La Corporación aprobará el jueves la moción para frenar las multas coercitivas y ganar tiempo para su regularización
06.10.2009 -
El Ayuntamiento de Mijas dará luz verde el próximo jueves a la sustitución de las multas coercitivas a las viviendas irregulares por otros medios de ejecución forzosa con los que la mayoría de afectados podrán alargar el proceso de demolición y ganar tiempo para legalizar su situación. La moción firmada por el alcalde, Antonio Sánchez, se quedó sobre la mesa en el último Pleno al ser presentada con carácter de urgencia, por lo que toda la Corporación acordó someter a votación en la siguiente sesión ordinaria una propuesta con la que se pretende abrir una vía para la legalización de buena parte de las 3.700 construcciones irregulares detectadas en el municipio entre viviendas, muros, piscinas y demás edificaciones.
La fórmula planteada por el equipo de gobierno establece que el Ayuntamiento dejará de enviar multas coercitivas (normalmente una docena antes de decretar la demolición) a los infractores con expedientes abiertos. En su lugar, se decretará directamente el derribo de la construcción, aunque dando un margen prudencial de tiempo para su ejecución; un periodo que variará en función de las circunstancias de cada caso, aplicándose el más largo posible si si trata de la vivienda habitual de una familia, o el menor para otro tipo de construcciones como muros y piscinas. Lo que el Consistorio persigue con este mecanismo es evitar el derribo de inmuebles que en el futuro podrían ser legalizables mediante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para dar una idea de ello será fundamental el catálogo de construcciones en suelo no urbanizable que está elaborando el Ayuntamiento y que estará listo la próxima primavera; un documento que permitirá determinar qué inmuebles tienen posibilidades de regularización.
En este sentido, cabe reseñar que no todas las construcciones se podrán salvar. De hecho, desde el equipo de gobierno llevan tiempo manteniendo que esta iniciativa no es una amnistía. Además, al objeto de atajar definitivamente el problema, tampoco podrán beneficiarse de esta especie de moratoria las nuevas irregularidades que detecten los servicios de inspección.
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