Urbanismo dará luz verde este mes a un centro comercial del bricolaje junto a Plaza Mayor (SUR)

El Ayuntamiento se compromete a dar la licencia de obras a Bricomart en cuanto le presenten el acuerdo de las cargas urbanísticas

13.05.2012 - 

FRANCISCO JIMÉNEZ

 

MÁLAGA.

La multinacional del bricolaje Bricomart tendrá a finales de mes el camino despejado para arrancar la construcción de la gran superficie comercial prevista junto al parque de ocio Plaza Mayor. Una vez solventadas las discrepancias surgidas entre los distintos propietarios de la última parte del sector Bahía de Málaga que queda por desarrollar a la hora de repartirse los gastos de urbanización de la zona, la empresa francesa ya ha trasmitido al Ayuntamiento su intención de llevar el acuerdo a escritura pública la próxima semana o, a lo sumo, la siguiente. De esta forma se cumpliría el último trámite para que la Gerencia Municipal de Urbanismo apruebe definitivamente el proyecto de reparcelación del sector, cuestión que ha tenido paralizada la concesión de la pertinente licencia de obras durante más de un año. En este sentido, dado el calado del proyecto en una época en el que la creación de empleo brilla por su ausencia, en el Consistorio se han comprometido a agilizar los trámites al máximo de forma que en cuanto tenga constancia oficial del acuerdo Urbanismo convocará un consejo de administración extraordinario para dar luz verde a las obras. «Estamos hablando de una iniciativa empresarial que generará riqueza y numerosos puestos de trabajo, así que por nuestra parte no va a haber ningún retraso siempre que esté todo en orden, por lo que convocaremos el consejo en 48 horas», afirma el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado.

Prueba de esta pretendida celeridad municipal es que en Urbanismo se había llegado a plantear la posibilidad de que el consejo de administración delegara en el gerente la potestad para conceder la licencia sin tener que esperar a una nueva reunión. La propuesta llegó incluso a redactarse para presentarla por la vía de urgencia en la sesión del consejo del pasado día 3, aunque finalmente no llegó a ponerse sobre la mesa para no sentar precedente cara al futuro.

Bricomart, perteneciente al grupo francés Adeo al igual que otras empresas del bricolaje afincadas en Málaga como Leroy Merlin y Aki, ya tiene presencia en Andalucía con sendos almacenes en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Vícar (Almería). En cuanto a la apertura del establecimiento no hay plazos marcados, aunque la cadena gala ha reiterado en varias ocasiones al Ayuntamiento su intención de acometer los trabajos cuanto antes en la parcela situada entre la calle Clara Schumann y la avenida Enrique Granados, al este de la zona de aparcamientos de Plaza Mayor.

Sector pendiente

Se trata de una de las cuatro grandes pastillas de suelo resultantes de la reparcelación del sector, la cual abarca una superficie de 175.000 metros cuadrados comprendida entre el parque de ocio, la vía del tren y la autovía A-7 que permitirá la implantación de nuevos espacios comerciales. Mediante esta redistribución del terreno, el Consistorio obtiene dos parcelas: una para uso turístico-comercial de 7.382 metros cuadrados y otra para deportivo-privado de 6.603 metros cuadrados. Además, también se reservan 24.000 metros cuadrados para zonas verdes y otros 16.128 para la instalación de un espacio para servicios de interés público y social, así como otros 21.282 para viario. Una vez aprobado este proyecto de reparcelación, se dará por cerrada la urbanización y ejecución del programa de actuación urbanística de esta zona de la que también forman parte otros dos sectores ya desarrollados: el del centro comercial Plaza Mayor y el de Ikea.

El metro necesita 70 millones para abrir en 2013 (SUR)

Los nuevos gestores de la Consejería de Fomento piden más tiempo para analizar la situación del proyecto Los ajustes económicos, los problemas en El Perchel y la incertidumbre tras los cambios políticos en la Junta sitúan a las obras del suburbano ante la mayor encrucijada de su historia

13.05.2012 - 

IGNACIO LILLO ilillo@diariosur.es

Nunca, desde que arrancaron el 26 de enero de 2006, han sido fáciles las cosas para el metro de Málaga; pero nunca tan difíciles como en este preciso momento. El escenario es muy delicado, con la infraestructura sumida en una encrucijada de final incierto. El comienzo de la explotación conjunta de las líneas 1 y 2, en forma de 'U', debe ser una realidad el 15 de febrero del año próximo, teniendo en cuenta el contrato que se firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financia la actuación. En cambio, se enfrenta a fuertes incertidumbres, motivadas, sobre todo, por la escasez económica y por los cambios políticos en la Junta de Andalucía. El enfriamiento de las relaciones con el Ayuntamiento y la falta de determinación en el seno del Gobierno andaluz sobre la licitación del tramo final, para llegar al Centro, tampoco ayudan.

