Oña acusa a la Junta de paralizar varios proyectos. Fuengirola (SUR)

La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, acusó ayer a la Junta de Andalucía de obstaculizar el desarrollo de la ciudad con la paralización de proyectos como la ampliación del puerto deportivo, la creación de nuevos juzgados o el hospital. Oña aseguró que la Junta «se dedica a la obstrucción, al freno y a poner trampas» a Fuengirola. Entre los proyectos paralizados destacó la reforma del puerto deportivo, que según la primera edil «podría convertirse en el motor económico de la ciudad con tan sólo tener la autorización de la Junta». «No pedimos dinero, sólo el permiso y llevamos 14 años en el olvido», apuntó. Oña criticó también el retraso en la puesta en marcha del futuro Hospital de Alta Resolución de Especialidades (CHARE) Fuengirola-Mijas y la construcción de los nuevos juzgados de la localidad. «Los terrenos están disponibles sin necesidad de esperar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo se necesita voluntad política». La carencia de un conservatorio de música solicitado hace varios años, la falta de guarderías con financiación autonómica, y la negativa a ampliar el servicio de ayuda a domicilio para los mayores del municipio fueron otros de los proyectos sobre los que reclamó su puesta en marcha.

Fomento saca a información pública las mejoras en el proyecto del soterramiento. Marbella (SUR)

El nuevo trazado incorpora varias peticiones vecinales y del Ayuntamiento y eleva a 60 millones de euros el coste final. El cruce de Las Petunias se salvará con un paso inferior

A la tercera parece que irá la vencida. El Ministerio de Fomento sacó ayer a información pública durante un mes el modificado del proyecto de soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro Alcántara, que incorpora las demandas de algunos colectivos vecinales y del propio Ayuntamiento para mejorar el trazado previsto. Esta vez, la segunda en que se reforma el proyecto inicial, parece que será la definitiva. El Gobierno central accede así a las peticiones más clamorosas, especialmente a la relacionada con el cruce de la carretera de Ronda con la autovía, que inicialmente estaba previsto salvar con un puente y que finalmente se eliminará con un paso inferior bajo rasante. El cruce actual quedará a la altura de la calzada, tal y como requirió en su día la comisión gestora. No es la única mejora. Según recogió ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre las modificaciones se encuentran el enlace de la calle al oeste del centro comercial La Colonia con la vía de servicio del enlace con Guadalmina; el traslado de la rotonda del punto kilométrico 2,400, en la estación de autobuses, al 2,545, mediante la construcción de una estructura así como otras reformas puntuales. Con todos estos cambios, los de ahora y los de antes, el presupuesto se ha duplicado hasta alcanzar los 60 millones de euros frente a los 33 millones de inversión previstos inicialmente.

Asociaciones de vecinos

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, destacó ayer que el ministerio ha actualizado el proyecto inicial, adecuándolo a las normativas técnicas vigentes e incorporado las alegaciones presentadas por las asociaciones de vecinos. El resultado, en su opinión, es un trazado donde prima la seguridad.Las previsiones son que los trabajos de construcción del esperado túnel, de un kilómetro de longitud, así como la mejora del trazado a los largo de seis kilómetros, estén listos a finales del próximo año. El proyecto incluye que el tercer cruce, el de la carretera de Ronda, también desaparezca de la A-7 con un paso inferior. Así, los más de 65.000 vehículos que transitan a diario por la vía dejarán los atascos en el olvido.

El pleno se compromete a aprobar el PGOU antes de julio y exige a la Junta que lo refrende este año. Marbella (SUR)

El pleno, con el aval del Consejo Consultivo, rechaza una reclamación de 27 millones de indemnización presentada por un promotor por pararle sus obras ilegales

Nueva vuelta de tuerca en materia urbanística. El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción del PSOE, completada con una propuesta del PP, para que las administraciones local y autonómica impulsen con fechas sobre la mesa el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, en tramitación. Así, se ha instado al equipo de gobierno a que presente un plan de trabajo para acelerar la aprobación provisional del nuevo documento urbanístico antes de julio de 2008, tal y como le reclamaban los socialistas. Para apoyar esta propuesta, los populares pusieron como requisito instar, a su vez, a la Junta a que refrendara el Plan General antes de que finalice este año. «No somos la Junta, pero haremos todo lo posible en la medida en que podamos influir para que sea una realidad», señaló el concejal socialista Óscar Fernández. Las aportaciones de ambos grupos fueron finalmente incluidas en una única moción, aprobada por unanimidad. Alba Echeverría, concejala de Urbanismo, aseguró que estaban trabajando «a destajo», ya que, al Consistorio le interesa que la ciudad cuente con este instrumento cuanto antes. No obstante, recordó que una vez devueltas las competencias urbanísticas al Consistorio marbellí y tras aprobar éste en pleno el nuevo Plan de forma inicial, la aprobación definitiva compete al Gobierno andaluz. «Ya hemos recibido, vistas las alabanzas de distintas consejerías, que si tocamos el modelo de compensación no nos lo aprueban», a lo que la edil de Urbanismo añadió: «Y sin la aprobación definitiva de la Junta, no hay PGOU». En cuanto a plazos, Echeverría anunció que están listas las alegaciones medioambientales para remitirlas a la Consejería de Medio Ambiente. Un trámite necesario para obtener el estudio de impacto ambiental. También se llevó al pleno una propuesta de la alcaldesa Ángeles Muñoz sobre una resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que establece el Ayuntamiento conforme a derecho no debe asumir una responsabilidad patrimonial de 27 millones de euros que le reclamaba una promotora que edificó sin licencia de obras.

