espacio reservado a un arroyo y si se tuvieron en cuenta todas las medidas de seguridad que eviten un riesgo para las personas del entorno en caso de lluvias torrenciales. Los investigadores no descartan llamar a declarar a nuevos imputados una vez que declaren los diez personas que después deberán hacerlo ante el juez que instruye el caso.
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