El Ministerio Público se inclina por la alternativa de solicitar penas de prisión para todos los ex ediles del GIL implicados en la concesión ilegal de licencias
La Fiscalía de Málaga ha pedido penas de cárcel en el pacto para unificar las causas urbanísticas de Marbella en las que están implicados ex concejales del GIL. Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que el Ministerio Público ha solicitado la pena de prisión como alternativa a la multa para todos los ex ediles acusados de delitos contra la ordenación del territorio.Las bases del futuro acuerdo han quedado fijadas con los abogados de la defensa, y se han remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía, órgano competente para autorizar o no este pacto.El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo, se ha vuelto a reunir esta semana con los letrados defensores y el pasado miércoles concertó un encuentro con el fiscal superior de la comunidad andaluza, Jesús García Calderón, quien deberá dar la última palabra sobre la idoneidad o no del acuerdo. Pero previsiblemente remitirá antes el caso a la Fiscalía General del Estado, para que consulte las bases e informe sobre su posible aplicación. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitará inhabilitación en el cargo público para los ex ediles. Sin pacto e independientemente del número de causas pendientes, los acusados podrían permanecer encarcelados hasta un máximo de seis años de cárcel, resultado de aplicar la triple de la pena mayor del delito, que es de dos años. Con el acuerdo, tanto la Fiscalía como las defensas intentan agilizar los procesos estancados en los juzgados penales y muchos todavía en instrucción. Pero para alcanzar el consenso ha sido necesario que los procesados reconozcan los hechos delictivos, es decir, haber concedido licencias de obra a sabiendas de que incumplían la legalidad urbanística. El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que actualmente cumple condena por un caso urbanístico, está implicado en casi un centenar de causas relativas a supuestas licencias de obra ilegales. El pacto le beneficiaría en cuanto a la condensación de las penas. Juicios. Mientras se estudian las bases de este acuerdo marco, los juzgados penales han señalado varios juicios. El próximo 2 de abril comenzará la vista oral en el juzgado Penal 1 por un caso en el que Julián Muñoz y seis ex ediles se enfrentan a una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación por autorizar presuntamente 74 viviendas ilegales. La siguiente semana se ha fijado otra vista oral en el Penal 6. La conformidad en ningún caso se aplicaría a los procesos que se instruyen por supuestos convenios urbanísticos irregulares, en los que están imputados miembros de la última corporación del GIL como la ex alcaldesa Marisol Yagüe o el que fue asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca.
La Fiscalía de Málaga ha pedido penas de cárcel en el pacto para unificar las causas urbanísticas de Marbella en las que están implicados ex concejales del GIL. Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que el Ministerio Público ha solicitado la pena de prisión como alternativa a la multa para todos los ex ediles acusados de delitos contra la ordenación del territorio.Las bases del futuro acuerdo han quedado fijadas con los abogados de la defensa, y se han remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía, órgano competente para autorizar o no este pacto.El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo, se ha vuelto a reunir esta semana con los letrados defensores y el pasado miércoles concertó un encuentro con el fiscal superior de la comunidad andaluza, Jesús García Calderón, quien deberá dar la última palabra sobre la idoneidad o no del acuerdo. Pero previsiblemente remitirá antes el caso a la Fiscalía General del Estado, para que consulte las bases e informe sobre su posible aplicación. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitará inhabilitación en el cargo público para los ex ediles. Sin pacto e independientemente del número de causas pendientes, los acusados podrían permanecer encarcelados hasta un máximo de seis años de cárcel, resultado de aplicar la triple de la pena mayor del delito, que es de dos años. Con el acuerdo, tanto la Fiscalía como las defensas intentan agilizar los procesos estancados en los juzgados penales y muchos todavía en instrucción. Pero para alcanzar el consenso ha sido necesario que los procesados reconozcan los hechos delictivos, es decir, haber concedido licencias de obra a sabiendas de que incumplían la legalidad urbanística. El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que actualmente cumple condena por un caso urbanístico, está implicado en casi un centenar de causas relativas a supuestas licencias de obra ilegales. El pacto le beneficiaría en cuanto a la condensación de las penas. Juicios. Mientras se estudian las bases de este acuerdo marco, los juzgados penales han señalado varios juicios. El próximo 2 de abril comenzará la vista oral en el juzgado Penal 1 por un caso en el que Julián Muñoz y seis ex ediles se enfrentan a una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación por autorizar presuntamente 74 viviendas ilegales. La siguiente semana se ha fijado otra vista oral en el Penal 6. La conformidad en ningún caso se aplicaría a los procesos que se instruyen por supuestos convenios urbanísticos irregulares, en los que están imputados miembros de la última corporación del GIL como la ex alcaldesa Marisol Yagüe o el que fue asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca.
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