Petición rechazada

La reclamante es la mercantil Nesgar Promociones SA, que solicitó el pasado día 22 por registro de entrada del Ayuntamiento esta indemnización millonaria por los perjuicios derivados de la suspensión de varias licencias de edificación, acordada por el TSJA, después de que la Consejería de Obras Públicas impugnara dichos permisos otorgados en julio de 2003. La Secretaría del Ayuntamiento concluye en un informe, que no se aprecia relación de causalidad en la reclamación presentada por la promotora por los daños económicos sufridos como consecuencia de la suspensión de las obras solicitada por la Junta y ordenada por el TSJA, «máxime teniendo en cuenta la conducta del propio perjudicado al iniciar las obras sin licencia al proyecto de ejecución». Asimismo, el documento exime al Ayuntamiento de ser el causante del perjuicio patrimonial que reclama la promotora, ya que, «fue la Consejería de Gobernación de la Junta la que interpuso el procedimiento judicial».El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, vaticinó que a esta primera se sumarán otras muchas de promotores con licencia de obras que no tengan cabida en el nuevo PGOU. No obstante, advirtió de que el Ayuntamiento «responderá a las obligaciones legales, pero no de la responsabilidad penal de otras personas».

Autorizan dos nuevos centros comerciales en Málaga capital y Estepona (SUR)

La Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía (CACI), órgano consultivo del Gobierno autonómico, ha informado favorablemente sobre la instalación de dos nuevas superficies comerciales en Málaga. La CACI se ha pronunciado a favor por 23 votos, tres abstenciones y uno en contra sobre la instalación en Estepona del 'Centro Comercial Selwo', con 3.142 metros cuadrados y promovido por Selwo 2005.También en la capital malagueña ha informado favorablemente, por 25 votos, uno en contra y dos abstenciones, sobre el Centro Comercial San Julián, de 16.486 metros cuadrados de superficie. La entidad no ha especificado qué características tendrá esta zona, situada junto al Plaza Mayor e Ikea. También se aprobaron otros cinco centros comerciales en Priego (Córdoba), Mairena del Aljarafe (Sevilla), Chiclana de la Frontera (Cádiz) y dos en el municipio onubense de Cartaya.

La Junta licita nuevas obras del futuro vial metropolitano oeste (La Opinión)

La carretera, con un coste de casi 50 millones de euros, propone un ´corredor verde´ transversal al Valle del Guadalhorce que recupere "zonas degradadas"
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha sacado a concurso las obras de construcción de la segunda fase del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste de Málaga por un presupuesto de 49,9 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras, que incluyen la construcción de una vía parque de uso peatonal y que contará con un carril bici, es de 26 meses.La Junta de Andalucía señaló ayer en un comunicado que el carácter periurbano del entorno por el que se desarrolla el vial ha marcado desde la concepción de la actuación con una "especial sensibilización" de integración, así como la creación de nuevos espacios paisajísticos y peatonales en una zona "fuertemente degradada".Así, la actuación incluye también un especial tratamiento paisajístico y de creación de zonas verdes, creando un ´Corredor Verde´ transversal al Valle del Guadalhorce, en algunas zonas de más de 100 metros de anchura, en el que se integra la actuación viaria.El Vial Distribuidor, que se constituye como la vía periurbana de articulación transversal al Valle del Guadalhorce y como el necesario complemento de la segunda Ronda de Málaga, actualmente en ejecución, forma parte del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía, que la Consejería andaluza ha puesto en marcha entre los años 2004 y 2010. Para su financiación se cuenta con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea.Conexiones. Con una longitud de 6,1 kilómetros, el vial cuenta con un eje principal de 5,38, que discurre por los términos municipales malagueños de Alhaurín de la Torre y Málaga; con sendas vías transversales, una de ellas de 300 metros para la conexión con el enlace de Churriana de la segunda ronda, y otra de 460 metros para la conexión con el viario previsto por el Ayuntamiento de Málaga en los polígonos industriales de la margen izquierda del río Guadalhorce.Tanto el vial como sus ramales se han proyectado con calzadas separadas de dos carriles cada una, pues está previsto que en su puesta en servicio sea utilizado por más de 30.000 vehículos al día, con un tráfico de vehículos pesados superior al 13 por ciento en alguno de sus tramos.Así, se han previsto hasta seis conexiones que se resuelven mediante glorietas "para reforzar el sentido de vía metropolitana y no crear la sensación de vía rápida e interurbana entre los usuarios, aumentando así las condiciones de seguridad".

Una promotora demanda por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Marbella (La Opinión)

El Consistorio aprobó ayer por unanimidad desestimar esta reclamación, ya que el demandante ni siquiera disponía del permiso para iniciar las obras
No será la única. La empresa Nesgar Promociones ha abierto la veda de las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial que se le avecinan al Ayuntamiento de Marbella. La mayoría de ellas, por las presuntas construcciones irregulares que, en su día, paralizó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Las obras de Nesgar fueron una de ellas. Su suspensión data del 11 de diciembre de 2003. Cuatro años después, el 22 de febrero de 2007, decidieron recurrir al Consistorio para pedir una indemnización de más de 27 millones de euros por los daños y gastos ocasionados.Desestimada. El Ayuntamiento de Marbella votó ayer por unanimidad a favor de la desestimación de esta reclamación, una decisión para la que contaba con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía."El perjuicio patrimonial que alega el demandante no procede del Ayuntamiento, sino de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que interpuso el procedimiento judicial", establece la resolución del citado órgano autonómico.Asimismo, el documento indica que la promotora inició las obras antes de obtener la correspondiente autorización y que, de hecho, aún hoy carece de licencia. "Es la primera vez que el Ayuntamiento recibe una reclamación de este calibre", indicó ayer el portavoz del Gobierno local, Félix Romero, quién auguró la recepción de "muchas alegaciones de este tipo" en el registro de entrada del Consistorio.Romero está convencido de que no todas estas instancias serán honestas, ya que "existen empresarios sin escrúpulos que intenten resarcirse de las consecuencias de una actuación delictiva e ilícita con anteriores equipos de gobierno".En este sentido, el dictamen del Consejo Consultivo sienta un precedente que "deberán tener en cuenta otras promotoras antes de presentar una reclamación", ya que en este caso el Derecho se sitúa de parte del Ayuntamiento."El Consistorio responderá de aquellas reclamaciones que sean de su obligación legal, pero no de las responsabilidades penales que tuviesen que cumplir otras personas", añadió.El portavoz del Gobierno de Ángeles Muñoz argumentó, durante la celebración del pleno, que las arcas municipales no disponen de las cantidades que pudieron desembolsar algunos promotores, por lo que queda aún por desentrañar la responsabilidad del Ayuntamiento respecto de las cantidades que abonaron.La oposición, tanto PSOE como IU, aprovechó este punto del orden del día para recordarle al Ejecutivo local que otra forma de restablecer la legalidad es revisar las licencias irregulares que se concedieron en el pasado.