La primera clave es la necesidad por parte de la Consejería de Fomento (antes Obras Públicas), ahora en manos de IU, de definirse claramente sobre si se mantiene la fecha de la puesta en marcha. En caso afirmativo, se requiere una inyección financiera por parte de la Junta que se cifra en el entorno de los 70 millones de euros. O lo que es igual, unos nueve millones mensuales de aquí hasta enero.

Esta cifra, que ha sido contrastada con expertos conocedores del proyecto, se deduce de un sencillo cálculo: si el coste global es de 760 millones de euros y ya se han gastado 420, menos la parte correspondiente a la Alameda Principal (que son 115), supone que quedan en torno a 225 millones para terminar lo que se ha dado en llamar la explotación en 'U' (la unión de las líneas 1 y 2 en El Perchel), y la llegada a la estación Guadalmedina (en la avenida de Andalucía). De esos 225 millones, el 30% lo tiene que aportar el Gobierno andaluz.

Este periódico se puso en contacto con la Consejería de Fomento para conocer su postura, aunque las fuentes consultadas pidieron más tiempo para estudiar la situación en la que se encuentran este y otros proyectos en los que participa, y se comprometieron a dar una respuesta en los próximos días.

Al 79% de ejecución

La paradoja es tal que las mayores dudas se plantean cuando el nivel de ejecución ya se sitúa en el 79%, según los últimos informes de Metro Málaga. Por lo que solo falta un impulso final para lograr activar un servicio que tiene una demanda estimada de doce millones de pasajeros al año. Aunque a nivel constructivo el ritmo en el eje en 'U' es muy bueno, con una previsión de concluir todas las obras a lo largo del próximo verano, faltan una serie de elementos que son los que hacen factible el inicio de la explotación. En primer lugar, hay que contratar a casi 120 personas; a lo que se suma la adquisición de elementos costosos, de señalización, acabados, suministros e instalaciones de comunicaciones, señalética, megafonía y seguridad de la circulación, básicos para que los ciudadanos puedan acceder a las estaciones. Además, Metro Málaga tendrá que sufragar la construcción de una nueva subestación eléctrica, que irá ubicada en los terrenos del futuro bulevar sobre el soterramiento del AVE.

Todos estos elementos se debatirán previsiblemente en el próximo consejo de administración de Metro Málaga, que habitualmente se celebra a finales de cada mes y que será definitorio para determinar el curso de la obra en las siguientes semanas.

2.700 trabajadores

Esa inversión es la única oportunidad de mantener los niveles de empleo actuales en el sector de la construcción. Con 1.200 puestos de trabajo directos, más casi tantos indirectos e inducidos (suman en torno a 2.700 obreros), el suburbano es hoy por hoy uno de los mayores receptores de mano de obra en Andalucía. Incluso, las fuentes consultadas consideran que con ese empuje se podrían alcanzar de nuevo los 5.000 empleos (entre directos e inducidos), al menos hasta el final de este enésimo año de crisis.

El signo más visible de las dificultades financieras que atraviesa esta iniciativa es la situación de las obras en un espacio tan relevante para la ciudad como es el eje Renfe-Guadalmedina, que ofrece una imagen lamentable de la fachada urbana de la avenida de Andalucía. El retraso no sería tan grave, de no ser porque después de 27 meses todavía se sigue trabajando en superficie, a causa de los hallazgos arqueológicos.

Se avanza de forma muy lenta, en poco más que las catas históricas y una fase de cimentación, y según pudo saber este periódico, el tramo podría quedar en vía muerta en breve, ante la situación de asfixia económica de la constructora, por el bajo ritmo de certificación actual, entre 500.000 y un millón de euros mensuales. En otros momentos, se han invertido en toda la infraestructura entre 12 y 20 millones de euros al mes. En este contexto, llegar hasta El Corte Inglés es clave, por cuanto supone un fuerte incremento de viajeros, que permite hacer sostenible el coste de la explotación.

Más importante aún es cruzar la Alameda Principal y llegar, al menos, hasta la plaza de la Marina, lo que permitirá alcanzar el pico máximo de viajeros. En este caso, el enemigo parece estar en casa, puesto que ese proyecto está aprobado y pendiente de su licitación, por el método alemán (pago diferido en cinco plazos tras la conclusión de las obras) desde antes de las elecciones, aunque finalmente no ha salido adelante por la falta de un informe preceptivo de la Consejería de Hacienda. La anterior consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ya puso de relieve que este horizonte de explotación, con hasta 17 millones de pasajeros al año, es un compromiso que se tiene que cumplir imperativamente, tanto por razón de la utilidad del suburbano como por el contrato suscrito con el BEI, que financia los trabajos. Las fuentes consultadas aseguran que la licitación del tramo Guadalmedina-La Malagueta no debería extenderse más allá de las próximas semanas al objeto de que el tramo pueda estar operativo en 2015.

