Piden cárcel para tres acusados por la muerte de un trabajador (Málaga Hoy)

La víctima, sin contrato y en situación irregular, cayó desde el quinto piso del hotel Las Palomas de Torremolinos
La Fiscalía de Málaga ha solicitado en sus conclusiones provisionales un total de nueve años de prisión para tres personas acusadas de la muerte de un trabajador que cayó desde una altura de 15 metros en un hotel de Torremolinos. El accidente laboral se produjo el 28 de abril de 2005, el mismo día en que la víctima había sido contratada verbalmente por la entidad encargada de los trabajos del Hotel Las Palomas de la referida localidad. El fiscal pide que el administrador de la empresa propietaria del hotel, el gestor de la constructora y el encargado de obras sean juzgados por un delito de contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente, según el escrito acusatorio. El Ministerio Público argumenta que la propietaria del establecimiento hotelero contrató las obras de reforma de varias de sus instalaciones sin la pertinente licencia municipal y que los trabajos fueron encargados a una constructora que no elaboró plan de seguridad, ni nombró un técnico para supervisar la misma. En la obra trabajaban algo más de una veintena de trabajadores, "expuestos todos ellos a condiciones precarias de seguridad", ya que ninguno de los acusados realizó un plan de prevención de riesgos laborales, señala el fiscal. El accidente se produjo sobre las 17.00, nueve horas después de que el obrero comenzara a trabajar para la empresa sin contrato laboral "y a sabiendas de que el mismo carecía de permiso de trabajo" y no estaba dado de alta en la Seguridad Social. El fiscal acusa al encargado de obras de encomendarle el manejo del montacargas de elevación, pese a que carecía de experiencia para ello. En el momento del siniestro el trabajador se encontraba en la quinta planta del edificio utilizando la máquina, que no estaba bien anclada y tras perder la estabilidad, cayó al vacío, sufriendo múltiples lesiones encefálicas y en el tórax, que le produjeron la muerte inmediata.

Un largo camino sin destino (Málaga Hoy)

Décadas y décadas vienen escuchando hablar los vecinos de El Palo de la posible legalización de las viviendas que se localizan sobre dominio público marítimo terrestre. Un periodo de tiempo en el que las administraciones públicas se han apresurado a anunciar soluciones inmediatas y definitivas para estas construcciones. El último paso lo dio hace una semana el director general de Costas, José Fernández, quien, si bien no manifestó la seguridad de que la situación jurídica de estas casas sea normalizada, sí informó de la elaboración de un proyecto que permitirá adecuar el frente litoral de este espacio de costa. Una medida que puede abrir la vía legal para solventar las dudas que durante tantos años asaltan a las 400 familias que se encuentran afectadas por esta incertidumbre. Sin embargo, dados los antecedentes, las palabras de Costas hay que tomarlas con todas las precauciones. La llegada al Gobierno central del PSOE abrió unas expectativas entre los afectados que finalmente no se han visto cumplidas. En mayo de 2004, el entonces responsable de Costas en la provincia, Juan Carlos Fernández Rañada, se comprometió a retomar el paralizado expediente de deslinde para sacar estos inmuebles del delicado escenario en el que se encuentran. Pero la intención sigue, cuatro años después, en suspenso.Algunos meses después, en diciembre de 2005, la secretaria general del PSOE y portavoz municipal de esta formación en el Ayuntamiento de Málaga, Marisa Bustinduy, informó del acuerdo alcanzado con la Dirección General de Costas para que a lo largo de 2006 las viviendas fuesen legalizadas. Y el intento, de nuevo, ha quedado en nada.Todo ello en un contexto en el que la amenaza de la piqueta ha estado presente siempre. En los últimos años, los técnicos redactores del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad plantearon en el documento la demolición de algunas viviendas para "esponjar" el barrio y permitir la construcción de equipamientos. La medida provocó una importante protesta por parte de los vecinos, que obligó al alcalde, Francisco de la Torre, a dar marcha atrás en la iniciativa y dejarla sin efecto. A día de hoy, el planteamiento municipal no es otro que acordar con los residentes de la zona aquellas iniciativas necesarias para dignificar las condiciones del barrio.Y la última sombra vino de la mano del Ministerio de Medio Ambiente. Los primeros borradores de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, documento elaborado para analizar y plantear actuaciones en el litoral, incluían la necesidad de derruir las 400 casas de El Palo y Pedregalejo que se encuentran en situación ilegal. La filtración de estas conclusiones hizo que los responsables de Costas rechazasen cualquier intervención drástica en esta zona de la capital y se apostase, por enésima vez, por buscar soluciones de legalización.

El proyecto de las torres de Repsol está anclado tras dos años de espera (Málaga Hoy)

Comarex finaliza el estudio de tráfico exigido por la Junta y el Ayuntamiento y abre el camino para impulsar la aprobación de construcción de los cuatro rascacielos.

Casi dos años después de que fuese presentado en público, poco se sabe del gran proyecto urbanístico que el Ayuntamiento de Málaga y la empresa Comarex pretenden ejecutar sobre los antiguos suelos de Repsol. La intervención diseñada sobre esta parcela, localizada junto a la Avenida Juan XXIII y del futuro bulevar sobre el soterramiento del AVE, sigue estancada a la espera de su tramitación ante la Comisión Provincial de Urbanismo, por la que, de momento, sigue sin pasar.El diseño previsto para este entorno, que pasará a convertirse en una nueva centralidad urbana, contempla la ejecución de grandes torres residenciales y de oficinas. En concreto, y tras varios cambios de forma y contenido, serán cuatro los rascacielos que se levantarán sobre esta parcela, con 99, 106, 113 y 168 metros de altura, respectivamente.

