El alcalde dice que no es un tema urgente que el suelo no pertenezca aún a la ciudad y confía en que no tendrá que pagar por él al Gobierno central
Las obras de la primera fase del bulevar, que comenzaron el pasado mes de febrero, avanzan a toda marcha sobre el túnel del AVE. :: SALVADOR SALAS
Aunque las obras de la primera fase del bulevar sobre el soterramiento del AVE marchan viento en popa a toda vela, no sucede lo mismo con un importante fleco pendiente que se ha quedado atrás en su complicada travesía. Y es que el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no han cerrado aún la transmisión definitiva a la ciudad de los terrenos en los que se están realizando los trabajos. Es decir que, de no solucionarse este aspecto, podría darse el caso de que las obras terminaran -podrían estar listas para finales del año que viene- y los malagueños no pudieran hacer uso del primer tramo de avenida habilitado sobre el túnel del AVE.
Hay que retrotraerse hasta el mes de diciembre de 2010 para entender el problema. El día 21 de ese mes, el entonces presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio González, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, firmaron un convenio por el que el organismo dependiente del Ministerio de Fomento cedía de forma anticipada a la ciudad los suelos para que pudiera iniciarse la obra de la primera fase del deseado bulevar, con el que se coserá definitivamente la herida del ferrocarril una vez terminada la operación del soterramiento.
En ese momento, se dejó claro que se trataba de una cesión provisional de los terrenos y que ambas partes seguirían trabajando en el texto definitivo de un convenio de cierre, ya que el Adif se negaba a ceder de forma gratuita el suelo pese a que el Ayuntamiento consideraba -y aún lo sigue considerando- que su aportación de 40 millones de euros para el soterramiento es motivo más que suficiente para poder disponer de los terrenos gratis. Es más, un informe evacuado por la Junta de Andalucía a raíz de la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) avalaba la postura municipal.
Comisión de técnicos
Según se informó a la firma del convenio, en diciembre de 2010, se iba a crear una comisión técnica, formada por tres representantes de cada una de las partes, para llegar a ese acuerdo de cierre sobre los suelos en un plazo de unos seis meses. Evidentemente, año y medio después de ese anuncio, está claro que las primeras intenciones se han quedado en agua de borraja, sembrando aún la duda sobre unos suelos que siguen sin pertenecer a la ciudad.
Así lo reconoció el propio alcalde en unas declaraciones a este periódico en las que, no obstante, confió en que, tras el cambio de Gobierno en Madrid, el asunto «se resolverá ahora con mucha facilidad». «Con los datos que teníamos está claro por nuestra parte que no hay que pagar por los suelos del bulevar», aseguró. «No tengo la sensación de que sea urgente y no creo que tengamos problema alguno en este tema», añadió.
No obstante, en una reciente respuesta del Gobierno al diputado y secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, Adif confirma que no se ha concretado aún el convenio de cierre sobre los suelos del bulevar y que llevará a cabo la desafectación del suelo -que todavía es ferroviario- «una vez concretada, en la comisión técnica creada para el seguimiento del mencionado convenio, la superficie final afectada». «Concluido el proceso, de desafectación y patrimonialización, se procederá a la transmisión formal de la titularidad de los suelos a favor del Ayuntamiento mediante el procedimiento legalmente establecido», añade la respuesta, en la que no se hace alusión alguna a que la cesión del suelo vaya a ser gratuita.
De hecho, según el convenio de 2010, el objetivo de esa comisión técnica es medir y valorar los suelos ocupados, respectivamente, por el Ayuntamiento y Adif tanto en el caso del bulevar como en el del futuro soterramiento del ferrocarril del puerto -aún en proyecto- para fijar, de mutuo acuerdo, la superficie del organismo estatal a expropiar.
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