Para salir de la encrucijada es de suma importancia contar con el apoyo del Ayuntamiento de la capital. La cercanía -relativa- entre instituciones que se logró en etapas anteriores se ha roto en este último ciclo, donde los recursos escasos se topan con exigencias difíciles de cumplir en lo que se refiere a la reposición de las vías en superficie. La distancia es patente en el caso de las calles Juan XXIII y Cómpeta, que están prácticamente terminadas, pese a lo que aún no se han abierto al tráfico.

El peor escenario

La última pregunta es obligatoria: Si no se avanza con decisión en el tramo Renfe-Guadalmedina; si no se licita el tramo Guadalmedina-Malagueta; si no se pone en servicio la explotación en 'U' ¿qué puede ocurrir? Pues, según los expertos consultados por SUR, ocurriría, ni más ni menos, que la Junta y la concesionaria estarían incumpliendo un contrato con el BEI, lo que tiene unas implicaciones, más allá de la mala imagen para Andalucía. La más directa es que a partir de ese día Metro Málaga tendría que empezar a devolver el dinero, y una parte le correspondería a la Administración andaluza. Sin ni siquiera mover los trenes.

Además de la pérdida de credibilidad y de posibles inversiones de la UE, hay una cláusula que permite la revisión por parte de la entidad financiera de las condiciones del crédito, que ahora tienen unos intereses muy bajos. Lo que haría que el proyecto se disparara hasta unos costes insoportables, y conllevaría su paralización.

Urbanismo aún confía en pactar con Endesa el cobro del dinero de la Térmica (SUR)

El equipo de gobierno municipal no pierde la esperanza de poder llegar a un pacto con Endesa sobre el dinero del convenio urbanístico vinculado a la construcción de casi novecientos pisos en la zona de la Térmica. Como ayer informó este periódico, los 58 millones de euros que se acordaron en 2008 pretenden ser rebajados por la compañía eléctrica hasta unos 23 millones, mientras que el Ayuntamiento rechaza esta propuesta y ofrece una reducción a no menos de unos 40 millones. Desde el Ayuntamiento se mostraron confiados en cerrar un acuerdo por la vía del diálogo antes que tomar la judicial, aunque no descartaron presentar una demanda para reclamar el pago del convenio con tal de hacer valer los intereses de la ciudad si la negociación abierta no prospera. Cabe recordar que el convenio de la Térmica ya está en los tribunales porque Endesa reclamó su resolución por este camino, una vía que también podría tomar el Consistorio para exigir el dinero pactado en su momento, un montante con el que estaba previsto financiar obras como el bulevar o el soterramiento de la avenida de Cánovas del Castillo.

Un 'palacio' del siglo XIX en la calle Cerrojo (SUR)

La reforma del edificio ha configurado diez viviendas que promocionarán las creaciones de artistas malagueñosUna jubilada rehabilita la casa de sus abuelos, el único inmueble privado de Perchel Norte que conserva los elementos constructivos de 1870

11.05.2012 - 

NOEMI R. NAVAS 

MÁLAGA.

«Recuperar lo antiguo es más caro y laborioso que construirlo desde cero, pero la satisfacción de conservar parte de mi historia familiar es incalculable». Tras una vida dedicada a la docencia, Enriqueta Fernández, ha decidido emplear parte de su jubilación en recuperar un rincón único en pleno centro de Málaga. Se trata de un singular edificio en la calle Cerrojo que, perteneciente a su familia desde 1870, es el único privado de Perchel Alto rehabilitado sin alterar su fisonomía conservando rigurosamente su estructura constructiva.

Forja del siglo XIX, muros perimetrales, cubiertas de teja árabe, vigas de madera e interminables escaleras de caracol y mármol son algunos de los elementos que conserva el interior del inmueble que, respaldado por informes técnicos, mantiene la división en dos espacios entre la vivienda y el torreón a través de dos patios que ahora albergan viejos muebles -también en proceso de restauración- pertenecientes a los abuelos de Enriqueta, la familia Fernández-López.

«De mis padres no se pudo restaurar ningún mueble, de mis abuelos sí, lo que demuestra que las cosas antiguas estaban mejor hechas que las de ahora, al menos yo creo que sí», comenta la actual propietaria mientras enseña orgullosa los cabeceros, cómodas y mesas que ella misma está recuperando. «Trabaja en ello un ebanista pero como me gusta intento aportar mi toque, es una satisfacción hacer todo esto», afirma.

Esta vecina del Centro encargó hace dos años y medio la rehabilitación integral de la vivienda a un arquitecto, motivada por el interés de sus hijos de recuperar la que muchos consideran «la joya arquitectónica de la calle Cerrojo». Y es que este edificio es una excepción en la zona.