Urbanismo invertirá más de 475.000 euros en obras en cinco calles del distrito centro (SUR)

Las actuaciones en la zona de Ventaja Alta se centrarán en la renovación del pavimento, del alumbrado público y en el soterramiento de cables

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado en su última mesa de contratación el proyecto de reurbanización de las calles Ventaja Alta, Ventaja Corta, Ventajilla, Joaquín de Molina y Malaquías -en el distrito centro- por un importe de 476.503,79 euros. Esta inversión, como subrayó el edil de Urbanismo, Manuel Díaz, supondrá la renovación urbana de cinco calles del barrio de Ventaja Alta, en el entorno de Gibralfaro. La empresa encargada de realizar los trabajos que se contemplan en este proyecto será Velasco Obras y Servicios, S.A. con un plazo de tres meses. En concreto, el objetivo principal es el soterramiento de las líneas áreas existentes, tanto de telefonía como eléctricas, así como la renovación del pavimento y de los distintos servicios que actualmente existen en dichas calles.Las actuaciones que se van a ejecutar, según indicó el Consistorio malagueño en un comunicado, comprenden demolición del pavimento existente y reposición del mismo, renovación de la red de saneamiento -pasando de sistema unitario a separativo-, así como la ejecución de las nuevas redes de aguas pluviales y de aguas fecales de las calles, y realización de una nueva red de abastecimiento de agua potable.También contempla otras mejoras como la renovación del alumbrado público, señalización vertical de la zona, soterramiento de la red de telecomunicaciones y de las líneas de baja tensión existentes, y la reposición de servicios afectados.En cuanto a la jardinería y mobiliario urbano, se va a incrementar el número de jardineras en la calle Ventaja Alta, volviendo a disponer tres similares a las actuales y otras dos más de fundición en las que se ubicarán macizos florales, con especies como la adelfa, el hibisco y la lantana.

Los derribos de viviendas ilegales dividen a la sociedad marbellí (La Opinión)

Dos plataformas agrupan a los propietarios de las viviendas ilegales que se escudan en la legalización y a los demás ciudadanos que quieren recuperar los espacios públicos perdidos
Marbella está dividida por su propio planeamiento. Las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante 15 años por los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) han creado dos categorías entre los ciudadanos, según sean o no propietarios de viviendas que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.Todos son víctimas del mismo problema, la falta de equipamientos públicos originada por el modelo de construcción sin límites; pero difieren en la solución. Entre derribar o legalizar se encuentra el dilema.Dos agrupaciones reúnen a los partidarios de una y otra postura. La plataforma ´29 de Marzo´ vela por el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan la restauración de la situación original o, lo que es lo mismo, la demolición de las viviendas irregulares o el establecimiento de sistemas de compensación que hagan recuperar a la ciudad las infraestructuras esquilmadas.Por su parte, el colectivo de ´Afectados por el PGOU de Marbella´ reivindica la revisión de cada uno de los casos y la búsqueda de mecanismos que permitan normalizar la situación de las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en el municipio, entre las que se encuentran las 18.000 ilegales por estar construidas en suelos no urbanizables o destinados para otros equipamientos.Tanto en uno como en otro caso, la cuestión es decidir quién paga los platos rotos. "Aquí hay tres claros culpables, las corporaciones municipales y promotores que cometieron los desmanes y la Junta de Andalucía que los permitió", proclamó convencido a este diario el portavoz de ´Afectados por el PGOU´, José Ortiz.Soluciones. El nuevo Plan General, actualmente en fase de aprobación inicial, establece la recuperación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo de Marbella para infraestructuras y zonas verdes mediante la normalización de 18.000 inmuebles ilegales. Para ello, propone que las empresas promotoras asuman un modelo de compensación a través de pagos o cesiones de terrenos.Si estas empresas rechazan este acuerdo, serán los propios propietarios de los inmuebles quienes deberán hacer frente a esta responsabilidad, en virtud del citado documento. Pero, "el Ayuntamiento se niega a revisar las licencias ilegales y ocurre que no tenemos culpable", criticó el representante de ´29 de Marzo´, Rafaél Ávila.Ávila teme que el planemiento de Marbella se convierta en una pelota que pasa de uno a otro tejado sin que nadie la recoja. "Si nadie les mete mano a los promotores, que pueden responder patrimonialmente, y los propietarios tampoco responden... de dónde sacamos los equipamientos que faltan", añadió.El Gobierno de Ángeles Muñoz abandera a los llamados ´compradores de buena fe´ y ya ha adelantado su intención de incluir mecanismos dentro del texto urbanístico para garantizar que no sean los dueños quienes afronten las compensaciones.Ortiz está de acuerdo. Él es uno de los afectados y califica de injusta esta medida. "Mi propiedad tiene todas las licencias y, a día de hoy, continúa sin tener ni una sola anotación en el registro de la propiedad", señaló. Ávila no es dueño de una vivienda ilegal pero tiene claro quiénes son las auténticas víctimas. "¿No es también comprador de buena fe aquél que cuenta con una casa legal a la que le han tapado las vistas con una ilegal?". Para Ortiz, sus representados son víctimas al cuadrado. Sufren la falta de espacios públicos y además su hogar no es legal.

