jueves, 9 de julio de 2009

El Senator se legalizará a cambio de 12,5 millones para ampliar el palacio de ferias. Marbella (SUR)

El equipo redactor del nuevo Plan cambia de criterio y suprime
la obligación de ceder los 99 apartamentos del complejo

El Senator se legalizará a cambio de 12,5 millones para ampliar el palacio de ferias
El Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, que será ampliado, con el hotel Senator al fondo. / JOSELE-LANZA
La ampliación del palacio de congresos de Marbella tendrá un coste de 25 millones de euros. La mitad de ese dinero es el precio que deberá pagar la empresa propietaria del Hotel Senator para legalizar el establecimiento y el bloque de 99 apartamentos que se levanta junto a éste. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla esta nueva propuesta para regularizar los inmuebles de la cadena Hoteles Playa, pero suprime del capítulo de compensaciones la cesión al Ayuntamiento de una serie de viviendas, cuyo número había ido decreciendo en las distintas modificaciones del documento. En el avance del Plan, la obligación comprendía la totalidad del edificio.
El nuevo texto urbanístico reduce también la superficie del suelo para equipamiento que cederá la propietaria, que se sitúa ahora en 2.774 metros cuadrados frente a los 3.682 fijados anteriormente. En dicha parcela se acometerá la ampliación del palacio de congresos, cuyas obras sufragará en un 50 por ciento -12,5 millones de euros- la cadena hotelera. El equipo redactor mantiene que esta propuesta, realizada por la empresa, garantiza la viabilidad económica del proyecto de remodelación del recinto congresual. El PGOU prevé que la otra mitad de la inversión sea financiada por la Junta de Andalucía, propuesta que abordó el pasado martes la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, durante su reunión en Sevilla con la directora general de Comercio, María Dolores Atienza.
El Hotel Senator y el edificio anexo se construyeron en virtud de una licencia otorgada en 2002 por el ex alcalde Julián Muñoz y que cuatro años después fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al levantarse sobre un suelo ubicado junto al palacio de congresos calificado en el PGOU de 1986 como equipamiento público. Según el equipo redactor del nuevo Plan, dicha calificación se basaba en la hipótesis de que era precisa la totalidad de la parcela para la ampliación del recinto, dado que se pretendía en un futuro duplicar sus dimensiones.
Modificaciones
Las previsiones han cambiado. El documento urbanístico destaca que las conclusiones de un estudio municipal establecen que para las necesidades del actual proyecto de ampliación y su viabilidad económica únicamente se precisa una parte del suelo anexo al palacio. Subraya también que el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol dibuja en el núcleo poblacional de Puerto Banús un área donde construir un nuevo centro congresual. La propuesta, que ha sido asumida por el nuevo PGOU, «hace igualmente innecesario» reservar toda la parcela en la que se ubica el complejo inmobiliario como equipamiento público, según el director del equipo redactor, Manuel González Fustegueras.
Para el arquitecto jerezano, la catalogación de uso hotelero de la finca sobre la que se asienta el establecimiento es de interés social en la economía del municipio y servirá de complemento al palacio de congresos. González Fustegueras mantiene además que el estudio realizado por el Ayuntamiento de Marbella sobre la ampliación del recinto no afecta al centenar de apartamentos, por lo que la calificación de residencial del suelo sobre el que se levanta el bloque de viviendas «se entiende congruente» con los principios generales de normalización adoptados por el nuevo plan.
Protestas
La nueva propuesta, sin embargo, no agrada a todos. Fuentes socialistas aseguraron a este periódico que las distintas modificaciones del texto urbanístico han permitido a la propietaria lograr el objetivo de legalizar todo el complejo inmobiliario sin ceder ni uno de los 99 apartamentos, cuando inicialmente la obligación establecía la entrega de todo el edificio. ¿A cambio de qué? De una compensación económica que resulta ventajosa para la empresa -dado que es menor que el valor de las viviendas- para sufragar una ampliación del palacio de congresos «inadecuada» por la superficie de la parcela y difícil de materializarse, según las mismas fuentes.

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