López Caballero recomienda que se apliquen las mismas técnicas de investigación que para combatir el crimen organizado Anuncia que Málaga contará con un tercer fiscal en diciembre
Agentes encubiertos, entregas de dinero vigiladas o primar actos de delación a través de las reducciones de penas. Son medidas empleadas en la lucha contra el crimen organizado que deberían incorporarse a la investigación y persecución de los delitos urbanísticos. Así lo cree el Fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, que participó ayer en las jornadas 'Informar en justicia', organizadas por la Asociación de la Prensa de Málaga, y en las que se abordan asuntos relacionados con la información judicial.«Estas medidas son necesarias porque la corrupción urbanística es una delincuencia de difícil constatación. El que paga y el que recibe lo hacen a través de comportamientos opacos, en los que se presuponen un pacto de silencio. Por eso es necesario aplicar técnicas de investigación utilizadas en la lucha contra el crimen organizado», dijo. En este sentido consideró que las medidas utilizadas actualmente, como las escuchas telefónicas, «se topan con estrategias defensivas» por parte de los autores del delito, «que saben que se practican escuchas».
Endurecer las sanciones
López Caballero anunció que Málaga contará en diciembre con un tercer fiscal anticorrupción, «lo que quiere decir que aquí hay tema», y abogó por endurecer las sanciones para los delitos de tráfico de influencias y cohecho: «Tendrían que mejorarse la tipificación de ciertas conductas. No sería improcedente una mayor sanción penal para ciertos comportamientos en función del daño que hacen y castigar determinados delitos siempre con penas privativa de libertad».Para el fiscal, la corrupción pública siempre aparece vinculada al abuso de poder para la obtención de beneficios económicos: «La finalidad económica del delito de corrupción nos sitúa en la perspectiva adecuada para perseguirlo», dijo. Así mencionó propuestas internacionales tendentes a castigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios y cargos públicos cuando se detecta un incremento significativo del patrimonio que no pueden justificar: «Esto supondría que si un cargo público tiene un salario determinado y se constata que tiene un patrimonio excepcional, es él el que debe demostrar su procedencia. De lo contrario se sancionaría». No obstante consideró difícil incorporar esta figura a nuestra legislación, porque sería entendido como un delito de sospecha, «y todas estas figuras delictivas desaparecieron».López Caballero se mostró partidario de la creación de juzgados especializados para luchar contra la corrupción, así como de unidades adscritas formadas por funcionarios de otros organismos, tales como la Policía, la Agencia Tributaria y expertos en materia urbanística:«De esa forma se podrían iniciar investigaciones de más calado para erradicar comportamientos de corrupción».Además consideró necesario dotar de más recursos al servicio de cooperación jurídica e internacional de la Fiscalía: «La naturaleza económica de la corrupción administrativa hace frecuente que el beneficio obtenido en un territorio se invierta en otro».
Respuesta judicial
Preguntado por la respuesta que durante años se ha dado a la corrupción, el fiscal manifestó su convencimiento de que «el estado de derecho ha funcionado, aunque no con una reacción inmediata», y justificó la falta de respuesta rápida en la escasez de medios y el volumen de trabajo: «Desde luego, que se celebren juicios a los ocho, nueve o diez años no es dar una respuesta adecuada, pero ese déficit de respuesta judicial está motivado por la falta de medios». En este sentido, consideró que con el actual volumen de trabajo, «pocos jueces de instrucción están en condiciones de abordar una trama de corrupción», y añadió que también resultan insuficientes los medios policiales, a pesar de su incremento: «En Málaga hay cuatro grupos de Blanqueo, y a veces no dan de sí para llevar a cabo investigaciones simultáneas».
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