La actuación es fruto del convenio firmado el 21 de marzo de 2006 por Comarex y el Ayuntamiento de la ciudad. Según el acuerdo, la Gerencia de Urbanismo se comprometía a impulsar la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para triplicar la edificabilidad de este suelo, que pasará de 0,34, según el plan vigente, a uno, permitiendo a los nuevos propietarios de los terrenos edificar 930 viviendas de renta libre y unas 400 de protección oficial. A cambio de la intervención municipal, el documento fija una compensación económica a la ciudad de 82 millones de euros, de los que 21 millones tienen que ser ingresados conforme se produzca la aprobación definitiva de la modificación del PGOU y la parte restante, conforme se desarrollen los suelos. Este procedimiento se ajusta a las exigencias de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor a finales de 2005 y que afecta de lleno a este acuerdo urbanístico.Fuentes de la empresa constructora justificaron la demora de la intervención en la elaboración de unos informes de tráfico exigidos por la Junta de Andalucía y por el Consistorio, que ya han sido finalizados. Este trabajo ha sido realizado por la empresa catalana Doymo Desarrollo, Organización y Movilidad. "Una vez acabado es el Ayuntamiento el que tiene que hacer lo conveniente", indicaron las fuentes. El paso que deberá dar no es otro que tramitar el expediente ante la Comisión Provincial de Urbanismo, cuya decisión no será vinculante, al tiempo que la iniciativa deberá disponer del aval del Consejo Consultivo de Andalucía. Será ese el momento en que se sabrá definitivamente si la aprobación definitiva de esta propuesta corresponde a la Junta de Andalucía, como sostiene la Administración autonómica, o no, como defiende el equipo de gobierno del PP. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, confirmó estos extremos y negó que exista problema alguno relacionado con esta intervención.

La duda vive en las casas de pescadores de El Palo (Málaga Hoy)

La mayoría de los vecinos afectados muestra su desconfianza acerca de las promesas de las administraciones públicas sobre la posible legalización de sus viviendas · Muchos de ellos viven a pie de playa desde que nacieron y confían en poder seguir allí el resto de sus vidas
Hablan con la voz de los años, de las penurias, del dolor y el salitre clavado en la piel. Lo hacen con el sentimiento sincero de ser parte de la costa sobre la que se asientan los pilares de su familia y de las casas donde habitan desde el momento mismo en que nacieron. Sus palabras dan forma al mensaje original de una de las barriadas más señeras de Málaga, de los pescadores que levantaron siglos atrás las primeras chabolas, las primeras edificaciones de madera sobre un suelo marcado en los últimos años por las dudas y las sombras. Rosario, Carmen, María… son algunas de las que sobreviven en las casas de El Palo.Conviven con los interrogantes que se ciernen sobre las viviendas que las alojan con la resignación natural de que quien lleva haciéndolo después de varias décadas. Ahora, cuando asoma en el horizonte una nueva promesa para hacer legal lo que las administraciones entienden ilegal, su testimonio es el reflejo mismo de la incertidumbre. La Dirección General de Costas contempla ahora adecentar este frente litoral como paso previo al camino de legalización de los 400 inmuebles localizados en dominio público marítimo terrestre. Es un privilegio caminar por la fachada misma de estas casas, adecentadas con el esfuerzo de sus propietarios, y lo es aún más conversar con estos vecinos de El Palo, cuyas historias lo son también de Málaga. María Soler lleva casi 96 años habitando uno de estos inmuebles. Su hija, Carmen López, nos cuenta que fue su abuela la que hace más de cien años compró la parcela sobre la que se levanta, por poco más de 35 duros de la época. "Y toda la vida el mar nos ha dado a los vecinos por el culo y los vecinos le hemos dado al mar", afirma con contundencia. "Pagamos la contribución, la basura, el riego de las calles, aunque no las riegan… Mi casa sí tenía papeles, pero vino un temporal y se los llevó", comenta Carmen, quien no esconde su temor a que el futuro de estas viviendas pueda estar en peligro.Justo al lado de esta edificación tiene su negocio Antonio. Un bar que abrió sus puertas hace 29 años. "No me creo lo de la legalización mientras no esté demostrado", afirma con la certeza que le da llevar más de 50 años, desde que nació, escuchando hablar de lo mismo. "Mientras no lo vea no me lo creo".En otra parte del barrio, un pequeño corrillo de cuatro mujeres se reúnen con ansias de expresar su opinión sobre el asunto. Una de ellas, María Jiménez, pregunta si es que van a tirar las viviendas. "¿Si es así, por qué dejaron que se hicieran estas casas; por qué dejan sacar permisos de obra a dos millones de pesetas; por qué tengo que pagar unos doscientos euros de contribución todos los años. Para que ahora no tenga nada?". Es la lógica aplastante del que padece sin saber por qué."Mi casa la he levantado con mi marido, que ha tenido que dar muchos golpes de mar", agrega. María, como otras muchas, sigue ignorando cuál será el futuro del lugar en el que habitan, en su caso, desde hace 34 años. Sus dos hijas nacieron allí y salieron de ella casadas. "Vivimos en un paraíso como para que vengan cuatro granujas y traten de ganar dinero a nuestra costa. Si las van a echar abajo, será con nosotras dentro", grita, en un mensaje que secunda otra de las propietarias. Su situación es la misma que Rosario Díaz y Carmen Serrano, que con 70 años no recuerdan otro paisaje que el de la playa de El Palo.Dolores Luque, cuyas manos reflejan haber cumplido los 84 años de edad, llegó al barrio cuando tenía 10. En aquel entonces, la mar llegaba a apenas unos metros de las fachadas. "Lo que había en aquellos años eran casas de cartón o de madera, chabolas. Y cuando venía un temporal se metía dentro de ellas", añade.Otro de los afectados es Miguel Caparrós, quien abandonó hace unos años el barrio, pero en el que mantiene una vivienda antigua, donde reside su suegra. Esta casa mantiene la fisonomía casi intacta de cuando fue construida. Apenas 40 metros cuadrados de espacio, techos marcados por el paso del tiempo… Y ahora, Miguel ha solicitado a la Gerencia de Urbanismo permiso para hacer obras de mejora. "Esta casa era de mis padres y se la he comprado a mis hermanos. Ahora intento hacer obras y tenemos los permisos pedidos y pagados", añade.Todos ellos son malagueños en cuyas caras se marca la angustia de la incertidumbre; hombres y mujeres que, en su mayoría, nacieron en las mismas casas sobre las que desde hace décadas se cierne una sombra constante de duda a la que ninguna administración, hasta el momento, ha sabido dar respuesta. Son algunos de los ocupantes de las 400 casas de pescadores de El Palo.

