Los vecinos afectados por las demoliciones en Mijas se constituyen en plataforma. Mijas (SUR)

Más de 300 particulares procedentes de once diseminados del municipio se reunieron ayer para elegir a sus representantes. Denuncian que quedarían en la ruina si se cumplen los derribos
Más de 300 vecinos de Mijas afectados por sanciones y expedientes de demolición de sus viviendas, construidas en suelo rústico no urbanizable, se reunieron ayer frente al Auditorio municipal para constituirse en una plataforma que los represente legalmente ante las instituciones. Tras elegir a un representante de cada diseminado afectado (Puerto de Los Gatos, La Alquería, Entrerríos, Macorra, La Majadilla, Alberquilla, Candelaria, Fuente Algarrobo, Atalaya, Valtocado, Osunilla) decidieron ponerse en manos de abogados para que estudien caso por caso y ver las posibilidades que tienen para regularizar la situación de sus viviendas, la mayoría construidas en parcelas que han pertenecido a sus familias durante generaciones y que han levantado conscientes o no de que incumplían la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Muchos de ellos llevaron a la reunión la documentación que han recibido meses atrás donde se les sanciona con multas que oscilan entre los 5.000 y los 130.000 euros . Otros aportaban la citación judicial en las que se les da un ultimátum para demoler sus viviendas. Para muchos perder su casa, significa perderlo todo. No pueden hacer frente a las elevadas multas, han invertido todos sus ahorros en su primera vivienda o tienen hipotecas y préstamos que deberán seguir pagando. Es el caso de Diego Gutiérrez, vecino de Entrerríos. «Me han citado en el juzgado y si echan la casa abajo mi familia y yo nos quedamos en la calle». Otros como Justo Alcázar denuncia que lleva 20 meses sin agua potable. «Me cortaron el agua en el Ayuntamiento. Tengo un expediente de demolición por construir un garaje en una zona que es urbanizable». Una vecina de Entrerríos se lamentaba porque ha invertido todos sus ahorros en trasformar un garaje en un terreno familiar en una pequeña vivienda. «El 24 de mayo del año pasado me enviaron el expediente de demolición y una multa de 65.000 euros. La casa ya está acabada. Ahora me dicen que es suelo no urbanizable ,protegido de interés territorial. No entiendo nada».Otros vecinos reconocen que el Ayuntamiento les denegó una y otra vez la licencia de obras. José Julio Valenzuela, de Macorra, se construyó una perrera donde antes estaba la casa de sus padres. La multa que pesa sobre él es de 20.000 euros. «Estoy separado, la casa se la ha quedado mi mujer.. Si no me dejan construir en mis terrenos, ¿qué me queda?». Otros como Gero González, vecina de Puerto de Los Gatos, ya ha recurrido la multa por un vertido de tierra. Fuentes consultadas por este periódico cifran en 3.000 los expedientes sancionadores abiertos por el Departamento de Infracciones Urbanísticas por incumplimiento de la normativa vigente. De ellos, unos 300 son decretos firmes de demolición. El alcalde de Mijas Antonio Sánchez, ya ha anunciado su intención de llevar el caso al próximo pleno municipal para normalizar la situación de estas viviendas. El PP, que asistió a la reunión para mostrar su apoyo a los vecinos, también anunció medidas. Los vecinos, conscientes del calado que puede tener su prob lema en plena precampaña electoral, quisieron dejar claro que la plataforma es «apolítica» para que nadie pueda apuntarse el tanto.