«En los 80, distintos planes urbanísticos transformaron el barrio y en El Perchel y la Trinidad desapareció gran parte del entramado urbano. Había construcciones en muy mal estado y la mayoría de los propietarios se negaron a restaurarlas ante el desembolso que suponía», explica Enriqueta, recordando que «desaparecieron calles enteras con ejemplos de arquitectura doméstica de los siglos XVIII , XIX y principios del XX, para ser sustituidas por bloques de pisos, oficinas, hoteles que no acaban de sintonizar con el entorno».

Por ello, la propietaria de Cerrojo 28, confía en que su proyecto personal sirva para poner en valor la historia del lugar. «Mi madre ha vivido aquí hasta hace seis años. Esta casa siempre estuvo habitada y volverá a estarlo en poco tiempo, la familia tiene ganas de disfrutarla, aunque ya no se recupere el apego vecinal que caracterizaban a la zona lo mantendremos vivo», resalta tras recordar que su abuelo compraba vino que después almacenaba en los bajos del torreón y era vendido posteriormente en las tabernas. De hecho, aún conservan barriles del siglo XIX que Enriqueta también pretende restaurar.

«Todo lo que está en buen estado sigue presente en el edificio, ese era el objetivo», recalca. Entre lo más llamativo destacan las vigas de roble, haya y pino rojo que soportan la segunda planta y los tejados, donde Enriqueta ha convertido en buhardillas los desvanes que servían de almacén para el vino. La luz del sol está presente en todos los rincones de los casi mil metros construidos sin contar terrazas y patios.

Unas vistas privilegiadas

Pero quizás lo más valioso del edificio sean sus vistas al Centro Histórico. Desde sus dos azoteas se divisa la Catedral, la Alcazaba, Gibralfaro y todo el recorrido de iglesias a ambos lados del Guadalmedina. Ganchos más que suficientes para el turismo, por eso la familia ha enfocado parte del inmueble a los alquileres vacacionales. «En la zona sobran los hoteles pero casas de este tipo y valor histórico pueden resultar atractivas a los visitantes, por lo que hemos amueblado siete apartamentos para este fin. Mis dos hijos y yo nos quedaremos en los tres pisos restantes», subraya la propietaria.

La decoración se completará con obras de artistas malagueños que «expondrán» en esta casa tan especial su trabajo. La guinda, según Enriqueta, a una casa de ensueño.

La banca apura sus ofertas para soltar un lastre de más de 4.000 pisos en Málaga (La Opinión)

Las entidades recurren a descuentos de hasta el 70% y a hipotecas preferentes para drenar su cartera tóxica inmobiliaria

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Las entidades financieras están poniendo en las últimas semanas toda la carne en el asador para dar salida al inmenso stock de viviendas embargadas durante estos años de crisis tanto a promotores como a particulares. El volumen total podría rondar las 7.500 unidades en la provincia de Málaga, según calculan diversas fuentes consultadas del sector, aunque el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) cree que puede elevarse incluso a 10.000. En cualquier caso, no todo el stock, por razones estratégicas, está disponible para la comercialización.

Los portales inmobiliarios de bancos y cajas muestran por lo pronto una oferta directa al cliente interesado de más de 4.000 inmuebles –la inmensa mayoría pisos, chalés y apartamentos aunque también hay plazas de garaje o locales–, con rebajas que llegan a veces hasta el 70% de su precio original de venta y con descuentos que, en términos reales, superan incluso los 100.000 euros en el caso de algunas viviendas de la Costa del Sol.

Las exigencias del Gobierno incluidas en la reforma financiera –de la que mañana viernes se conocerá una nueva fase– han incrementado la necesidad de dar salida a los activos tóxicos inmobiliarios y disparado los ganchos, aunque el principal en estos tiempos, además de los jugosos descuentos, reside en la financiación: los bancos están dando el 100% de la hipoteca para sus viviendas, con tipos de interés preferenciales de Euríbor y diferencial inferiores al punto, y plazos de hasta los 40 años. Algo impensable ahora mismo para el que quiera comprar un piso a un promotor privado y acuda a ese mismo banco a por una hipoteca.

Esta discriminación disgusta a los constructores malagueños, que también tienen un stock heredado de la época del boom inmobiliario de unas 15.000 viviendas sin vender a las que dar salida –eso según sus datos, ya que otras fuentes incluso triplican esas cifras– y que se ven compitiendo en condiciones desiguales con los bancos.

La gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Violeta Aragón, lamenta esa desigualdad de trato y recuerda que, en general, es precisamente el stock de los profesionales el que presenta mejores parámetros de ubicación y calidad. Tiene su lógica.

