Naviro y Prosavi tienen cuatro meses de plazo para derribar sendas estructuras ilegales en zona verde La Junta recuerda que hay pendientes otras ocho edificaciones similares
Las Chapas
Ubicación: Golf Río Real.
Promotor: Naviro Inmobiliaria.
Infracción según el Plan vigente: Ocupa zona verde.
Situación en el nuevo PGOU: El suelo pasa a considerarse equipamiento público.
Estado actual de las obras: El bloque de planta baja más tres alturas está en fase de revestimiento, inacabado y no habitado. No tiene licencia municipal.
Coste de la demolición: 47.500 euros, a los que hay que sumar 5.239 euros del estudio de seguridad y de salud. El importe lo asumirá íntegramente la promotora.
San Pedro
Ubicación: Calle Boreal, en la urbanización Linda Vista Alta.
Promotor: Prosavi.
Infracción según el Plan vigente: Ocupa zona verde.
Situación en el nuevo PGOU: Se mantiene la calificación de zona verde.
Estado de las obras: En fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.
Coste de la demolición: El importe del proyecto presentado por Prosavi asciende a 6.000 euros. Ya hay plazos para que desaparezcan del paisaje urbano los dos edificios ilegales desocupados que se incluyeron en un decreto de demolición firmado en septiembre pasado por la alcaldesa Ángeles Muñoz. Será en cuatro meses. Pero, según adelantó ayer la regidora marbellí, no habrá más, ya que se trata de los dos únicos casos que el Ayuntamiento ha detectado que cumplen con lo previsto en el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería andaluza de Vivienda y Ordenación del Territorio para la ejecución anticipada del nuevo Plan General.
Se trata de inmuebles deshabitados e inconclusos, que incumplen el Plan General vigente -al levantarse sobre zona verde- y que tampoco tienen acomodo en el nuevo planeamiento urbanístico, pero con una salvedad importante: ambos bloques ilegales carecen de licencia municipal, a diferencia del resto, por lo que, según explicó Muñoz, las promotoras afectadas no pueden presentar una reclamación patrimonial al Ayuntamiento.
No obstante, ninguna de estas estructuras que parecen que tienen sus días contados están entre los ocho ejemplos de edificaciones ilegales que, según el consejero andaluz del ramo, Juan Espadas, debían caer. Precisamente, fuentes de esta consejería valoraron de forma positiva el anuncio de demolición de las dos primeras construcciones ilegales, merced a un acuerdo del que son partícipes, pero subrayaron que su ejecución llega tarde.
Reproches
Además, recordaron que la actuación municipal está incompleta en este sentido, ya que, hay pendientes otros ocho ejemplos concretos de edificaciones similares -también ilegales, sin terceros afectados y desocupados- que no deberían seguir en pie o que no deben llegar a levantarse según la fórmula de derribo acordada por ambas administraciones. «Confíamos en que acaten el acuerdo para las restantes», remarcaron desde la consejería andaluza de Vivienda y Ordenación del Territorio, que también recordaron otros dos aspectos incluidos en la moción: revisión de licencias irregulares y concesión de licencias en precario hasta la aprobación del PGOU.
Este aviso a navegantes por parte del Gobierno andaluz se produjo ayer, después de que se celebrara la Junta de Gobierno Local que concedió la licencia de demolición parcial a las promotoras Naviro Inmobiliaria SA, propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, procesado por 'Malaya', y a Prosavi, para dos estructuras irregulares levantadas respectivamente en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, y en Linda Vista Alta, en San Pedro.
Así ambas promotoras cumplirán, aunque con demora, con la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento. Y es que desde la firma de los decretos de demolición, disponían de dos meses para ello. Este plazo venció el 21 de diciembre pasado, pero ambas estructuras ilegales aún continúan en pie.
Plazos
Una vez que el Consistorio ha autorizado su demolición parcial, a instancias de las empresas afectadas, los plazos están marcados. Las empresas afectadas disponen de un mes para iniciar los trabajos y otros tres más para finalizarlos, por lo que antes del verano las edificaciones se habrán borrado del paisaje urbano.
Además, según explicó ayer la primer edil marbellí, las dos promotoras deberán asumir el coste de la actuación. En el caso de Naviro Inmobiliaria el montante supera los 52.000 euros (incluidos los estudios de seguridad y salud preceptivos), mientras el importe a desembolsar por Prosavi es de 6.000 euros.
El caso más notorio es el bloque de planta baja más tres alturas, en fase de revestimiento, y por lo tanto desocupado, que promueve Ávila Rojas en Las Chapas. La comisión gestora ordenó en su día la paralización de los trabajos por carecer de licencia municipal. Según fuentes municipales, están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado. El edificio se encuentra en zona verde y en el nuevo Plan General, en tramitación, aparece como equipamiento. En cambio, la otra estructura que tampoco podrá seguir en pie la promueve Prosavi en una parcela, situada en la calle Boreal, en Linda Vista Alta. Se trata de seis viviendas adosadas, también inacabadas y sobre zona verde, de un conjunto de 45. La estructura está en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.
La primera edil marbellí destacó ayer como un logro de la gestión municipal que en ambos casos la promotora haya solicitado permiso al Ayuntamiento para su demolición, sin que, según remarcó, haya existido orden de ejecución. En su opinión, el gobierno municipal «da cumplimiento a los compromisos que asumimos cuando se puso en marcha el proceso para la aprobación de licencias provisionales con intención de normalizar la situación urbanística de la ciudad y luchar para evitar derribos de viviendas habitadas». Una lectura que contrasta con la de la Junta. Desde el Ejecutivo Local, aclararon que, al margen del expediente de demolición, se mantiene abierto el de disciplina urbanística, que podría acarrear la imposición de una multa.