Prevén que el juicio de ´Malaya´ se inicie en la primavera de 2009. Marbella (La Opinión)

Los magistrados de la Sección Primera esperan contestar en seis meses los recursos que se presenten y que dentro de ese plazo estén elaborados los escritos de acusación y de defensa
La Audiencia Provincial de Málaga se está preparando concienzudamente para acoger el macrojuicio de la operación ´Malaya´ en las mejores condiciones posibles. No en vano, fuentes judiciales de toda solvencia afirmaron que ahora se está trabajando con la previsión de que la vista oral pueda iniciarse en algún momento de la primavera de 2009.No son cálculos baladíes. El pasado mes de enero, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez Corrales, remitió un informe a la Sección Primera, en el que preveía "realizar las declaraciones indagatorias durante febrero y marzo, y en el que estimaba que podría mandar el proceso a la Audiencia Provincial el próximo verano, aunque no especificaba el mes".Antes de que eso ocurra, deben terminar de declarar los 86 imputados en las indagatorias, y, tras ello, el instructor debe emitir el auto de conclusión de sumario, que cierra la instrucción de más de dos años, recibiendo la Sección Primera -que ahora resuelve los recursos del caso- la causa, formada ya por más de 150 tomos.Suponiendo que este trámite se lleve a cabo en septiembre de 2008, los magistrados de la Sección Primera "podrían resolver los diferentes recursos en un plazo de seis meses". Ése no será su único trabajo, ya que durante esos seis meses previstos los magistrados además deberán dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que elabore su escrito de acusación y a las partes para que presenten sus escritos de defensa.Acuerdos. Teniendo en cuenta que muchas partes pedirán aún la práctica de más pruebas, todo este trámite podría "estar listo en marzo de 2009", por lo que el juicio oral se desarrollaría inmediatamente después.A pesar de ello, las fuentes consultadas esperan que "se llegue a acuerdos parciales entre la Fiscalía y las partes para que se reduzca el número de imputados", ya que con 86 procesados la vista oral será prácticamente ingobernable. Si se contempla que el juicio por los atentados del 11-M tuvo 28 acusados y duró cuatro meses y 17 días, tras la declaración de más de 300 testigos y de 70 peritos, imaginar cuál sería el recorrido del juicio por el ´caso Malaya´ puede ser complicado: 86 procesados, más de 100 abogados personados entre defensas y acusaciones populares y particulares, y más de 600 testigos. "Del año seguro que pasamos", añaden las fuentes. "Imagínese que cada una de las 100 partes quiere interrogar a uno de los acusados. Si se tiene en cuenta que se señala cada día por espacio de cuatro o cinco horas, prever la duración es muy complicado", apuntan.La Audiencia ya se está preparando. No en vano, se ha creado una nueva sección penal, la Novena, que entrará en funcionamiento este año y que servirá para que la Primera no se colapse durante la celebración de la vista, además de que podría asumir algún que otro macroproceso de los que andan sueltos: ´Ballena Blanca´, también en fase de indagatorias, e ´Hidalgo´, con una instrucción más embrionaria y compleja. Refuerzo. En la Sección Primera, de momento, ya hay dos funcionarios más de refuerzo, "un número que tendrá que crecer próximamente para hacer frente al caso", apuntaron las fuentes cuestionadas.En cuanto al lugar, tampoco parece haber problemas, como se podría haber pensado en un principio. Algunos magistrados propusieron que la vista se celebrara en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, pero la Junta de Andalucía ha defendido que en la propia Ciudad de la Justicia hay 800 metros cuadrados que no se han utilizado y que podrían albergar la sala que acoja el voluminoso juicio.En cuanto a la seguridad tampoco hay preocupación. Estas semanas se ha celebrado un juicio contra diez peligrosos narcotraficantes magrebíes y la Policía Nacional ha tomado durante días el edificio, sin que hubiera ningún problema, lo que ha causado tranquilidad en la judicatura. El dispositivo de seguridad, según las fuentes, ha sido todo un éxito.Sobre el ámbito procesal, también se preparan las partes para el juicio. Sin ir más lejos, la Fiscalía ha solicitado que el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca pase dos años más en prisión preventiva, hasta un máximo de 4, de forma que afrontaría el juicio desde la cárcel, aunque, eso sí, sería uno de los imputados que más tiempo ha pasado en prisión por delitos económicos (Antonio Camacho, de Gescartera, estuvo tres años).

