Pese a que hay 13.500 pisos en 'stock' en la provincia, la medida propuesta por la Junta de Andalucía no atrae a los empresarios a falta de una semana para el cierre del plazo
Una de las medidas propuestas por la Junta de Andalucía para paliar la crisis del sector inmobiliario y dar salida a las miles de viviendas que están sin vender ha fracasado. Al menos en Málaga. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio pactó con las asociaciones provinciales de constructores que aquellos promotores que lo desearan podrían convertir las viviendas de renta libre en Viviendas de Protección Oficial (VPO). Sin embargo, por ahora los empresarios sólo han pedido este cambio para 350 viviendas en la provincia del total de 13.500 que se encuentran en estos momentos en stock y con serios problemas de comercialización. De esas 350 viviendas, un centenar se encuentran en Málaga capital, 85 en Mijas y el resto en Vélez-Málaga, Cártama Estación, Sierra de Yeguas, Colmenar y Coín. El plazo para pedir el paso de renta libre a VPO comenzó hace tres semanas y, en principio, se iba a cerrar mañana viernes. No obstante, ante la escasez de peticiones, los gestores de la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga (ACP) -organismo encargado de mediar entre los promotores y la Junta de Andalucía toda la documentación- han decidido ampliar el plazo en una semana más. Violeta Aragón, gerente de la ACP, reconoció ayer a este diario que esas 350 viviendas "son muy pocas", aunque también señaló que "tampoco teníamos grandes expectativas porque se exigen muchos requisitos para ser una VPO". Entre ellos, la vivienda debe tener menos de 90 metros cuadrados útiles, un precio máximo de 174.000 euros y, además, el comprador no podría vender ese piso de protección oficial en un plazo de diez años. En principio, esta medida podría beneficiar a aquellos promotores que tienen en venta viviendas en torno a los 200.000 euros y que no han podido vender, "ya que nadie que tenga inmuebles de 400.000 ó 500.000 euros los va a rebajar a 174.000", continúa Aragón, que considera que ese precio tasado máximo es el causante, entre otras razones, de que haya habido tan poca aceptación por parte de los empresarios. De esas 350 viviendas -que serán algunas más la próxima semana- los promotores tampoco tienen garantizado que se vayan a convertir en VPO, ya que la Junta de Andalucía realizará un estudio pormenorizado de cada proyecto y aprobará su canje o no en función de las necesidades de vivienda protegida que haya en cada municipio. En cualquier caso, la gerente de la ACP no ocultó su decepción y señaló tajante que "habrá que buscar otras soluciones porque está claro que ésta no ha funcionado".
Una de las medidas propuestas por la Junta de Andalucía para paliar la crisis del sector inmobiliario y dar salida a las miles de viviendas que están sin vender ha fracasado. Al menos en Málaga. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio pactó con las asociaciones provinciales de constructores que aquellos promotores que lo desearan podrían convertir las viviendas de renta libre en Viviendas de Protección Oficial (VPO). Sin embargo, por ahora los empresarios sólo han pedido este cambio para 350 viviendas en la provincia del total de 13.500 que se encuentran en estos momentos en stock y con serios problemas de comercialización. De esas 350 viviendas, un centenar se encuentran en Málaga capital, 85 en Mijas y el resto en Vélez-Málaga, Cártama Estación, Sierra de Yeguas, Colmenar y Coín. El plazo para pedir el paso de renta libre a VPO comenzó hace tres semanas y, en principio, se iba a cerrar mañana viernes. No obstante, ante la escasez de peticiones, los gestores de la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga (ACP) -organismo encargado de mediar entre los promotores y la Junta de Andalucía toda la documentación- han decidido ampliar el plazo en una semana más. Violeta Aragón, gerente de la ACP, reconoció ayer a este diario que esas 350 viviendas "son muy pocas", aunque también señaló que "tampoco teníamos grandes expectativas porque se exigen muchos requisitos para ser una VPO". Entre ellos, la vivienda debe tener menos de 90 metros cuadrados útiles, un precio máximo de 174.000 euros y, además, el comprador no podría vender ese piso de protección oficial en un plazo de diez años. En principio, esta medida podría beneficiar a aquellos promotores que tienen en venta viviendas en torno a los 200.000 euros y que no han podido vender, "ya que nadie que tenga inmuebles de 400.000 ó 500.000 euros los va a rebajar a 174.000", continúa Aragón, que considera que ese precio tasado máximo es el causante, entre otras razones, de que haya habido tan poca aceptación por parte de los empresarios. De esas 350 viviendas -que serán algunas más la próxima semana- los promotores tampoco tienen garantizado que se vayan a convertir en VPO, ya que la Junta de Andalucía realizará un estudio pormenorizado de cada proyecto y aprobará su canje o no en función de las necesidades de vivienda protegida que haya en cada municipio. En cualquier caso, la gerente de la ACP no ocultó su decepción y señaló tajante que "habrá que buscar otras soluciones porque está claro que ésta no ha funcionado".
No hay comentarios:
Publicar un comentario