El presidente y el director de Aifos prestarán declaración indagatoria por el Caso Malaya (La Opinión)

El presidente y el director general de la promotora inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado y Jenaro Briales, respectivamente, comparecerán mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, para prestar declaración indagatoria por el "Caso Malaya".
Ruiz Casado y Briales fueron detenidos en julio de 2006 en una actuación policial enmarcada en la segunda fase de la "Operación Malaya" contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol, en la que también fue apresado el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y están procesados por un delito de cohecho. Ambos permanecieron en prisión preventiva cerca de diez días hasta que abonaron una fianza de 500.000 euros, en el caso de Ruiz Casado, y de 200.000 euros por parte de Briales. El presidente de Aifos está además imputado en un procedimiento aparte desglosado del "Caso Malaya" por un presunto delito fiscal, mientras que existe otra pieza separada por supuestos regalos de la empresa promotora a autoridades y funcionarios públicos de varias provincias. Además de Ruiz Casado y Briales, también declararán ante el juez mañana por esta causa los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, procesados por los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Sánchez y Liétor fueron detenidos en la primera fase de la "Operación Malaya" y ambos están también imputados junto con los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe y el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca en una pieza separada por dos operaciones urbanísticas. El martes 4 de marzo han sido citados por el magistrado para prestar declaración indagatoria los empresarios José Ávilas Rojas, Rafael Gómez y Emilio Rodríguez Bugallo. Las comparecencias indagatorias por el "Caso Malaya" comenzaron el pasado 18 de febrero con la declaración de Yagüe, la que fue primera teniente de alcalde del consistorio marbellí Isabel García Marcos y otros tres ex ediles, y desde entonces ya han cumplido con esta citación cerca de una veintena de procesados. En las declaraciones indagatorias el juez notifica el auto de procesamiento a cada encausado y sus defensas tienen la oportunidad de preguntar a los declarantes y solicitar nuevas pruebas. Una vez completado este proceso, el magistrado elaborará el auto de conclusión de sumario y el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial de Málaga, que dará traslado al Ministerio Fiscal para que lleve a cabo las acusaciones y cite a los letrados para la presentación de los escritos de defensa antes del señalamiento del juicio.

El alcalde de Alhaurín invirtió en un año el doble de su capacidad de ahorro (La Opinión)

El alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), y su esposa, Teresa Santos, realizaron en un año una inversión inmobiliaria cuyo importe supuso cerca del doble de la capacidad de ahorro de la familia, según un informe policial que consta en el sumario judicial del "Caso Troya".
El informe, realizado por la sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, y al que ha tenido acceso Efe, establece que durante tres años la familia Martín-Santos llevó a cabo compras inmobiliarias por más de 73.000 euros y destaca que todas ellas fueron en efectivo. El documento policial, secreto hasta hace pocos días, recoge que la capacidad de ahorro del regidor y su mujer en 2005 sería de cerca de 26.000 euros, mientras que la inversión inmobiliaria superó los 51.000 euros y resalta además que el matrimonio adquirió un vehículo Audi por un importe cercano a los 30.000 euros. Según la Policía, la pareja compró a lo largo de su matrimonio doce propiedades inmobiliarias y "solamente" en tres casos se subrogó a un préstamo hipotecario, dos de los cuales se cancelaron al año siguiente de su adquisición al producirse la venta de la propiedad. Los investigadores creen que Serón ha realizado presuntamente "en cuentas de su titularidad la colocación de efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo". Este informe señala que la práctica inexistencia de adeudos en una mencionada cuenta de la familia para el sostenimiento de los gastos normales de sus integrantes, "ponen de manifiesto que éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de fuentes de renta de origen desconocido". El informe, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, ha analizado las cuentas bancarias del matrimonio, así como el uso que del dinero hacían los dos y los investigadores deducen que podría existir presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito. Para esta afirmación, los agentes se basan en su investigación en la que destacan que "detectan" en la unidad familiar Martín-Santos incrementos patrimoniales no justificados e importante generación de efectivo que posteriormente se trasmite, transforma e incorpora en el circuito financiero legal en forma de producto bancario. El alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín de Grande, Gregorio Guerra, fueron detenidos el 18 de enero de 2007, en la primera fase de la Operación Troya, en la que fueron arrestados en otras fases 22 personas más, el arquitecto municipal, el asesor jurídico del Ayuntamiento y veinte empresarios. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín (Málaga), Carlos Peinado, ha levantado la última parte que quedaba secreta después de un año de instrucción y la mayoría de los imputados son empresarios de la construcción o vinculados con el sector.

Ayuntamiento y Junta firman el convenio para la rehabilitación de viviendas (SUR)

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, ha firmado con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía el programa de rehabilitación de viviendas de este año. El organismo autonómico acordó hace unos días destinar en total 9 millones de euros para este programa, lo que podría representar ayudar a la rehabilitación de unas 1.500 casas en deficiente situación por toda Andalucía. En Alhaurín, el plazo de presentación de solicitudes para beneficiarse de este programa comienza el próximo día 10 de marzo y finaliza un mes después. Estas ayudas están destinadas a familias que necesiten mejoras en su domicilio habitual, con subvenciones para las obras que irían desde al 50 al 75 por ciento del coste. Las ayudas se concederán a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros, aunque esa cantidad dependerá también del número de miembros de la unidad familiar.