Las Chapas
Ubicación: Golf Río Real.
Promotor: Naviro Inmobiliaria.
Infracción según el Plan vigente: Ocupa zona verde.
Situación en el nuevo PGOU: El suelo pasa a considerarse equipamiento público.
Estado actual de las obras: El bloque de planta baja más tres alturas está en fase de revestimiento, inacabado y no habitado. No tiene licencia municipal.
Coste de la demolición: 47.500 euros, a los que hay que sumar 5.239 euros del estudio de seguridad y de salud. El importe lo asumirá íntegramente la promotora.
San Pedro
Ubicación: Calle Boreal, en la urbanización Linda Vista Alta.
Promotor: Prosavi.
Infracción según el Plan vigente: Ocupa zona verde.
Situación en el nuevo PGOU: Se mantiene la calificación de zona verde.
Estado de las obras: En fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.
Coste de la demolición: El importe del proyecto presentado por Prosavi asciende a 6.000 euros. Ya hay plazos para que desaparezcan del paisaje urbano los dos edificios ilegales desocupados que se incluyeron en un decreto de demolición firmado en septiembre pasado por la alcaldesa Ángeles Muñoz. Será en cuatro meses. Pero, según adelantó ayer la regidora marbellí, no habrá más, ya que se trata de los dos únicos casos que el Ayuntamiento ha detectado que cumplen con lo previsto en el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería andaluza de Vivienda y Ordenación del Territorio para la ejecución anticipada del nuevo Plan General.
Se trata de inmuebles deshabitados e inconclusos, que incumplen el Plan General vigente -al levantarse sobre zona verde- y que tampoco tienen acomodo en el nuevo planeamiento urbanístico, pero con una salvedad importante: ambos bloques ilegales carecen de licencia municipal, a diferencia del resto, por lo que, según explicó Muñoz, las promotoras afectadas no pueden presentar una reclamación patrimonial al Ayuntamiento.
No obstante, ninguna de estas estructuras que parecen que tienen sus días contados están entre los ocho ejemplos de edificaciones ilegales que, según el consejero andaluz del ramo, Juan Espadas, debían caer. Precisamente, fuentes de esta consejería valoraron de forma positiva el anuncio de demolición de las dos primeras construcciones ilegales, merced a un acuerdo del que son partícipes, pero subrayaron que su ejecución llega tarde.
Reproches
Además, recordaron que la actuación municipal está incompleta en este sentido, ya que, hay pendientes otros ocho ejemplos concretos de edificaciones similares -también ilegales, sin terceros afectados y desocupados- que no deberían seguir en pie o que no deben llegar a levantarse según la fórmula de derribo acordada por ambas administraciones. «Confíamos en que acaten el acuerdo para las restantes», remarcaron desde la consejería andaluza de Vivienda y Ordenación del Territorio, que también recordaron otros dos aspectos incluidos en la moción: revisión de licencias irregulares y concesión de licencias en precario hasta la aprobación del PGOU.
Este aviso a navegantes por parte del Gobierno andaluz se produjo ayer, después de que se celebrara la Junta de Gobierno Local que concedió la licencia de demolición parcial a las promotoras Naviro Inmobiliaria SA, propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, procesado por 'Malaya', y a Prosavi, para dos estructuras irregulares levantadas respectivamente en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, y en Linda Vista Alta, en San Pedro.
Así ambas promotoras cumplirán, aunque con demora, con la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento. Y es que desde la firma de los decretos de demolición, disponían de dos meses para ello. Este plazo venció el 21 de diciembre pasado, pero ambas estructuras ilegales aún continúan en pie.
Plazos
Una vez que el Consistorio ha autorizado su demolición parcial, a instancias de las empresas afectadas, los plazos están marcados. Las empresas afectadas disponen de un mes para iniciar los trabajos y otros tres más para finalizarlos, por lo que antes del verano las edificaciones se habrán borrado del paisaje urbano.
Además, según explicó ayer la primer edil marbellí, las dos promotoras deberán asumir el coste de la actuación. En el caso de Naviro Inmobiliaria el montante supera los 52.000 euros (incluidos los estudios de seguridad y salud preceptivos), mientras el importe a desembolsar por Prosavi es de 6.000 euros.
El caso más notorio es el bloque de planta baja más tres alturas, en fase de revestimiento, y por lo tanto desocupado, que promueve Ávila Rojas en Las Chapas. La comisión gestora ordenó en su día la paralización de los trabajos por carecer de licencia municipal. Según fuentes municipales, están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado. El edificio se encuentra en zona verde y en el nuevo Plan General, en tramitación, aparece como equipamiento. En cambio, la otra estructura que tampoco podrá seguir en pie la promueve Prosavi en una parcela, situada en la calle Boreal, en Linda Vista Alta. Se trata de seis viviendas adosadas, también inacabadas y sobre zona verde, de un conjunto de 45. La estructura está en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.
La primera edil marbellí destacó ayer como un logro de la gestión municipal que en ambos casos la promotora haya solicitado permiso al Ayuntamiento para su demolición, sin que, según remarcó, haya existido orden de ejecución. En su opinión, el gobierno municipal «da cumplimiento a los compromisos que asumimos cuando se puso en marcha el proceso para la aprobación de licencias provisionales con intención de normalizar la situación urbanística de la ciudad y luchar para evitar derribos de viviendas habitadas». Una lectura que contrasta con la de la Junta. Desde el Ejecutivo Local, aclararon que, al margen del expediente de demolición, se mantiene abierto el de disciplina urbanística, que podría acarrear la imposición de una multa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario