La ACP reclama la creación de una entidad autonómica que avale a los compradores que no obtienen garantías de las entidades financieras, y una mayor deducción del IRPF en la adquisición de una vivienda.
Nadie duda del peso de la construcción y de la importancia del sector en la economía local en los últimos años. Ha sido el revulsivo que ha posibilitado que Málaga fuera la provincia que más incrementó su PIB en España durante varios ejercicios. No obstante, el sector no pasa ahora por uno de sus mejores momentos y ha llegado la hora de las reclamaciones, sobre todo, en un marco tan adecuado como el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que ayer comenzó en el Palacio de Ferias de Málaga.
El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, exigió ayer al Gobierno que establezca un IVA "superreducido" en la compraventa de viviendas, que fija en un 4 ó 5% frente al 7% actual que llegará al 8% el próximo año. "La subida del IVA del 7 al 8% y de posiblemente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es la antítesis de lo que demanda el sector", subrayó Prado, quien consideró que lo fundamental es "incentivar la venta". Con este objetivo, el presidente de la ACP también reclamó la ampliación de la deducción del IRPF para rentas superiores a 24.000 euros al año y la puesta en marcha de una entidad autonómica que avale a aquellos ciudadanos que quieren comprar una vivienda y no pueden obtener las garantías necesarias de las entidades financieras.
La patronal malagueña de la construcción también aprovechó la presencia de políticos para pedir a las Administraciones Públicas, principalmente las locales, que paguen las deudas con los proveedores -cifrada en unos 100 millones de euros- y que haya mayor obra pública "porque es lo único que puede mantener a flote a las empresas". En este sentido, Prado recordó que el sector inmobiliario, a través de los diversos impuestos, ha generado unos ingresos a las Administraciones de 200.000 millones de euros en España durante los años del auge.
En materia urbanística, Prado destacó que "hay que solucionar de forma urgente el problema del suelo" y reclamó un Pacto de Estado a través del cual "haya un urbanismo reglado y seguridad jurídica". En este sentido, solicitó a las Administraciones que se comprometan a agilizar la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana y precisó que "no es de recibo que a finales de 2009 sólo haya dos municipios de Málaga que tengan aprobado su PGOU, cuando eso debería ser una prioridad de las Administraciones".
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