El proyecto para desdoblar la carretera que une Antequera con Santa Ana costará 1,1 millones (SUR)

La Junta de Andalucía saca a licitación la redacción del texto con idea de mejorar la comunicación con la estación de AVE

Era una actuación muy necesaria, sobre todo, desde finales del año 2006. La puesta en funcionamiento de la estación AVE Antequera-Santa Ana hace poco más de un año puso al descubierto las carencias en comunicaciones de esta pedanía con la ciudad.Hasta ahora, existen dos formas de llegar a la estación: por la pedanía de Bobadilla Pueblo mediante una carretera convencional o por la autonómica A-384 dirección Campillos, que cuenta con un único carril de circulación para cada sentido.Con la llegada de la Alta Velocidad a Antequera el tráfico de vehículos se ha incrementado y ya hay solución a la vista. Y es que la Junta de Andalucía ha sacado a licitación, a través de Giasa, el proyecto para el desdoblamiento de esta vía desde La Colonia de Santa Ana hasta la autovía A-92. Ahora, las empresas interesadas en la redacción del mismo deberán presentar sus ofertas antes del 22 de abril. La redacción del proyecto costará 1.123.491 euros.De esta forma la Junta da respuesta a una moción aprobada por el pleno municipal de Antequera, a instancia del Partido Popular, en noviembre de 2006 en la que se instaba a la Administración autonómica a acometer estos trabajos.El alcalde de Antequera, Ricardo Millán, mostró ayer su satisfacción por la noticia y reconoció que «se trata de una actuación necesaria, más aún, desde que entró en servicio la estación de Santa Ana». Millán no quiso dar plazos de ejecución, ya que eso quedará definido cuando se tenga concluido el proyecto.

Lista de espera para comprar un piso de lujo en el edificio de Félix Sáenz (SUR)

Ya hay 250 personas interesadas por hacerse con una de las 52 viviendas que la empresa Restaura construye en el inmueble, sometido a rehabilitación. La casa más cara, un ático dúplex de 117 metros, rozará el millón de euros
NUEVO FÉLIX SÁENZ
Inversión: 40 millones de euros.

Viviendas: 52, de distintas tipologías. La superficie va de 50 a 117 metros cuadrados, ya que hay piezas de uno, dos y tres dormitorios.

Precio: 360.000-900.000 euros.

Fase de ejecución: Se ha terminado el estudio arqueológico y la demolición del interior del edificio. Pronto comenzará la construcción de la nueva estructura, que durará 22 meses. La obra finalizará con la rehabilitación de la fachada.

Local comercial: Tiene 1.024 metros repartidos en dos plantas.

Es un inmueble que pocos malagueños no han visitado. No en vano Félix Sáenz fue el primer gran almacén de la ciudad; un emporio comercial que supo mantenerse durante más de 120 años, hasta que en la década de los 90 las grandes cadenas comerciales le arrebataron la clientela. Pero cuando el inmueble inicie su nueva vida, sólo un selecto grupo de privilegiados podrá acceder a su interior. La empresa catalana Restaura, especializada en la rehabilitación de edificios emblemáticos, está convirtiéndolo en un bloque de viviendas de lujo. Y no le faltan novios: 250 personas están apuntadas en lista de espera para optar a uno de los 52 pisos que albergará Félix Sáenz, lo que da idea del interés que ha despertado el proyecto. En dicha lista no falta gente 'VIP', apuntan desde la constructora.Cualquiera diría que hay crisis inmobiliaria. Eso de tener 'colocada' una promoción antes de empezar a construirla suena a otra época. Pero Félix Sáenz es un caso especial. «Para el sector es un momento complicado, pero este es un proyecto único, muy exclusivo, que sólo va a salir al mercado una vez. Y no sólo por la arquitectura del edificio y por su ubicación sino por las características de las viviendas. En cuestión de acabados, es algo que nunca se ha hecho en Málaga», afirma el delegado de Restaura en la ciudad, Jorge Alberto Pardo, quien añade que el inmueble contará con garaje subterráneo y que ofrecerán de forma opcional instalaciones domóticas.

Tipologías y precios

Será a mediados o finales de este mes cuando comience la comercialización de las viviendas, que tienen varias superficies y precios para albergar a distintas tipologías de familias: de 50 a 117 metros cuadrados; de uno, dos y tres dormitorios y entre 360.000 y 900.000 euros. ¿El piso más caro? «Un ático dúplex de la máxima superficie, con tres habitaciones y vistas espectaculares», revela Pardo. La rehabilitación de Félix Sáenz para su uso residencial no está siendo fácil. De hecho, el edificio pasó por dos manos -Somersen y Dos Promociones Aceras- antes de llegar a las de Restaura, que lo compró por 30 millones de euros en 2006 y está invirtiendo 10 millones más en la reforma, siguiendo un proyecto del arquitecto malagueño José Seguí. «Nuestro reto es hacer cosas que nadie se atreve a hacer, obras complicadas como esta, que para nosotros merecen la pena porque suponen un beneficio para la ciudad», afirma el director de marketing de Restaura, Julio Villalobos. A mediados de este mes comenzará la fase de construcción propiamente dicha, ya que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido realizar un estudio arqueológico y demoler el inmueble por dentro, respetando su fachada. Por eso a día de hoy el edificio ofrece un aspecto totalmente hueco. Construir un nuevo bloque en su interior va a requerir «un gran esfuerzo de planificación y logística», resalta Pardo, quien cifra en 22 meses el plazo de ejecución de la obra. Después vendrá la fase de rehabilitación de la fachada, que tiene el objetivo de devolverle su esplendor, pero respetando todas sus características originales.

Local comercial

La única incógnita que queda por desvelar en Félix Sáenz es quién se quedará el gran local comercial que ocupa las dos primeras plantas del histórico inmueble. En total, son 1.024 metros cuadrados por los que ya se ha interesado una serie de empresas, entre ellas El Corte Inglés. «Para elegir al inquilino primará el proyecto que se presente,que debe estar a la altura del edificio», afirma el delegado malagueño de Restaura.

