La Fiscalía acusa al ex alcalde de incrementar la edificabilidad de una parcela para construir 46 viviendas
Visto para sentencia. Así quedó ayer el juicio contra el ex alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, por la concesión de una licencia de obras en diciembre de 2004 para la construcción de 46 viviendas y aparcamientos en una parcela de la Leala Norte. En la vista de ayer, la Fiscalía de Málaga mantuvo la acusación contra el ex regidor por un presunto delito contra la ordenación del territorio, al considerar que autorizó la licencia «a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística». Por ello, el Ministerio Fiscal sostiene la petición de ocho años de inhabilitación y una multa diaria de 30 euros durante 18 meses para Bolín. Una acusación que rechazó el ex alcalde independiente, quien insistió en que nunca ha cometido «ningún delito» y que siempre ha actuado «correctamente». En este sentido, recordó que, hasta ahora, «se han archivado todas las denuncias» presentadas contra él.
El proyecto objeto de la denuncia consistía en la construcción de un edificio en una parcela donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo permite viviendas unifamiliares, a pesar de los informes desfavorables del arquitecto y del aparejador. En este sentido, la acusación pública afirma que se construyó en «suelo no permitido» y que la modificación de elementos necesaria se hizo después de la concesión de la licencia, por lo que aseguró que «no se puede presumir buena fe» en el acusado.
«Necesidad imperiosa»
Por su parte, la defensa explicó que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio «con el que se pretendía compensar esos usos». Además, señaló que la operación fue «amparada por el pleno y los informes técnicos» y dijo que en todo caso pudo haber «un desfase procedimental administrativo», pero no un delito. En este punto, el propio Bolín comentó que «había la necesidad imperiosa de obtener unos terrenos para el ferrocarril y por eso se firmó el convenio y se llevó a pleno y al equipo redactor para que se modificaran los elementos». Por último, el ex alcalde remarcó que la licencia no fue impugnada inicialmente por la Junta de Andalucía, sino que se denunció por el PSOE en 2006.
El proyecto objeto de la denuncia consistía en la construcción de un edificio en una parcela donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo permite viviendas unifamiliares, a pesar de los informes desfavorables del arquitecto y del aparejador. En este sentido, la acusación pública afirma que se construyó en «suelo no permitido» y que la modificación de elementos necesaria se hizo después de la concesión de la licencia, por lo que aseguró que «no se puede presumir buena fe» en el acusado.
«Necesidad imperiosa»
Por su parte, la defensa explicó que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio «con el que se pretendía compensar esos usos». Además, señaló que la operación fue «amparada por el pleno y los informes técnicos» y dijo que en todo caso pudo haber «un desfase procedimental administrativo», pero no un delito. En este punto, el propio Bolín comentó que «había la necesidad imperiosa de obtener unos terrenos para el ferrocarril y por eso se firmó el convenio y se llevó a pleno y al equipo redactor para que se modificaran los elementos». Por último, el ex alcalde remarcó que la licencia no fue impugnada inicialmente por la Junta de Andalucía, sino que se denunció por el PSOE en 2006.
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