La Gerencia de Urbanismo ultima los trámites para la venta forzosa de estos inmuebles · Entre ellos se incluyen los dos de la calle Mariscal, cuya enajenación quedó desierta al no recibir ninguna oferta
La espada de Damocles, en forma de amenaza de expropiación y subasta, pende en estos momentos sobre los propietarios de una decena de edificios del centro histórico de Málaga. Todos ellos tienen un denominador común: haber incumplido sus obligaciones en materia de conservación de las edificaciones y estar en el punto de mira de la Gerencia de Urbanismo, que estudia poner en venta estas construcciones para acabar de esta manera con la dejación de sus dueños.
La vía en la que trabajan en este momento técnicos del servicio de Conservación de Urbanismo es la misma que se empleó a principios del pasado año con los bloques Mariscal 3 y 5, protagonista negativo de uno de los casos más conocidos y denunciados de acoso inmobiliario, y cuyo lamentable estado viene provocando quejas por parte de los vecinos desde 2004. El anuncio de enajenación de estos dos inmuebles, por algo más de 2,4 millones de euros, no despertó, sin embargo, el interés que podían pensar los responsables del equipo de gobierno, puesto que la convocatoria quedó desierta. Transcurrido ya más de un año desde esa primera intentona, el Ayuntamiento se prepara para sacarlo por segunda vez a subasta, en este caso a un precio algo inferior.
A esta convocatoria se podrían sumar en los próximos meses otros siete inmuebles, según la información remitida a este periódico por Urbanismo. En la misma se hace especial hincapié en los casos de calle Gaona,16; calle San Félix Cantalicio, 5, 7 y 9; Vendeja 2 y 4 y Trinidad Grund, 3, así como calle Somera 9 y 11. En la mayoría de estos casos, Urbanismo tiene tramitados expedientes por incumplimiento de la propiedad, lo que supone la inscripción de los inmuebles en el registro de edificios y solares y, pasado un plazo de un año sin que haya acción alguna por parte de la propiedad, la puesta en venta forzosa de los mismos con el fin de restituir la situación.
Si bien el engranaje de la maquinaria municipal ha acelerado su funcionamiento en los últimos años ante los supuestos de asustaviejas y abandono de edificios, hay ejemplos que constatan que la misma no siempre actúa con la misma celeridad. Uno de ellos es el de Gaona, 16. El pasado mes de febrero, Urbanismo aprobó el incumplimiento de la función social de la propiedad, pero lo hizo después de que desde 1997 se produjese una primera denuncia de Bomberos ante la necesidad de que se efectuase el apuntalamiento de la cubierta de la caja de las escaleras. Tras esta primera negligencia, nueve más entre 1997 y 2003.
Igualmente llamativo es el caso de Vendeja 2 y 4, con entrada desde Trinidad Grund, dado que los propietarios de este inmueble, que actualmente está completamente apuntalado, proyectaban la construcción de un hotel de cinco estrellas en el mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó el estudio de detalle presentado y optó por incluir la edificación en el registro de solares, hecho que supuso el recurso por parte de la empresa responsable de la intervención.
A estos casos hay que sumar otros edificios en los que la dejación es igualmente evidente aunque la propiedad ha planteado a última hora la posibilidad de intervenir en los edificios. En este supuesto, Urbanismo incluye el número 9 de la calle Casas de Campo y los 2 y 4 de Simonet, donde "el trámite se ha prorrogado porque el propietario presentó un proyecto", y Alameda de Colón, 7, cuyo dueño ha obtenido licencia para intervenir en el mismo.
"La idea que tenemos es seguir adelante con esta herramienta, al objeto de evitar que los edificios se deterioren", comentó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. Un instrumento al que en el último año se ha sumado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), a la que están obligados los propietarios de inmuebles con una determinada antigüedad. La primera fase del proceso afectó a 2.200 edificios de más de cien años y protegidos, de los que 1.240 han sido objeto de examen. De estos últimos, 735 disponen de informe positivo y los 481 restantes han de ser sometidos a obras de mejora y adecuación.
La opción manejada por el equipo de gobierno del PP fue respaldada por el Defensor del Ciudadano de la Provincia, Francisco Gutiérrez, quien a lo largo de los últimos años ha denunciado decenas de casos de acoso inmobiliario en el centro de Málaga. Cuestionado por la posible subasta de algunos de los inmuebles implicados en estas denuncias, consideró que se trata de una línea interesante, "al menos porque es una decisión que se toma ante la dejación de la propiedad". Sin embargo, estimó como "más efectiva" la expropiación de los bloques por parte del Consistorio.
En este sentido, recuerda lo sucedido hace un año con Mariscal 3 y 5, que fue subastado por el Ayuntamiento sin recibir una sola propuesta. "Me consta que había seis o siete empresas interesadas en hacerse con los edificios, pero el precio que se pedía por ellos era muy elevado", indicó. "Hay que buscar un precio que sea atractivo para las empresas, más aún cuando se trata de edificios que prácticamente hay que tirarlos y a cuyos inquilinos hay que realojar", añadió.
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