Denuncian deficiencias en las viviendas construidas por Emvipsa en Méndez Hoyos. Vélez-Málaga (SUR)

Los vecinos del edificio de viviendas promovidas por la empresa municipal Emvipsa en la calle Méndez Hoyos, en el solar del antiguo matadero municipal, han exigido al Ayuntamiento la reparación de las numerosas deficiencias detectadas en la construcción. Se trata mayoritariamente de humedades que afectan a buena parte de las 13 viviendas del inmueble, las cuales están haciendo imposible la vida de los vecinos en sus casas debido a la aparición de hongos.El alcalde, Francisco Delgado, dijo ayer en rueda de prensa que el asunto está siendo estudiado por los técnicos de la empresa municipal, cuyo consejo de administración se reunirá la próxima semana para decidir el tipo de medidas que se llevarán a cabo. El regidor criticó a los anteriores responsables municipales encargados de la promoción, a la vez que dijo que se exigirán responsabilidad a la empresa constructora. «El PSOE dice que estamos viviendo de la renta. Unas cosas son buenas y otras son malas como esta», manifestó Delgado. El edil dijo también que los adjudicatarios de otra promoción realizada en la zona del Polideportivo han pedido que asimismo se subsanen las deficiencias aparecidas en su edificación.

Oña acusa a la Junta de paralizar varios proyectos. Fuengirola (SUR)

La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, acusó ayer a la Junta de Andalucía de obstaculizar el desarrollo de la ciudad con la paralización de proyectos como la ampliación del puerto deportivo, la creación de nuevos juzgados o el hospital. Oña aseguró que la Junta «se dedica a la obstrucción, al freno y a poner trampas» a Fuengirola. Entre los proyectos paralizados destacó la reforma del puerto deportivo, que según la primera edil «podría convertirse en el motor económico de la ciudad con tan sólo tener la autorización de la Junta». «No pedimos dinero, sólo el permiso y llevamos 14 años en el olvido», apuntó. Oña criticó también el retraso en la puesta en marcha del futuro Hospital de Alta Resolución de Especialidades (CHARE) Fuengirola-Mijas y la construcción de los nuevos juzgados de la localidad. «Los terrenos están disponibles sin necesidad de esperar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo se necesita voluntad política». La carencia de un conservatorio de música solicitado hace varios años, la falta de guarderías con financiación autonómica, y la negativa a ampliar el servicio de ayuda a domicilio para los mayores del municipio fueron otros de los proyectos sobre los que reclamó su puesta en marcha.

Fomento saca a información pública las mejoras en el proyecto del soterramiento. Marbella (SUR)

El nuevo trazado incorpora varias peticiones vecinales y del Ayuntamiento y eleva a 60 millones de euros el coste final. El cruce de Las Petunias se salvará con un paso inferior

A la tercera parece que irá la vencida. El Ministerio de Fomento sacó ayer a información pública durante un mes el modificado del proyecto de soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro Alcántara, que incorpora las demandas de algunos colectivos vecinales y del propio Ayuntamiento para mejorar el trazado previsto. Esta vez, la segunda en que se reforma el proyecto inicial, parece que será la definitiva. El Gobierno central accede así a las peticiones más clamorosas, especialmente a la relacionada con el cruce de la carretera de Ronda con la autovía, que inicialmente estaba previsto salvar con un puente y que finalmente se eliminará con un paso inferior bajo rasante. El cruce actual quedará a la altura de la calzada, tal y como requirió en su día la comisión gestora. No es la única mejora. Según recogió ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre las modificaciones se encuentran el enlace de la calle al oeste del centro comercial La Colonia con la vía de servicio del enlace con Guadalmina; el traslado de la rotonda del punto kilométrico 2,400, en la estación de autobuses, al 2,545, mediante la construcción de una estructura así como otras reformas puntuales. Con todos estos cambios, los de ahora y los de antes, el presupuesto se ha duplicado hasta alcanzar los 60 millones de euros frente a los 33 millones de inversión previstos inicialmente.

Asociaciones de vecinos

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, destacó ayer que el ministerio ha actualizado el proyecto inicial, adecuándolo a las normativas técnicas vigentes e incorporado las alegaciones presentadas por las asociaciones de vecinos. El resultado, en su opinión, es un trazado donde prima la seguridad.Las previsiones son que los trabajos de construcción del esperado túnel, de un kilómetro de longitud, así como la mejora del trazado a los largo de seis kilómetros, estén listos a finales del próximo año. El proyecto incluye que el tercer cruce, el de la carretera de Ronda, también desaparezca de la A-7 con un paso inferior. Así, los más de 65.000 vehículos que transitan a diario por la vía dejarán los atascos en el olvido.

El pleno se compromete a aprobar el PGOU antes de julio y exige a la Junta que lo refrende este año. Marbella (SUR)

El pleno, con el aval del Consejo Consultivo, rechaza una reclamación de 27 millones de indemnización presentada por un promotor por pararle sus obras ilegales

Nueva vuelta de tuerca en materia urbanística. El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción del PSOE, completada con una propuesta del PP, para que las administraciones local y autonómica impulsen con fechas sobre la mesa el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, en tramitación. Así, se ha instado al equipo de gobierno a que presente un plan de trabajo para acelerar la aprobación provisional del nuevo documento urbanístico antes de julio de 2008, tal y como le reclamaban los socialistas. Para apoyar esta propuesta, los populares pusieron como requisito instar, a su vez, a la Junta a que refrendara el Plan General antes de que finalice este año. «No somos la Junta, pero haremos todo lo posible en la medida en que podamos influir para que sea una realidad», señaló el concejal socialista Óscar Fernández. Las aportaciones de ambos grupos fueron finalmente incluidas en una única moción, aprobada por unanimidad. Alba Echeverría, concejala de Urbanismo, aseguró que estaban trabajando «a destajo», ya que, al Consistorio le interesa que la ciudad cuente con este instrumento cuanto antes. No obstante, recordó que una vez devueltas las competencias urbanísticas al Consistorio marbellí y tras aprobar éste en pleno el nuevo Plan de forma inicial, la aprobación definitiva compete al Gobierno andaluz. «Ya hemos recibido, vistas las alabanzas de distintas consejerías, que si tocamos el modelo de compensación no nos lo aprueban», a lo que la edil de Urbanismo añadió: «Y sin la aprobación definitiva de la Junta, no hay PGOU». En cuanto a plazos, Echeverría anunció que están listas las alegaciones medioambientales para remitirlas a la Consejería de Medio Ambiente. Un trámite necesario para obtener el estudio de impacto ambiental. También se llevó al pleno una propuesta de la alcaldesa Ángeles Muñoz sobre una resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que establece el Ayuntamiento conforme a derecho no debe asumir una responsabilidad patrimonial de 27 millones de euros que le reclamaba una promotora que edificó sin licencia de obras.