El Ayuntamiento firma un convenio con una empresa privada para construir VPO. Archidona (SUR)

El alcalde anuncia que se harán 50 viviendas de este tipo detrás del polideportivo municipal

Los ayuntamientos cada vez se implican más en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para garantizar a sus vecinos un hogar digno a un precio que puedan pagar. Es el caso del Consistorio de Archidona, que ha firmado un convenio con la empresa Encovi S. A. para la construcción de casas protegidas en la localidad. El acuerdo establece que el Ayuntamiento archidonés realizará los trámites pertinentes para que en los terrenos municipales que posee para este fin se puedan construir viviendas de este tipo, mientras que Encovi se compromete a desarrollar ese suelo, según explicó el alcalde, Manuel Sánchez.El primer edil señaló que desde que llegó al gobierno municipal ha realizado todas las gestiones para poner en el mercado el suelo municipal destinado a VPO y permitir con ello que los sectores sociales más desfavorecidos puedan acceder a una vivienda. Así, Sánchez recordó las 28 viviendas realizadas por Emprovima, que se entregarán en el momento en el que la Junta les conceda la calificación y anunció que se construirán otras 50 VPO en una parcela que hay detrás del polideportivo municipal.Además, el Consistorio cuenta con otras dos parcelas donde se podrían hacer viviendas protegidas, una situada detrás de la piscina municipal y la otra en la zona trasera de la calle Almohalla, donde se ha intentado sin éxito que la Consejería de Obras Públicas subvencione seis VPO.

El Consistorio obligado a recibir una urbanización por silencio administrativo. Torrox (SUR)

El edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), culpó ayer al anterior gobierno socialista de no haber realizado ningún acta dentro del plazo legalmente establecido sobre la recepción de la urbanización Tablazo Sur, en Torrox Park. Pérez explicó que debido al silencio del anterior gobierno el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de tener que recepcionar la urbanización a pesar de «no estar en perfecto estado». El edil señaló que la promotora se ha acogido al silencio administrativo para exigir la recepción del conjunto, lo que obligará al actual gobierno a tener que subsanar numerosas deficiencias que afectan al asfaltado de las calles, los jardines, parques y al alumbrado. «Si el acta de recepción se hubiera realizado dentro de los cuatro meses que fija la Ley, mencionando todos los arreglos necesarios, el Ayuntamiento no se vería ahora en esta situación, ya que las reparaciones habrían correspondido al promotor».

Los adjudicatarios de las viviendas de Isla Gomera se enfrentan al Ayuntamiento por su precio. Fuengirola (SUR)

Aseguran sentirse «engañados» al enterarse ahora de que los pisos cuestan entre 132.000 y 175.000 euros. El Consistorio recuerda que son inmuebles asequibles contruidos en suelo municipal, aunque no VPO

«Si no podemos pagarlas, ¿por qué nos adjudican estas viviendas?». Ésta es la pregunta que se hacen Elvira López y los otros 25 adjudicatarios de las viviendas asequibles que promueve el Ayuntamiento de Fuengirola en la calle Isla Gomera, detrás del puesto de la Guardia Civil. Esta semana se han reunido con los concejales de Urbanismo y Servicios Sociales, Ana Mula y Francisco José Martín, respectivamente, para expresar su malestar por lo que consideran «un engaño». «Cuando nos avisaron en mayo de 2007 nos dijeron que las casas iban a costar entre 60.000 y 90.000 euros y ahora nos encontramos con que los precios oscilan entre los 132.000 y 175.000 euros», asegura Elvira, a la que no le entra en la cabeza la posibilidad de afrontar una hipoteca de 700 euros con un sueldo de mil euros y un hijo de cinco años que está criando en casa de sus padres. Por ello, solicita incluso que le entreguen la vivienda sin garaje ni trastero para abaratar costes. «Lo único que pido es un techo para vivir», añade.En similares circunstancias se encuentra Noemí Carreño. También es madre soltera de una hija de tres años y el sueldo de 'mileurista' no da para muchos lujos. «Si reunimos los requisitos para una VPO no entendemos por qué nos piden ahora este dinero», se lamenta.Dada la situación económica y social de la mayoría de los adjudicatarios -entre ellos hay madres solteras, mujeres maltratadas y familias con pocos recursos-, Martín se ha comprometido a contactar con la constructora Profasán para intentar rebajar los precios, aunque parece descartable que se ajusten a las exigencias de los vecinos. En este sentido, fuentes municipales aseguraron que los precios son los establecidos por la ley andaluza de vivienda protegida, y que en ningún caso se trata de Viviendas de Protección Oficial (VPO), sino de inmuebles a precios asequibles.Además, durante el encuentro en la sede de Servicios Sociales, tanto Mula como Martín recalcaron que en ningún momento se habló de precios durante las reuniones. Sea como fuere, lo cierto es que algunas de estas familias se van a ver obligadas a renunciar a estas viviendas, puesto que están encontrando numerosos problemas para que les concedan el préstamo hipotecario y, según aseguran, les han dado una semana de plazo para decidirse. «Si no, dicen que tienen gente esperando a que nosotros rechacemos las casas para ellos comprarlas», recalca Noemí.

Sin sorteo

Esta promoción, cuya entrega está prevista para mayo, fue adjudicada a través del mismo pliego de condiciones que se usó en las viviendas sociales de Los Pacos, de forma que fueran para los 26 siguientes de la lista de espera. Desde el Consistorio explicaron que a estos pisos se les quitó la calificación de VPO para que pudieran ser adjudicados sin sorteo a esas personas que se quedaron sin plaza en Los Pacos. El Ayuntamiento ha promovido estas viviendas en suelo municipal sacando a concurso la enajenación de la parcela para construir las viviendas y la guardería municipal con un precio de 359.000 euros. Una cantidad inferior a la estipulada en el mercado y que ascendía a 1,8 millones. La empresa adjudicataria fue Profasán, la cual ofertó el valor del terreno y mejoras de acabado, equipamiento de guardería y zonas verdes aledañas por valor de 100.000 euros.En total, se han construido 14 viviendas de dos dormitorios y 12 de tres. Además, se incluyen aparcamientos y trasteros.

