Una lucha incomprensible para el ciudadano se ha abierto entre el equipo de gobierno del Consistorio malagueño y la Junta de Andalucía, cuyos órganos de vigilancia legal consideran inadecuados tantos capítulos del plan de ordenación urbana propuesto para Málaga, que prefieren su hundimiento en el mar de las suspensiones absolutas, antes que los retoques. Don Francisco está convencido de que aún queda septiembre, ahí sacará buena nota. La Consejería, inflexible aunque condescendiente, ha indicado que en la próxima convocatoria el plan pasará de curso y, además, desmiente que la tenga tomada con el alcalde, lo castiga por su bien y por el de todos los vecinos. El paseante contempla tantas barbaridades autorizadas a lo largo de la Nacional 340 que sufre una profunda desorientación. Por un lado Málaga se encuentra constreñida en su crecimiento y por otro su crecimiento deglute el entorno, al que ya no queda un metro virgen, si no acudimos a un concepto tan en extremo laxo de lo virginal que provocaría chistes. Una residencia de ricos banqueros, pongamos Zurich, se agazapa tras las cómodas murallas del lujo y la exclusividad. Málaga, mal que le pese, ahora necesita expandirse; su desarrollo exige la repoblación del Centro urbano, a la vez que el diseño de nuevas avenidas, la conquista de terrenos hasta hace poco industriales y, desde luego, un avance más allá de las rondas como sucedió a Madrid cuando traspasó la M-30, o a Barcelona o Valencia cuando corrieron más allá de sus anillos, o como en los casos paradójicos de Rincón de la Victoria, Benalmádena, o Marbella, terrenos sobre los que la Junta sí tiene competencias y sobre los que el pagano (por cuestiones de pagos) no comprende por qué no se actuó con iguales criterios a los que se aplica con Málaga para que no se produzca esa pretendida inseguridad jurídica con que, según parece, nos íbamos a despertar cada mañana los vecinos si el plan hubiese sido aprobado.
Una gran descoordinación se atisba entre varias actuaciones administrativas, perjuicio para los contribuyentes de una localidad que vive en un grado excesivo de la construcción, sí, pero para la que no se anuncia otro horizonte. Si la expropiación de Arraijanal por parte del Ministerio correspondiente ya se hubiera llevado a cabo, si las circunvalaciones se trazaran con previsión de amplio futuro, o si los trenes anduviesen entre nosotros bajo tierra como en cualquier núcleo civilizado desde hace décadas, no se habrían producido ese ofensivo tirón de orejas a la alcaldía de Málaga que, desde la óptica de las declaraciones de la Junta, semeja un ayuntamiento de especuladores facinerosos, como aquel que la misma Junta tuvo en la Costa a pocos kilómetros de aquí y contra el que no fue capaz de actuar, hasta que no cayó casi por el propio peso de su cadáver. El exceso de rigor también provoca injusticias, o revanchas, según se mire.
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