Petición rechazada

La reclamante es la mercantil Nesgar Promociones SA, que solicitó el pasado día 22 por registro de entrada del Ayuntamiento esta indemnización millonaria por los perjuicios derivados de la suspensión de varias licencias de edificación, acordada por el TSJA, después de que la Consejería de Obras Públicas impugnara dichos permisos otorgados en julio de 2003. La Secretaría del Ayuntamiento concluye en un informe, que no se aprecia relación de causalidad en la reclamación presentada por la promotora por los daños económicos sufridos como consecuencia de la suspensión de las obras solicitada por la Junta y ordenada por el TSJA, «máxime teniendo en cuenta la conducta del propio perjudicado al iniciar las obras sin licencia al proyecto de ejecución». Asimismo, el documento exime al Ayuntamiento de ser el causante del perjuicio patrimonial que reclama la promotora, ya que, «fue la Consejería de Gobernación de la Junta la que interpuso el procedimiento judicial».El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, vaticinó que a esta primera se sumarán otras muchas de promotores con licencia de obras que no tengan cabida en el nuevo PGOU. No obstante, advirtió de que el Ayuntamiento «responderá a las obligaciones legales, pero no de la responsabilidad penal de otras personas».

Autorizan dos nuevos centros comerciales en Málaga capital y Estepona (SUR)

La Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía (CACI), órgano consultivo del Gobierno autonómico, ha informado favorablemente sobre la instalación de dos nuevas superficies comerciales en Málaga. La CACI se ha pronunciado a favor por 23 votos, tres abstenciones y uno en contra sobre la instalación en Estepona del 'Centro Comercial Selwo', con 3.142 metros cuadrados y promovido por Selwo 2005.También en la capital malagueña ha informado favorablemente, por 25 votos, uno en contra y dos abstenciones, sobre el Centro Comercial San Julián, de 16.486 metros cuadrados de superficie. La entidad no ha especificado qué características tendrá esta zona, situada junto al Plaza Mayor e Ikea. También se aprobaron otros cinco centros comerciales en Priego (Córdoba), Mairena del Aljarafe (Sevilla), Chiclana de la Frontera (Cádiz) y dos en el municipio onubense de Cartaya.

La Junta licita nuevas obras del futuro vial metropolitano oeste (La Opinión)

La carretera, con un coste de casi 50 millones de euros, propone un ´corredor verde´ transversal al Valle del Guadalhorce que recupere "zonas degradadas"
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha sacado a concurso las obras de construcción de la segunda fase del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste de Málaga por un presupuesto de 49,9 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras, que incluyen la construcción de una vía parque de uso peatonal y que contará con un carril bici, es de 26 meses.La Junta de Andalucía señaló ayer en un comunicado que el carácter periurbano del entorno por el que se desarrolla el vial ha marcado desde la concepción de la actuación con una "especial sensibilización" de integración, así como la creación de nuevos espacios paisajísticos y peatonales en una zona "fuertemente degradada".Así, la actuación incluye también un especial tratamiento paisajístico y de creación de zonas verdes, creando un ´Corredor Verde´ transversal al Valle del Guadalhorce, en algunas zonas de más de 100 metros de anchura, en el que se integra la actuación viaria.El Vial Distribuidor, que se constituye como la vía periurbana de articulación transversal al Valle del Guadalhorce y como el necesario complemento de la segunda Ronda de Málaga, actualmente en ejecución, forma parte del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía, que la Consejería andaluza ha puesto en marcha entre los años 2004 y 2010. Para su financiación se cuenta con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea.Conexiones. Con una longitud de 6,1 kilómetros, el vial cuenta con un eje principal de 5,38, que discurre por los términos municipales malagueños de Alhaurín de la Torre y Málaga; con sendas vías transversales, una de ellas de 300 metros para la conexión con el enlace de Churriana de la segunda ronda, y otra de 460 metros para la conexión con el viario previsto por el Ayuntamiento de Málaga en los polígonos industriales de la margen izquierda del río Guadalhorce.Tanto el vial como sus ramales se han proyectado con calzadas separadas de dos carriles cada una, pues está previsto que en su puesta en servicio sea utilizado por más de 30.000 vehículos al día, con un tráfico de vehículos pesados superior al 13 por ciento en alguno de sus tramos.Así, se han previsto hasta seis conexiones que se resuelven mediante glorietas "para reforzar el sentido de vía metropolitana y no crear la sensación de vía rápida e interurbana entre los usuarios, aumentando así las condiciones de seguridad".

Una promotora demanda por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Marbella (La Opinión)

El Consistorio aprobó ayer por unanimidad desestimar esta reclamación, ya que el demandante ni siquiera disponía del permiso para iniciar las obras
No será la única. La empresa Nesgar Promociones ha abierto la veda de las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial que se le avecinan al Ayuntamiento de Marbella. La mayoría de ellas, por las presuntas construcciones irregulares que, en su día, paralizó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Las obras de Nesgar fueron una de ellas. Su suspensión data del 11 de diciembre de 2003. Cuatro años después, el 22 de febrero de 2007, decidieron recurrir al Consistorio para pedir una indemnización de más de 27 millones de euros por los daños y gastos ocasionados.Desestimada. El Ayuntamiento de Marbella votó ayer por unanimidad a favor de la desestimación de esta reclamación, una decisión para la que contaba con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía."El perjuicio patrimonial que alega el demandante no procede del Ayuntamiento, sino de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que interpuso el procedimiento judicial", establece la resolución del citado órgano autonómico.Asimismo, el documento indica que la promotora inició las obras antes de obtener la correspondiente autorización y que, de hecho, aún hoy carece de licencia. "Es la primera vez que el Ayuntamiento recibe una reclamación de este calibre", indicó ayer el portavoz del Gobierno local, Félix Romero, quién auguró la recepción de "muchas alegaciones de este tipo" en el registro de entrada del Consistorio.Romero está convencido de que no todas estas instancias serán honestas, ya que "existen empresarios sin escrúpulos que intenten resarcirse de las consecuencias de una actuación delictiva e ilícita con anteriores equipos de gobierno".En este sentido, el dictamen del Consejo Consultivo sienta un precedente que "deberán tener en cuenta otras promotoras antes de presentar una reclamación", ya que en este caso el Derecho se sitúa de parte del Ayuntamiento."El Consistorio responderá de aquellas reclamaciones que sean de su obligación legal, pero no de las responsabilidades penales que tuviesen que cumplir otras personas", añadió.El portavoz del Gobierno de Ángeles Muñoz argumentó, durante la celebración del pleno, que las arcas municipales no disponen de las cantidades que pudieron desembolsar algunos promotores, por lo que queda aún por desentrañar la responsabilidad del Ayuntamiento respecto de las cantidades que abonaron.La oposición, tanto PSOE como IU, aprovechó este punto del orden del día para recordarle al Ejecutivo local que otra forma de restablecer la legalidad es revisar las licencias irregulares que se concedieron en el pasado.

