Los tribunales de Ronda investigan otras tres presuntas obras ilegales en la Hoya del Tajo. Ronda (La Opinión)

Diez ediles de la anterior legislatura están declarando ante el juez tras autorizar una edificación en estos parajes, por lo que han sido acusados de prevaricación

BLAS GIL. RONDA Los tribunales de Ronda han abierto diligencias previas para averiguar si otras tres edificaciones de reciente construcción que se han situado en la Hoya del Tajo son ilegales, tal y como ha denunciado Ecologistas en Acción.

De esta forma, además del caso que investiga en estos momentos el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda, sobre la presunta obra ilegal del Puerto de la Muela, consistente en un centro de equitación, y por la que han sido acusados diez ediles de la anterior legislatura por un presunto delito de prevaricación, ahora se quiere averiguar si existen más edificaciones irregulares en la misma zona, concretamente dos chalés y una nave agrícola.

Las diligencias previas abiertas en los tres juzgados rondeños corresponden a los expedientes 546/08; 538/08; y 574/08.

A juicio de los ecologistas, la infracción urbanística es la misma que la cometida en las polémicas caballerizas del Puerto de la Muela, ya que estas tres edificaciones se habrían levantado en una zona que está catalogada dentro del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda, como de protección integral.

Un portavoz de este colectivo indicó que "si tenían licencia de obras mal hecho, porque ahí no se les puede conceder, y si no la tenían, aún peor".

Esta noticia se ha conocido cuando durante los últimos días ya han empezado a declarar ante la titular del Juzgado número 1 de la ciudad del Tajo la gran mayoría de los diez concejales de la anterior legislatura que han sido acusados por la Fiscalía de Málaga de un presunto delito de prevaricación, por votar en una comisión municipal de Urbanismo celebrada en 2005 a favor de conceder una licencia de obras para la construcción de un voluminosa edificación en la Hoya del Tajo, donde se ha situado una casa de dos plantas y unas caballerizas, para crear una centro de equitación.

Los ediles que se han visto implicados en este asunto son los socialistas Isabel Aguilera, Juan Fraile, Maribel Morales, Pedro Fernández Coca y Javier Navarro; los populares José Herrera y Maripaz Fernández; los miembros del GIL, Trinidad Aragón y Carlos Gustavo González; y el edil no adscrito Jerónimo García. 

Durante las declaraciones, la juez se interesó, principalmente, por cómo se desarrolló la citada comisión municipal de Urbanismo y si los concejales tuvieron conocimiento de algún informe que indicase que la obra denunciada podía ser ilegal.

En sus declaraciones los concejales han señalado, principalmente, que no tuvieron conocimiento de que la construcción fuese ilegal y que además ellos tan sólo dieron el visto bueno a la reconstrucción de la casa que allí existía y no a la totalidad de las instalaciones que se han edificado y que su voto no era vinculante.

José Herrera, que concedió la licencia de obras a través de un decreto para la edificación cuando era el delegado municipal de Urbanismo, explicó que el permiso era para la rehabilitación de la vivienda que allí existía y que al comprobarse el volumen de los trabajos el Ayuntamiento tramitó los expedientes sancionadores pertinentes contra el propietario.