El Consistorio recuerda que están haciendo 1.797 casas y que se prevén iniciar otros 1.800 pisos protegidos en los próximos meses
La construcción de VPO volvió ayer a enfrentar a la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de la capital. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, retó ayer al Consistorio a que si no tiene capacidad económica para edificar vivienda protegida en la ciudad, ceda suelo municipal a la Administración autonómica para que sea esta quien construya. A su juicio, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) plantea una oferta «aún insuficiente» para atender la demanda, que cifró en 20.000 pisos.
«Si no se puede asumir económicamente el aumento de la oferta de VPO, no hay ningún problema, ya que el Consistorio se podrá limitar a poner los suelos de los que disponga encima de la mesa y la Consejería de Vivienda hará el resto», subrayó Espadas, quien reclamó que se reserve más del 30% del terreno de la ciudad a construir VPO.
Asimismo, el consejero recordó que la provincia de Málaga es la que ha presentado un volumen «más discreto» de suelo a la oferta pública de adquisición efectuada por la Junta.
Las reacciones no se hicieron esperar. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, señaló que el PGOU prevé la construcción de 22.045 VPO y recordó que el plan prevé la reserva del 30% para esta tipología de pisos, incluso en determinados casos, como en la zona de Cortijo Merino, se reserva hasta el 45%.
Según los datos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), en el presente año se están construyendo en la ciudad 1.797 viviendas protegidas y se iniciarán 1.822 a lo largo del ejercicio, además del suelo que se está preparando para construir 2.300 VPO en Hacienda Cabello y Lagar de Oliveros.
Agilizar el PGOU
Respecto a la aprobación por parte de la Junta del PGOU, Juan Espadas, indicó que aún no se han recibido varios informes sectoriales y que cuando lleguen a su departamento se convocará una reunión con el Consistorio. El consejero sí dejó patente su voluntad de agilizar los trámites y aseveró que no se agotará el plazo legal de cinco meses para evitar un veredicto sobre el plan. «Intentaremos reducir este plazo a la mitad», subrayó Espadas, quien avanzó que si en un mes y medio tienen los informes que faltan antes de final de año se habrá aprobado el PGOU.
La construcción de VPO volvió ayer a enfrentar a la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de la capital. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, retó ayer al Consistorio a que si no tiene capacidad económica para edificar vivienda protegida en la ciudad, ceda suelo municipal a la Administración autonómica para que sea esta quien construya. A su juicio, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) plantea una oferta «aún insuficiente» para atender la demanda, que cifró en 20.000 pisos.
«Si no se puede asumir económicamente el aumento de la oferta de VPO, no hay ningún problema, ya que el Consistorio se podrá limitar a poner los suelos de los que disponga encima de la mesa y la Consejería de Vivienda hará el resto», subrayó Espadas, quien reclamó que se reserve más del 30% del terreno de la ciudad a construir VPO.
Asimismo, el consejero recordó que la provincia de Málaga es la que ha presentado un volumen «más discreto» de suelo a la oferta pública de adquisición efectuada por la Junta.
Las reacciones no se hicieron esperar. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, señaló que el PGOU prevé la construcción de 22.045 VPO y recordó que el plan prevé la reserva del 30% para esta tipología de pisos, incluso en determinados casos, como en la zona de Cortijo Merino, se reserva hasta el 45%.
Según los datos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), en el presente año se están construyendo en la ciudad 1.797 viviendas protegidas y se iniciarán 1.822 a lo largo del ejercicio, además del suelo que se está preparando para construir 2.300 VPO en Hacienda Cabello y Lagar de Oliveros.
Agilizar el PGOU
Respecto a la aprobación por parte de la Junta del PGOU, Juan Espadas, indicó que aún no se han recibido varios informes sectoriales y que cuando lleguen a su departamento se convocará una reunión con el Consistorio. El consejero sí dejó patente su voluntad de agilizar los trámites y aseveró que no se agotará el plazo legal de cinco meses para evitar un veredicto sobre el plan. «Intentaremos reducir este plazo a la mitad», subrayó Espadas, quien avanzó que si en un mes y medio tienen los informes que faltan antes de final de año se habrá aprobado el PGOU.
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