Afirman que comunicaron en varias ocasiones a las autoridades municipales que los trabajos, en una zona protegida, incumplían la normativa urbanística.
BLAS GIL. RONDA El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Ronda y Ecologistas en Acción alertaron en diferentes ocasiones al equipo de Gobierno de la anterior legislatura (conformado por PA, PP y GIL) y más concretamente al entonces delegado municipal de Urbanismo, José Herrera (PP), y al alcalde, Antonio Marín (PA), de que las obras que se estaban realizando en el Puerto de la Muela, en la Hoya del Tajo, para la construcción de una escuela de equitación, podrían ser ilegales, e incluso solicitaron la paralización de las mismas.
Los concejales del PSOE Maribel Morales y Pedro Fernández Coca, entonces en la oposición, también solicitaron información al Ayuntamiento, para conocer en qué términos y con qué permisos se estaba ejecutando el polémico proyecto al comprobar el volumen que estaba tomando la edificación.
Todos estos nuevos datos se han conocido después de que el Juzgado número 1 de Ronda haya abierto diligencias previas y haya citado a declarar, en calidad de querellados, a diez ediles de la anterior legislatura, tras haber sido acusados por la Fiscalía de Málaga de un presunto delito de prevaricación, por dar el visto bueno a estos trabajos en un paraje que está catalogado en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como suelo no urbanizable de protección integral.Los ediles citados a declarar a finales de este mes (la mitad de ellos ya fuera del Consistorio), son los socialistas: Isabel Aguilera, Juan Fraile, Maribel Morales, Pedro Fernández Coca y Francisco Javier Navarro; los ediles del PP: José Herrera y Maripaz Fernández; así como los miembros del GIL: Trinidad Aragón, Carlos Gustavo González y Jerónimo García.Todos dieron su voto favorable en una comisión informativa de Obras celebrada en 2005 a la reconstrucción de un cortijo ya existente para la creación de la escuela de equitación. IU votó en contra y el PA se abstuvo, por los que los ediles de estas dos formaciones no han sido llamados a declarar.
La Fiscalía entiende que las obras se han realizado sin cobertura legal, por lo que acusa al propietario de un presunto delito contra la ordenación del territorio y a los concejales implicados de presunta prevaricación.IU, en dos comisiones informativas de Obras del año 2006 y otra del año 2007, alertó de que los trabajos podrían ser ilegales y preguntó sobre las posibles sanciones que se habrían impuesto al propietario y por qué no se pararon las obras en su momento, según se refleja en las actas oficiales. Mientras, el portavoz de Ecologistas en Acción, Alejandro Moreno informó de que remitieron escritos a Herrera y a Marín indicando que las obras eran ilegales y pidieron medidas para su control.
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