Urbanismo invertirá más de 475.000 euros en obras en cinco calles del distrito centro (SUR)

Las actuaciones en la zona de Ventaja Alta se centrarán en la renovación del pavimento, del alumbrado público y en el soterramiento de cables

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado en su última mesa de contratación el proyecto de reurbanización de las calles Ventaja Alta, Ventaja Corta, Ventajilla, Joaquín de Molina y Malaquías -en el distrito centro- por un importe de 476.503,79 euros. Esta inversión, como subrayó el edil de Urbanismo, Manuel Díaz, supondrá la renovación urbana de cinco calles del barrio de Ventaja Alta, en el entorno de Gibralfaro. La empresa encargada de realizar los trabajos que se contemplan en este proyecto será Velasco Obras y Servicios, S.A. con un plazo de tres meses. En concreto, el objetivo principal es el soterramiento de las líneas áreas existentes, tanto de telefonía como eléctricas, así como la renovación del pavimento y de los distintos servicios que actualmente existen en dichas calles.Las actuaciones que se van a ejecutar, según indicó el Consistorio malagueño en un comunicado, comprenden demolición del pavimento existente y reposición del mismo, renovación de la red de saneamiento -pasando de sistema unitario a separativo-, así como la ejecución de las nuevas redes de aguas pluviales y de aguas fecales de las calles, y realización de una nueva red de abastecimiento de agua potable.También contempla otras mejoras como la renovación del alumbrado público, señalización vertical de la zona, soterramiento de la red de telecomunicaciones y de las líneas de baja tensión existentes, y la reposición de servicios afectados.En cuanto a la jardinería y mobiliario urbano, se va a incrementar el número de jardineras en la calle Ventaja Alta, volviendo a disponer tres similares a las actuales y otras dos más de fundición en las que se ubicarán macizos florales, con especies como la adelfa, el hibisco y la lantana.

Los derribos de viviendas ilegales dividen a la sociedad marbellí (La Opinión)

Dos plataformas agrupan a los propietarios de las viviendas ilegales que se escudan en la legalización y a los demás ciudadanos que quieren recuperar los espacios públicos perdidos
Marbella está dividida por su propio planeamiento. Las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante 15 años por los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) han creado dos categorías entre los ciudadanos, según sean o no propietarios de viviendas que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.Todos son víctimas del mismo problema, la falta de equipamientos públicos originada por el modelo de construcción sin límites; pero difieren en la solución. Entre derribar o legalizar se encuentra el dilema.Dos agrupaciones reúnen a los partidarios de una y otra postura. La plataforma ´29 de Marzo´ vela por el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan la restauración de la situación original o, lo que es lo mismo, la demolición de las viviendas irregulares o el establecimiento de sistemas de compensación que hagan recuperar a la ciudad las infraestructuras esquilmadas.Por su parte, el colectivo de ´Afectados por el PGOU de Marbella´ reivindica la revisión de cada uno de los casos y la búsqueda de mecanismos que permitan normalizar la situación de las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en el municipio, entre las que se encuentran las 18.000 ilegales por estar construidas en suelos no urbanizables o destinados para otros equipamientos.Tanto en uno como en otro caso, la cuestión es decidir quién paga los platos rotos. "Aquí hay tres claros culpables, las corporaciones municipales y promotores que cometieron los desmanes y la Junta de Andalucía que los permitió", proclamó convencido a este diario el portavoz de ´Afectados por el PGOU´, José Ortiz.Soluciones. El nuevo Plan General, actualmente en fase de aprobación inicial, establece la recuperación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo de Marbella para infraestructuras y zonas verdes mediante la normalización de 18.000 inmuebles ilegales. Para ello, propone que las empresas promotoras asuman un modelo de compensación a través de pagos o cesiones de terrenos.Si estas empresas rechazan este acuerdo, serán los propios propietarios de los inmuebles quienes deberán hacer frente a esta responsabilidad, en virtud del citado documento. Pero, "el Ayuntamiento se niega a revisar las licencias ilegales y ocurre que no tenemos culpable", criticó el representante de ´29 de Marzo´, Rafaél Ávila.Ávila teme que el planemiento de Marbella se convierta en una pelota que pasa de uno a otro tejado sin que nadie la recoja. "Si nadie les mete mano a los promotores, que pueden responder patrimonialmente, y los propietarios tampoco responden... de dónde sacamos los equipamientos que faltan", añadió.El Gobierno de Ángeles Muñoz abandera a los llamados ´compradores de buena fe´ y ya ha adelantado su intención de incluir mecanismos dentro del texto urbanístico para garantizar que no sean los dueños quienes afronten las compensaciones.Ortiz está de acuerdo. Él es uno de los afectados y califica de injusta esta medida. "Mi propiedad tiene todas las licencias y, a día de hoy, continúa sin tener ni una sola anotación en el registro de la propiedad", señaló. Ávila no es dueño de una vivienda ilegal pero tiene claro quiénes son las auténticas víctimas. "¿No es también comprador de buena fe aquél que cuenta con una casa legal a la que le han tapado las vistas con una ilegal?". Para Ortiz, sus representados son víctimas al cuadrado. Sufren la falta de espacios públicos y además su hogar no es legal.