El edil Lázaro Díaz será el nuevo responsable de las relaciones con las urbanizaciones de Mijas. (SUR)

Tamara Vera asumirá las competencias en Residuos Sólidos, que hasta ahora correspondían a Ana Román. Los cambios se harán oficiales en el próximo pleno
Segundo cambio en el equipo de gobierno en lo que va de legislatura, aunque en esta ocasión no es tan traumático como el que supuso la marcha de Agustín Moreno, pues sólo se trata de un movimiento de fichas que afecta a varios concejales del grupo socialista. Con el objetivo de reforzar la relación con las numerosas urbanizaciones del municipio, el alcalde, Antonio Sánchez, ha decidido atribuir una competencia más a Lázaro Díaz, que ya es concejal de Parque Móvil, Mercadillos, Zonas Rurales, Agricultura, Parque Zoosanitario y Vía Pública. Hasta ahora, era el edil de Urbanismo, Juan Cruz, quien se encargaba de las relaciones con las urbanizaciones, aunque no de una forma oficial.Fuentes municipales aseguraron a este periódico que con esta decisión -que ya ha salido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)- se pretende potenciar los vínculos con las zonas residenciales.La modificación del decreto de delegaciones aprobado el 23 de julio del pasado año -día en el que se remodeló el equipo de gobierno con la toma de posesión de Sánchez- también afecta a Ana Román. La primera teniente de alcalde mantendrá las delegaciones de Servicios Operativos, Limpieza y Parques y Jardines, pero cederá los asuntos en materia de Residuos Sólidos a Tamara Vera, concejala de Medio Ambiente y Juventud.Aunque estos cambios ya están confirmados, aún no son oficiales a la espera de su aprobación en el próximo pleno municipal, previsto inicialmente para la semana que viene.

El Colegio de Arquitectos ultima el convenio con el Consistorio. Marbella (SUR)

El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ultima el convenio que firmará con el Ayuntamiento de Marbella para establecer relaciones de colaboración institucional y de carácter técnico, según informó su decano, Francisco San Martín. Está previsto que el acuerdo se rubrique en el plazo de un mes. El propósito es contribuir a la normalización urbanística de la ciudad e impulsar la cuestión de los concursos públicos en las obras que se vayan proyectando, un aspecto que, como advirtió, «no se hace desde hace 20 años».San Martín explicó que se formalizará un protocolo institucional que tendrá «tres o cuatro líneas de trabajo, fundamentalmente de apoyo en el planeamiento urbanístico», una vez que esté aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «La colaboración será intensa en todos estos aspectos», refirió.

Ultiman el vallado del Trapiche, previo a la rehabilitación del edificio. San Pedro de Alcántara (SUR)

Una subvención del Ministerio de Cultura permite costear estos trabajos, que incluyen además la ampliación del acerado

La puesta en valor del Trapiche de Guadaiza, uno de los inmuebles más señeros que data de la colonia agrícola sampedreña, da los primeros pasos en firme, después de años de larga espera. Gracias a una subvención de 50.000 euros, solicitada en su día por la comisión gestora al Ministerio de Cultura, se ha dado luz verde al vallado perimetral de la que fuera Granja-Modelo en los años 60 del siglo XIX y que estuvo operativo como trapiche azucarero en los años 20 de ese mismo siglo. El cerramiento de este solar, cuyo presupuesto de licitación asciende a 30.000 euros (el 60 por ciento del total de la ayuda), está muy avanzado. Operarios de la empresa adjudicataria, Acondima, ultiman la construcción de un pequeño muro, complementado con una verja, en la parte más visible; mientras que en el resto de la parcela se procederá a la instalación de vallas.

Objetivo

De este modo, la Delegación Municipal de Obras y Servicios Operativos, que dirige el concejal Pablo Moro, pretende garantizar la preservación de este emblemático inmueble de posibles actos vandálicos, mientras se resuelve la búsqueda de financiación necesaria para reformarlo con vistas a darle un uso público cultural. Los otros 20.000 euros concedidos por el Ministerio de Cultura se destinarán a la ampliación del acerado, que acometerá la empresa Veracruces Construcciones.Por su parte, la Delegación Municipal de Cultura realiza las últimas modificaciones al proyecto de 2004. La responsable del área, Carmen Díaz, confía en tener listo el documento definitivo en este año. Lo que sí tiene claro es que el remozamiento del Trapiche de Guadaiza, que consta de dos naves -una de ellas calcinada tras un incendio ocurrido en enero de 2000-, se acometerá en una única fase. La intención del equipo de gobierno es que el inmueble sirva como centro cultural, equipado con un teatro, dos bibliotecas, sala de exposición de la maquinaria agrícola y espacios para los talleres de Arte y Cultura.

El Ayuntamiento y el equipo del PGOU se reunirán cada semana para responder a las alegaciones. Marbella (SUR)

