lunes, 19 de enero de 2009

Sólo en 13 de los 100 municipios de la provincia se tramitaron VPO en 2008 (Málaga Hoy)


La Junta da calificación provisional a 1.053 viviendas sociales a lo largo del pasado año · El dato es cuatro veces inferior al de Sevilla · El consejero de Vivienda critica a los ayuntamientos de la Costa del Sol

Los estudios de la Junta de Andalucía elevan a unas 50.000 las viviendas de protección oficial (VPO) que debieran construirse en la provincia de Málaga para dar respuesta a la demanda existente. El dato, que corrobora las dificultades con las que se topan los ciudadanos a la hora de acceder al mercado inmobiliario, contrasta de lleno con el número de promociones de casas a precio asequible que se impulsaron a lo largo de 2008, apenas 1.053, y con el hecho de que las mismas se han concentrado en apenas 13 de los cien municipios de la provincia. O lo que es lo mismo, que el pasado ejercicio hubo 87 localidades en las que no se tramitaron nuevas intervenciones residenciales de este tipo.

Así queda patente al observar el Balance del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 realizado por la Junta de Andalucía y correspondiente a los últimos doce meses. En este periodo, según la información, la Consejería de Vivienda y Ordenación Territorial únicamente concedió calificación provisional a proyectos en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, Campillos, Cártama, Fuengirola, Málaga, Mollina, Nerja, Rincón de la Victoria, Riogordo, Sierra de Yeguas y Totatalán, aunque la inmensa mayoría de las iniciativas correspondieron a empresas privadas. Por localidades, Málaga capital concentra la mayor parte de las calificaciones provisionales, con 482, de las que 365 se corresponden con promociones en régimen de alquiler.

Se echa de menos en este listado de ciudades la aparición de localidades de la Costa del Sol occidental, entre las que únicamente aparece Fuengirola. Así, ni Torremolinos, ni Estepona, ni Mijas, ni Marbella, que son algunos de los espacios donde las necesidades de vivienda a precio asequible son mayores, se ha concedido una sola calificación en todo 2008. Esta circunstancia provocó la pasada semana la crítica del titular de Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Espadas, quien consideró que este territorio está suponiendo un escollo en el cumplimiento del plan de vivienda autonómico.

Las cifras relativas a la provincia de Málaga son especialmente sorprendentes si se comparan con otros escenarios andaluces. Este ejercicio permite comprobar cómo el dato de Málaga es casi cuatro veces inferior al de Sevilla (4.183) y está por debajo de Cádiz (2.631), Almería (1.583), Granada (1.449) y Huelva (1.242).

No obstante, cabe destacar que Málaga es la única provincia en la que a lo largo de 2008 la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) no ha tramitado una sola vivienda social nueva, algo que sí ha hecho en las otras siete provincias. Destaca el papel desempeñado en Sevilla, con 479 unidades, en cuatro localidades; Granada, con 341, y Huelva, con otras 229.

La crítica a la actuación de estos ayuntamientos no se limita únicamente a la nula apuesta por la vivienda de protección oficial, sino también en lo que respecta a la oferta pública de compra de suelo destinado a vivienda de protección oficial. El consejero reconoció como primer problema el alto precio que tienen los terrenos en la franja litoral de la provincia de Málaga y, como segundo, la escasa implicación de los ayuntamientos. Esto hizo que el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (Famp), Francisco Toscano, pidiese un esfuerzo a las corporaciones locales para "sacar suelo con destino a VPO".

Donde los números sí parecen estar más acordes al peso de la provincia de Málaga es en las actuaciones desarrolladas en rehabilitación de viviendas. Los datos aportados por el Gobierno autonómico elevan a 5.710 las viviendas objeto de restauración durante 2008, por detrás de Córdoba (7.598), Cádiz (5.743) y Sevilla (5.715). La mayoría de las intervenciones en territorio malagueño se refieren a rehabilitación singular, con 1.880 casos, seguidas de adecuación funcional de viviendas, con 1.429, y rehabilitación autonómica, con 1.375. Asimismo, en la anualidad pasada se impulsaron 43 iniciativas de transformación de infravivienda.

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