«Cuando un promotor tiene que ceder viviendas de su cartera al banco para responder de sus deudas, normalmente intenta ceder las menos valiosas y quedarse con las mejores, que a priori tiene mejor salida», comenta Aragón. Sin embargo, esta ventaja competitiva queda pulverizada ante el hecho de una práctica bancaria recurrente en estos tiempos: se niega al cliente la hipoteca para un piso de un promotor privado y a continuación se le oferta otra en mejores condiciones si accede a comprar una vivienda de la cartera de esa entidad. La responsable de la ACP y diversos agentes del sector inmobiliario afirman conocer casos de promotores que han perdido a clientes en la misma sucursal bancaria donde habían ido a solicitar la hipoteca.

Un «lastre» que hay que soltar. Por su parte, el director del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, critica la falta de censos transparentes por parte de los bancos, y apunta que sumando los inmuebles adjudicados que garantizan préstamos impagados, los que están en mora o los refinanciados en carencia, la cifra del stock se eleva.

«Sólo en vivienda nueva, donde salvo excepciones de promotores que están soportando financieramente su stock, el resto está en la banca o en vías de entrar, la cifra estaría cercana a las 10.000 viviendas», comenta.

Pérez señala que a los bancos no les queda otra que soltar el «lastre» inmobiliario para seguir financiándose en los mercados exteriores y atender sus vencimientos de corto plazo, aunque ahí radica el principal problema, ya que pese a vender no se podrá nunca recuperar lo invertido en suelo, promociones en curso e hipotecas en mora. El responsable del IPE recuerda que en los últimos años las entidades financieras han tratado de comercializar estas viviendas hasta a precio de coste. Sin embargo, «apenas consiguen dar salida al ritmo que le entran nuevas adjudicaciones, a pesar de tener un tapón con las refinanciaciones permanentes».

En cuanto al juego de los bancos de priorizar sus hipotecas sobre las de los promotores, Pérez admite que el tema podría ser visto por el Tribunal en Defensa de la Libre Competencia, aunque no es algo sencillo. «Probablemente se siga dando esa circunstancia, mientras no se quiten los pisos adjudicados de sus balances», apunta.

El Gobierno quiere más ajustes en el precio de la vivienda. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que la nueva fase de la reforma financiera que aprobará mañana viernes el Consejo de Ministros «profundizará» en el ajuste de los precios de las viviendas, con el fin de adecuarlos a su valor en el mercado y así estimular la venta. Rajoy avanzó que estas medidas facilitarán además la concesión de crédito y despejarán las «dudas» sobre las entidades financieras españolas. «Son decisiones importantes y de calado. Son momentos difíciles y duros, pero hay que tener coraje y las ideas claras», aseguró Rajoy.

En Málaga, el precio de la vivienda vivienda libre, tanto nueva como de segunda mano, marca ya una caída de casi el 30% en relación a los máximos que se alcanzaron a inicios de 2008, justo cuando reventó la burbuja inmobiliaria. El precio de los pisos ahora es de 1.687 el metro,  661 menos que los 2.348 de entonces, según los datos de Fomento. Sin embargo, los más escépticos  afirman que el abaratamiento de las viviendas ha sido sólo parcial y sigue siendo insuficiente.

En cuanto a la reforma financiera, el Gobierno maneja imponer a los bancos entre 20.000 y 40.000 millones de euros adicionales para el saneamiento de activos inmobiliarios. La explicación está en que la nuevas provisiones recaerán sobre la cartera de préstamos al sector constructor y promotor, que hasta ahora se considera no problemática. Los 54.000 millones estipulados inicialmente en febrero eran para sanear activos tóxicos, que son los referidos a préstamos morosos y viviendas embargadas.

La antigua sede de Urbanismo sale a la venta. Marbella (SUR)

El Gobierno andaluz insiste en sacar liquidez a los locales entregados por el Ayuntamiento para saldar parte de la deuda, pese a que la primera subasta quedó desiertaLa Junta cambia el procedimiento y se deshará de las oficinas mediante una enajenación directa

10.05.2012 - 

MÓNICA PÉREZ mperezg@diariosur.es

 

MARBELLA.

Las oficinas, hasta hace unos meses sede de la delegación municipal de Urbanismo, están en pleno centro de Marbella. :: JOSELE-LANZA

La Junta de Andalucía insiste en obtener dinero contante y sonante de la antigua sede de la Delegación Municipal de Urbano, antaño cuartel general del presunto cerebro de 'Malaya', que el Consistorio marbellí entregó como pago de parte de la deuda de cien millones de euros que el Ayuntamiento arrastra desde 2006 con el Gobierno autonómico. El acuerdo alcanzado entre ambas administraciones valoraba en 4,92 millones de euros el inmueble. Esa fue la cantidad que se rebajó del débito municipal y la misma que ahora la Junta quiere recuperar.

La Dirección General de Patrimonio sacó a subasta el inmueble en enero pasado. Dividido en ocho lotes: tres locales y cinco garajes, con precios mínimos de entre 34.000 euros y 2,3 millones de euros, la operación no despertó el interés de los compradores y la subasta quedó desierta. Ahora, el Gobierno andaluz ha optado por la enajenación directa, o lo que es lo mismo, el primero que llegue con el dinero bajo el brazo se lo queda.

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 24 de abril el cambio en el procedimiento de venta, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado martes. Un paso previo necesario al tratarse de un bien patrimonio de la comunidad autónoma. «El artículo 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza establece que la enajenación de los bienes inmuebles se hará mediante subasta salvo cuando el Consejo de Gobierno disponga otra cosa, si existen razones objetivas justificadas», según se explica. En este caso, el Gobierno andaluz argumenta la inexistencia de ofertas en la subasta previa.

Según informaron a este periódico fuentes de la Consejería de Hacienda, las condiciones en las que se oferta el inmueble son las mismas que se fijaron para la subasta, con lo que los posibles interesados no encontrarán ahora ninguna rebaja en los precios mínimos de salida.

La decisión del Ejecutivo andaluz de vender las dependencias de la antigua sede de Urbanismo da al traste con la petición realizada en su día por el Ayuntamiento para que estas oficinas tuvieran un uso público. La alcaldesa Ángeles Muñoz había instado a que pudieran convertirse en un centro de salud que, además de atender la demanda cuidadana, revitalizara la zona.

Lo que hasta ahora ha sido un equipamiento público unitario, la Junta decidió venderlo de forma desmenuzada. En concreto, en dos locales que suman mil metros cuadrados, un sótano de 750 metros cuadrados y cinco plazas de garaje. Lo sacó a subasta en ocho lotes individuales para intentar obtener mayores ingresos. La venta se dividió en: una oficina en planta baja con un precio mínimo de 2,32 millones de euros; otro local en planta baja, por 1,38 millones de euros de partida; un local de planta semisótano, por 1,03 millones de euros de salida; y cinco plazas de garaje que salieron a subasta de manera independiente por un precio mínimo de 34.045 euros cada una. Al no ser admisibles ofertas a la baja y no incluírse los impuestos que gravan la transmisión de los inmuebles, el Gobierno andaluz pretendía garantizarse unos ingresos de al menos 4,92 millones de euros por la venta total, casi la misma cantidad en que rebajó al Ayuntamiento del débito.

Hasta el momento, la operación no ha obtenido el éxito deseado. La situación económica actual tampoco ayuda a la hora de encontrar un comprador dispuesto a un desembolso parecido, si bien la ubicación del inmueble, en plena avenida Ricardo Soriano, se convierte en uno de los principales atractivos de la operación.

La historia de estos locales, estigmatizados por los escándalos, suma ahora un nuevo capítulo. Su devenir desde que pasaron a manos municipales en 1991 bajo el mandato de Jesús Gil, ha estado marcado por una causa judicial, por un embargo por impagos y por los registros policiales en el arranque del 'caso Malaya'.

El edificio más degradado de la plaza de la Marina se convertirá en hotel (SUR)

El inmueble, adquirido por un grupo de inversores españoles y estadounidenses, también tendrá un uso comercial

10.05.2012 - 

A. E. /P. R. Q. 

MÁLAGA.

Este edificio será rehabilitado para que tenga uso hotelero y comercial. :: ÁLVARO CABRERA

El Centro de Málaga dispondrá de otro hotel de cuatro estrellas. En esta ocasión, estará situado en uno de los extremos de la plaza de la Marina. Esta iniciativa parte de Hurar Investment Group, una compañía que integra a inversores particulares de España y Estados Unidos. Este grupo compró recientemente un emblemático edificio ubicado en un lugar estratégico, la calle Vendeja, con esquina a la plaza de la Marina y fachada a Trinidad Grund.

El inmueble, que cuenta con cerca de 2.800 metros cuadrados, tiene que ser rehabilitado por completo. Una vez que las obras concluyan, la construcción tendrá un uso mixto: hotelero y comercial.

El proyecto planea la ejecución de un hotel de cuatro estrellas que será alquilado a una de las cadenas hoteleras con las que los nuevos propietarios del inmueble están en negociaciones, según se indica en una nota difundida por Hurar Investment Group. En la planta baja está proyectada una zona comercial, aunque todavía no se ha podido determinar de qué forma se explotará.

Respaldo institucional

El proyecto será diseñado por el estudio de arquitectura de Alejandro Armenteros de Dalmases. El edificio presenta en estos momentos un fuerte deterioro y se encuentra en estado ruinoso, por lo que necesita de una reforma integral. El grupo inversor que está detrás de esta iniciativa afirma que el proyecto dispone ya con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga, la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. La nota señala que esas instituciones consideran prioritaria la rehabilitación de un edificio ubicado en la considerada la puerta sur de Málaga. «Sus fachadas de los siglos XVIII y XIX son de las primeras imágenes del Centro de la ciudad que se llevan los cientos de miles de cruceristas que visitan Málaga al año», pone de manifiesto Hurar Investment Group en la nota hecha pública.

Esta compañía, con inversores españoles y estadounidenses, se dedica a la compra de edificios emblemáticos en los centros urbanos de las grandes capitales españolas. Actualmente, cuenta con otro edificio en Málaga, a escasos ochenta metros del Museo Carmen Thyssen, cuyas obras de rehabilitación ya están en marcha y que durarán hasta mediados de septiembre de este año. Una vez que los trabajos concluyan será el momento de la apertura de un nuevo establecimiento hotelero y boutique de la cadena Ítaca Hoteles.

El propietario pide el desalojo de las treinta familias 'okupas' de Torremolinos (SUR)

Los moradores que están ilegalmente en el edificio se ofrecen a pagar una renta hasta que el juez se pronuncie

10.05.2012 - 

FRANCISCO JIMÉNEZ pjimenez@diariosur.es

 

MÁLAGA.

Las familias ocupantes han arreglado los pisos, que carecen de luz y agua. :: SALVADOR SALAS

«Un edificio que está cerrado no beneficia a nadie. Nosotros estamos arreglando todos los destrozos que había después de tantos años de abandono y estamos dispuestos a pagar al propietario una cuota asequible y correr con todos los gastos hasta que un juez decida si nos echa o no». Las familias que han ocupado una urbanización de Torremolinos que llevaba vacía desde su construcción hace más de tres años están plenamente convencidas de poder llegar a algún tipo de acuerdo con la promotora para frenar su salida, hasta el punto de que cuentan con el asesoramiento de un abogado con experiencia en ocupaciones; todo ello, mientras la propietaria del inmueble ya ha presentado la pertinente denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad, donde están a la espera de que un juez dé la orden para proceder al desalojo. La promotora, Inversiones Primer de Torremolinos, se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde 2010 y actualmente está en negociaciones con una entidad financiera para intentar saldar la deuda con la entrega del conjunto residencial, formado por 29 pisos de entre uno y tres dormitorios, garaje y recinto cerrado con piscina.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos reaccionó ayer a la información adelantada por SUR mediante un comunicado en el que muestra su «preocupación» por la situación creada en la zona norte de La Colina, aunque dejando bien claro que «carece de competencias para protagonizar alguna actuación concreta». En este sentido, advierte de que «la solución será más difícil cuanto más se prolongue la referida ocupación», que «constituye un atentado contra la propiedad privada y nuestro Estado de Derecho».

Mientras tanto, los ocupantes mantienen que no hacen «daño a nadie». «No somos delincuentes, solo padres de familia que se encuentran en la calle por no poder pagar la hipoteca o el alquiler de sus casas», afirma Sebastián Vargas, que se ha erigido en portavoz de los nuevos inquilinos de este complejo residencial en el que desde hace un mes moran sin luz ni agua cerca de 90 personas, entre ellas 30 menores, el más pequeño de apenas cuatro meses. La mayoría son miembros de un mismo clan asentado en Arroyo de la Miel, aunque también hay parejas de Torremolinos.

Pese a reconocer que su actuación no es la más correcta, en su defensa insisten en que las circunstancias les han llevado a dar este paso. «Da mucha rabia e impotencia ver cómo te echan de tu casa; he estado once años pagando la hipoteca, pero después de seis años tirando con chapuzas llega un momento que es imposible salir adelante», reconoce Sebastián, que tiene tres hijos y dos nietos a su cargo. Prácticamente la misma historia se repite en cada uno de los pisos ocupados. «Hoy somos nosotros, pero el día de mañana le puede pasar a cualquiera», afirma Rosario, que vive con sus hijas y nietos en un apartamento de dos habitaciones.

En el otro extremo de la calle, los vecinos de esta nueva barriada asisten con una mezcla de preocupación, incredulidad y sorpresa. «No entiendo cómo se permite todo esto», se quejaba un residente «que sí que paga su casa con mucho esfuerzo».

Roca ofrece cuatro propiedades para pagar a Marbella la indemnización del 'caso Saqueo' (SUR)

El ex hombre fuerte del Ayuntamiento pretende saldar la deuda económica de la condena para acceder a beneficios penitenciarios

10.05.2012 - 

HÉCTOR BARBOTTA barbotta@diariosur.es

 

MARBELLA.

Juan Antonio Roca no podrá acceder a beneficios penitenciarios hasta que salde su cuenta pendiente con el Ayuntamiento de Marbella y por eso está decidido a hacerlo cuanto antes. El principal acusado en el proceso del 'caso Malaya' se encuentra actualmente en prisión por el 'caso Saqueo', por el que fue condenado en febrero de 2009 a seis años y diez meses de prisión. La sentencia, dictada por la Audiencia Nacional y confirmada un año después por el Tribunal Supremo, lo obligaba también a pagar junto a los otros dos condenados -el abogado José Luis Sierra y el contable Jorge Castel- 24 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

De esa cantidad, Roca solo ha pagado 600.000 euros al Ayuntamiento, y actualmente ambas partes negocian cómo hacer efectivo el resto.