El primer encuentro, en el que los técnicos comenzarán por analizar los reparos medioambientales al Plan, tendrá lugar el próximo jueves. «Hay que forzar la máquina», señala el coordinador de Urbanismo, que desconoce cuándo se dará salida a las primeras contestaciones
Las primeras respuestas a las alegaciones contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) están a la vuelta de la esquina. Tras concluir la fase de estudio de los 8.537 reparos presentados durante los dos meses en los que el planeamiento estuvo en información pública, tanto el Ayuntamiento como el equipo redactor van a comenzar a dar salida a los escritos para ir caminando con paso firme hacia la aprobación provisional del Plan General de la ciudad. Después sólo quedará que la Junta diga la última palabra: si le da el visto bueno o no. Según explicó a este periódico Juan Carlos Fernández Rañada, coordinador de Urbanismo, el próximo jueves el equipo redactor, capitaneado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, y técnicos del Consistorio mantendrán la primera de las reuniones semanales que se fijarán hasta que todas las alegaciones sean informadas, ya sea positivamente, con la incorporación de las demandas al documento urbanístico, o negativamente, justificando los motivos por los que se quedan fuera. «Ellos hacen una propuesta y nosotros otra y tenemos que ver en qué términos se contestan», valoró Fernández Rañada.Primero se dará salida a las de corte medioambiental, presentadas tanto por colectivos como por particulares. Hay una razón de peso. Con esta medida el equipo de gobierno prevé agilizar la tramitación del informe de impacto ambiental, de carácter vinculante, que debe que emitir la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. No en vano, sostiene que este trámite suele dilatarse en el tiempo entre seis meses y más de un año y medio y habitualmente es posterior a la aprobación provisional.«Nos interesa ir haciéndolo en paralelo para ir cerrando los plazos; ver si hay alguna problemática en este sentido», abundó el coordinador de Urbanismo, que apenas lleva dos semanas al frente de este cargo municipal de nueva creación. Con todo, desconoce cuándo se podrán empezar a responder las primeras alegaciones de las más de 8.500 contabilizadas.Adelantó que las reuniones bilaterales entre el equipo redactor del Plan General y los técnicos municipales de la Delegación de Urbanismo tendrán un orden del día prefijado, con las alegaciones ya clasificadas por problemáticas tras el trabajo de los últimos meses por ambas partes, con el fin de agilizar lo posible el trabajo.

Informes sectoriales

«Hay que forzar la máquina y meter en ritmo el trabajo», subrayó Fernández Rañada, que especificó que la mayoría de los informes sectoriales perceptivos para seguir adelante con la tramitación del documento -que determinan si hay algún aspecto que perfilar en aspectos de infraestructuras, de recursos hídricos o de patrimonio- ya están listos. Es el caso de los de Carreteras, Costas o Cuenca Mediterránea Andaluza. Resta el de Cultura, que debe emitir igualmente la Junta.Es previsible que las negociaciones entre el Consistorio y el equipo redactor sean más intensas en cuanto se aborden la situación en que quedarán las 18.000 viviendas ilegales. Los criterios de la Junta, que tuteló la redacción del Plan cuando ostentó las competencias urbanísticas, son opuestos a los del equipo de gobierno, que ya ha advertido de que protegerá a los propietarios para que no tengan que pagar de su bolsillo las compensaciones. Casi la mitad de los reparos se refieren, de hecho, a las medidas de normalización.

La Junta subvencionará la rehabilitación de 1.500 viviendas en 97 municipios de la provincia (Málaga Hoy)

Las casas deben tener más de 10 años. El plazo de solicitud se abre el próximo 13 de marzo
La Junta de Andalucía suscribió ayer convenios de colaboración con 97 municipios de la provincia de Málaga para subvencionar la rehabilitación de casi 1.500 viviendas a lo largo de 2008, para lo que se destina una inversión próxima a los 9 millones de euros. Sólo tres municipios, Málaga capital y Casares, por tener áreas de rehabilitación concertadas, y Benahavís, no han suscrito el acuerdo.Estas intervenciones se sumarán a las desarrolladas en la provincia a lo largo de los últimos cuatro años. La delegada provincial de Obras Públicas, Josefa López, informó de que en este periodo el Gobierno regional ha colaborado en la restauración de más de 7.000 viviendas, con 36 millones de gasto.Esta línea de ayudas económicas está dirigida a los propietarios de viviendas con más de 10 años de antigüedad, fijándose la participación de la Administración autonómica en el 50 por ciento de la financiación del coste de intervención. El presupuesto máximo de ejecución es de 14.000 euros cuando se trate de corregir las condiciones de seguridad estructural del inmueble y de 10.000 euros para los demás casos.El plazo de presentación de solicitudes, que serán entregadas en los ayuntamientos, quedará abierto el próximo 13 de marzo y se extenderá por un mes. López explicó que para poder acceder a esta colaboración el solicitante debe residir de manera permanente en la vivienda objeto de la actuación y los ingresos familiares no deben superar los 1.300 euros mensuales. Las mejoras subvencionables van desde la mejora de la estabilidad de la casa hasta la supresión de las barreras arquitectónicas.

La Junta licita un nuevo tramo del AVE a Sevilla por 52 millones de euros (Málaga Hoy)

Se trata del trayecto entre Antequera y Fuente de Piedra, de siete kilómetros de longitud · Esta línea del Eje Ferroviario Andaluz tiene ya el 60% de su recorrido en ejecución
Más de la mitad del AVE a Sevilla está ya en obras o en proceso de iniciar las mismas. Ayer, la Junta de Andalucía dio otro paso firme para la construcción de este Eje Ferroviario Andaluz con la licitación de un nuevo tramo. Concretamente es el que une las localidades de Antequera y Fuente de Piedra. Tiene siete kilómetros de longitud y el precio de salida es de 52 millones de euros. Las obras que salen a concurso, que tienen un plazo de ejecución de 24 meses, suponen la construcción de una nueva plataforma ferroviaria que permitirá una velocidad de 250 kilómetros por hora. El resto de elementos (electrificación, instalación de la vía o la implantación de sistemas ferroviarios) serán objeto de otro concurso. Este tramo es el que permite la conexión desde Sevilla con la estación de alta velocidad Antequera-Santa Ana. Desde allí, en 2013, saldrán las futuras comunicaciones hacia Granada, aunque esta línea la construye el Ministerio de Fomento. También hacia Málaga, gracias a la vía que ya funciona desde el pasado mes de diciembre de 2007. Según explicó ayer la Junta de Andalucía en un comunicado, el 60 por ciento del trayecto entre Sevilla y Antequera -de una longitud de 128 kilómetros- está ya en ejecución o con obras licitadas. El restante 40 por ciento, correspondiente al trazado entre Sevilla y la localidad de Marchena, está en fase de redacción de los proyectos constructivos. El Eje Ferroviario Andaluz permitirá la conexión directa entre Málaga y Sevilla sin tener que pasar, como ocurre actualmente, por Córdoba. Además, conectará por alta velocidad las capitales de Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. La duración prevista del viaje entre las capitales malagueña y sevillana, una vez esté en marcha la línea, será de 55 minutos "lo que supondrá una mejora sustancial frente al vehículo privado", según el comunicado de la Junta. Además, el viaje a Granada (con la línea que ejecuta el Ministerio de Fomento) se podrá realizar en 50 minutos. La inversión total prevista por la Junta de Andalucía para la línea de alta velocidad entre Sevilla y Antequera es de 1.000 millones de euros. Su objetivo es "potenciar la vertebración territorial de la comunidad autónoma, proporcionando una conexión entre las principales capitales con unos tiempos de viaje muy competitivos frente al vehículo privado".