Prevén que el juicio de ´Malaya´ se inicie en la primavera de 2009. Marbella (La Opinión)

Los magistrados de la Sección Primera esperan contestar en seis meses los recursos que se presenten y que dentro de ese plazo estén elaborados los escritos de acusación y de defensa
La Audiencia Provincial de Málaga se está preparando concienzudamente para acoger el macrojuicio de la operación ´Malaya´ en las mejores condiciones posibles. No en vano, fuentes judiciales de toda solvencia afirmaron que ahora se está trabajando con la previsión de que la vista oral pueda iniciarse en algún momento de la primavera de 2009.No son cálculos baladíes. El pasado mes de enero, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez Corrales, remitió un informe a la Sección Primera, en el que preveía "realizar las declaraciones indagatorias durante febrero y marzo, y en el que estimaba que podría mandar el proceso a la Audiencia Provincial el próximo verano, aunque no especificaba el mes".Antes de que eso ocurra, deben terminar de declarar los 86 imputados en las indagatorias, y, tras ello, el instructor debe emitir el auto de conclusión de sumario, que cierra la instrucción de más de dos años, recibiendo la Sección Primera -que ahora resuelve los recursos del caso- la causa, formada ya por más de 150 tomos.Suponiendo que este trámite se lleve a cabo en septiembre de 2008, los magistrados de la Sección Primera "podrían resolver los diferentes recursos en un plazo de seis meses". Ése no será su único trabajo, ya que durante esos seis meses previstos los magistrados además deberán dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que elabore su escrito de acusación y a las partes para que presenten sus escritos de defensa.Acuerdos. Teniendo en cuenta que muchas partes pedirán aún la práctica de más pruebas, todo este trámite podría "estar listo en marzo de 2009", por lo que el juicio oral se desarrollaría inmediatamente después.A pesar de ello, las fuentes consultadas esperan que "se llegue a acuerdos parciales entre la Fiscalía y las partes para que se reduzca el número de imputados", ya que con 86 procesados la vista oral será prácticamente ingobernable. Si se contempla que el juicio por los atentados del 11-M tuvo 28 acusados y duró cuatro meses y 17 días, tras la declaración de más de 300 testigos y de 70 peritos, imaginar cuál sería el recorrido del juicio por el ´caso Malaya´ puede ser complicado: 86 procesados, más de 100 abogados personados entre defensas y acusaciones populares y particulares, y más de 600 testigos. "Del año seguro que pasamos", añaden las fuentes. "Imagínese que cada una de las 100 partes quiere interrogar a uno de los acusados. Si se tiene en cuenta que se señala cada día por espacio de cuatro o cinco horas, prever la duración es muy complicado", apuntan.La Audiencia ya se está preparando. No en vano, se ha creado una nueva sección penal, la Novena, que entrará en funcionamiento este año y que servirá para que la Primera no se colapse durante la celebración de la vista, además de que podría asumir algún que otro macroproceso de los que andan sueltos: ´Ballena Blanca´, también en fase de indagatorias, e ´Hidalgo´, con una instrucción más embrionaria y compleja. Refuerzo. En la Sección Primera, de momento, ya hay dos funcionarios más de refuerzo, "un número que tendrá que crecer próximamente para hacer frente al caso", apuntaron las fuentes cuestionadas.En cuanto al lugar, tampoco parece haber problemas, como se podría haber pensado en un principio. Algunos magistrados propusieron que la vista se celebrara en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, pero la Junta de Andalucía ha defendido que en la propia Ciudad de la Justicia hay 800 metros cuadrados que no se han utilizado y que podrían albergar la sala que acoja el voluminoso juicio.En cuanto a la seguridad tampoco hay preocupación. Estas semanas se ha celebrado un juicio contra diez peligrosos narcotraficantes magrebíes y la Policía Nacional ha tomado durante días el edificio, sin que hubiera ningún problema, lo que ha causado tranquilidad en la judicatura. El dispositivo de seguridad, según las fuentes, ha sido todo un éxito.Sobre el ámbito procesal, también se preparan las partes para el juicio. Sin ir más lejos, la Fiscalía ha solicitado que el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca pase dos años más en prisión preventiva, hasta un máximo de 4, de forma que afrontaría el juicio desde la cárcel, aunque, eso sí, sería uno de los imputados que más tiempo ha pasado en prisión por delitos económicos (Antonio Camacho, de Gescartera, estuvo tres años).

El Ayuntamiento firma un convenio con una empresa privada para construir VPO. Archidona (SUR)

El alcalde anuncia que se harán 50 viviendas de este tipo detrás del polideportivo municipal

Los ayuntamientos cada vez se implican más en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para garantizar a sus vecinos un hogar digno a un precio que puedan pagar. Es el caso del Consistorio de Archidona, que ha firmado un convenio con la empresa Encovi S. A. para la construcción de casas protegidas en la localidad. El acuerdo establece que el Ayuntamiento archidonés realizará los trámites pertinentes para que en los terrenos municipales que posee para este fin se puedan construir viviendas de este tipo, mientras que Encovi se compromete a desarrollar ese suelo, según explicó el alcalde, Manuel Sánchez.El primer edil señaló que desde que llegó al gobierno municipal ha realizado todas las gestiones para poner en el mercado el suelo municipal destinado a VPO y permitir con ello que los sectores sociales más desfavorecidos puedan acceder a una vivienda. Así, Sánchez recordó las 28 viviendas realizadas por Emprovima, que se entregarán en el momento en el que la Junta les conceda la calificación y anunció que se construirán otras 50 VPO en una parcela que hay detrás del polideportivo municipal.Además, el Consistorio cuenta con otras dos parcelas donde se podrían hacer viviendas protegidas, una situada detrás de la piscina municipal y la otra en la zona trasera de la calle Almohalla, donde se ha intentado sin éxito que la Consejería de Obras Públicas subvencione seis VPO.