Según ha podido saber este periódico, los representantes legales de Roca han ofrecido cuatro propiedades situadas en Marbella para compensar al Ayuntamiento y dar por cumplido el pago fijado en la sentencia. Se trata de la finca La Caridad, situada en San Pedro Alcántara y que se hizo célebre durante el caso Malaya por el hallazgo en su interior de centenares de trofeos de caza, una yeguada y una millonaria colección de carruajes; de un edificio a medio construir y un terreno situados a pie autovía junto al Hospital Costa del Sol; de dos terrenos urbanizados en la urbanización Las Brisas, en Las Chapas, y de la obra del helipuerto que él mismo utiizaba cuando se desplazaba por vía aérea entre sus propiedades en Marbella, Murcia y Huelva.

Con estas cuatro propiedades, Roca aspira a saldar la cuenta del 'caso Saqueo' y las de tres sentencias dictadas en su contra por el Tribunal de Cuentas, todo con sus respectivos intereses, lo que suma cerca de 27 millones de euros.

Los representantes legales del Ayuntamiento de Marbella, que han confirmado esta información, están estudiando la oferta, lo que incluye los estudios y tasaciones pertinentes que permtirán valorar si lo ofrecido por Roca, en las actuales condiciones del mercado inmobiliario, es suficiente para cubrir lo que marcan las sentencias.

Beneficios

Desde el gobierno municipal de Marbella siempre se ha insistido en que el interés prioritario de la ciudad es recuperar el patrimonio esquilmado, y en ese sentido el interés por alcanzar un acuerdo es mutuo.

De concretarse el pago, que permitiría a Roca poder comenzar a pedir beneficios penitenciarios -ya ha cumplido más de la mitad de la condena-, los bienes obtenidos irían a aliviar la deuda que el Ayuntamiento mantiene con Hacienda y la Seguridad Social y que asciende a 280 millones de euros.

Recientemente, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el Ministerio de Hacienda alcanzaron un acuerdo por el que se extiende a 40 años el plazo para cancelar la deuda, de cuyo montante será deducido lo obtenido por el cobro de las indemnizaciones fijadas en las sentencias.

Marbella tiene reconocido en los tribunales el derecho a cobrar cerca de 47 millones de euros en 18 sentencias ya firmes, y otros 217 millones correspondientes a una treintena de resoluciones judiciales aún pendientes de recursos. Entre estas figura una condena de más de 100 millones dictada contra los cuatro hijos de Jesús Gil en su condición de herederos del exalcalde por una causa de alcance contable.

Cerrado el acuerdo de las torres de Repsol (Málaga Hoy)

Las dos terceras partes de los aprovechamientos del sector pasan a propiedad municipal

EP / MÁLAGA | ACTUALIZADO 09.05.2012 - 01:00

El Ayuntamiento de Málaga firmó ayer con la entidad Torres del Boulevar, SL la adenda al convenio urbanístico de Repsol, por la que las dos terceras partes de los aprovechamientos del sector pasan a ser propiedad municipal. 

Con esta firma se materializa el importe pendiente de pago en una cesión a favor del Ayuntamiento de 83.311,34 unidades de aprovechamiento sin urbanizar, a lo que se une la cesión municipal del 10% urbanizado y los 12 millones de euros abonados por la promotora anteriormente. El desarrollo de este sector, con una superficie de suelo y techo de 177.548 metros cuadrados, contempla 1.331 viviendas, 44.387 metros cuadrados construidos de uso terciario, más de 40.400 metros cuadrados para viario, más de 28.500 metros cuadrados de superficie para equipamientos sociales, deportivos y educativos, y un gran parque de casi 80.000 metros cuadrados de superficie. 

En 2006, el Ayuntamiento de Málaga y la entidad Daeca Comarex, SL, ahora bajo la denominación social de Torres del Boulevar, S.L., formalizaron el convenio urbanístico en relación con esta zona. En dicho convenio, se establecía que la propiedad tenía que abonar al Consistorio, de forma aplazada y fraccionada, la cantidad global de 82.340.435 euros para su integración en el patrimonio municipal de suelo y su destino a cualquiera de los fines previstos a tal efecto en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A día de hoy se han abonado 12 millones de euros de esta cantidad, quedando por abonar 70.340.435 euros. 

Se ha establecido que en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de la adenda del convenio se presente por parte de los promotores privados el proyecto de bases y estatutos. Posteriormente, deberán presentar el proyecto de reparcelación, a partir de un mes de la aprobación y publicación de las bases y estatutos. Asimismo el proyecto de urbanización deberá ser redactado y presentado en el plazo máximo de cuatro meses desde la constitución de la junta de compensación.