Dos empresas proyectan usar escombros para la construcción de carreteras (Málaga Hoy)

'Pavimentos ecológicos' ha sido ideado por las firmas Cemosa y Financiera y Minera · Será usado en la vía Coín-Casapalma
Dos empresas investigarán el reciclado de residuos de obras para la fabricación de hormigón y su posterior utilización en la construcción de pavimentos para carreteras. El proyecto, denominado Pavimentos ecológicos y presentado ayer en Málaga, está financiado en un 24 por ciento por la Junta de Andalucía y tiene como objetivo proporcionar los medios técnicos para que el sector de la construcción utilice los escombros para la creación de pavimentos respetuosos con el medio ambiente. La iniciativa será llevada a cabo por las empresas Cemosa y Hormigones y Minas -perteneciente a Financiera y Minera- y fue seleccionada en diciembre de 2007 por la Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno andaluz. El plazo para el desarrollo de la investigación es de dos años. La iniciativa también cuenta con la colaboración del Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación de la Universidad de Málaga. El trabajo de investigación analizará las propiedades de los áridos procedentes de los residuos y determinará las características necesarias para que el nuevo hormigón cumpla las condiciones de calidad y seguridad para su uso en la pavimentación de vías. El objetivo final es la elaboración de un pliego de condiciones técnicas que sirva de soporte normativo en la adjudicación por parte de las administraciones públicas de proyectos de construcción de carreteras. De hecho, en el proyecto se intenta la fabricación de zahorra y hormigón seco obtenidos a partir del reciclado de hormigón y productos de demolición para su empleo en pavimentación de carreteras y calles. Será probado de forma experimental en la carretera Coín-Casapalma. Los datos recogidos en el proyecto establecen que sólo en la provincia de Málaga se producen cerca de 800.000 toneladas anuales de residuos de la construcción, lo que supone 550 kilogramos por habitante y año. La cifra también equivale a tres estadios de fútbol llenos de escombros hasta una altura de veinte metros cada uno. En más de un 90 por ciento de los casos dichos escombros se depositan en vertederos y sólo un 5 por ciento de ellos se recicla, lo que sitúa a España a la cola de reutilización de estos residuos respecto a otros países europeos como Holanda, donde se alcanza el 90 por ciento, o Bélgica, donde se supera el 80 por ciento.Según explicó durante la presentación del proyecto el director de Financiera y Minera, Juan Cobalea, el II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición para el periodo 2007/2015 establece entre sus objetivos el reciclaje del 40 por ciento de los residuos de construcción y demolición. Sin embargo, aún no existe una normativa que facilite la reutilización de estos escombros.

Denunciarán al Consistorio por no pagar el suelo de la ciudad deportiva. Ronda (Málaga Hoy)

Cinco años después de una permuta de terrenos, los propietarios siguen sin recibir ninguna compensación · Obras alega "falta de acuerdo" con ellos
La sociedad promotora Ronda Tajo, la representante de los propietarios originales de los terrenos donde se ha comenzado a construir la ciudad deportiva de Ronda, ha anunciado que presentará una denuncia contra el Ayuntamiento de la localidad por haber incumplido los términos del convenio alcanzado entre ambas partes para la cesión de dichos suelos. "Cinco años después de la firma de una permuta, los propietarios no han recibido todavía compensación alguna", denunció la promotora. Fue en noviembre de 2002, siendo alcalde el socialista Juan Benítez, cuando el Consistorio acordó permutar 5.965 metros cuadrados colindantes al recinto ferial "por 2.147 metros cuadrados que el Ayuntamiento posee en la UE-19", según el convenio. Aún así, pasado todo este tiempo, esta última parcela aún no ha sido escriturada a favor de los denunciantes, según aseguraron ayer éstos, que denunciaron su cansancio "ante el desentendimiento y la falta de voluntad de los actuales responsables de la Concejalía de Obras por solucionar esta situación, mientras siguen usando aquellos terrenos a su libre albedrío". Pero el problema es mucho más complejo si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento acabó utilizando para la construcción de las nuevas instalaciones deportivas 10.230 metros cuadrados del terreno, más de la mitad de los acordados con la citada permuta. Por ello, se comprometió a pagar la superficie de más atendiendo "a las valoraciones municipales realizadas para otras subastas de suelo municipal en la misma unidad de ejecución". Ronda Tajo asegura que, sin embargo, los suelos han sido valorados "por debajo de ese compromiso". El último informe municipal, fechado en 2005, pretende una indemnización de 212.505 euros, cuando los propietarios exigen más de 600.000. El concejal de Obras y Urbanismo, José Herrera (PP), dijo ayer que "los suelos de la ciudad deportiva son suelos de propiedad municipal" para despejar temores y añadió que existe atasco por parte de los propietarios, "que no aceptan la valoración técnica". "Sólo de eso está pendiente la liquidación que pondrá fin al problema", concluyó Herrera.