La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía aprobó ayer y de forma definitiva el nuevo planeamiento de la ciudad. Hasta ahora, su modelo urbanístico se regía por un PGOU aprobado en el año 1986 e incumplido durante los sucesivos años posteriores.
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Marbella ya tiene un proyecto de vida definitivo. La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) aprobó ayer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regulará su crecimiento en los próximos ocho años. Su visto bueno es definitivo. Con él, se pone fin a cuatro años de tramitación y a veinte anteriores de planeamiento improvisado.
La COTUA es un órgano consultivo de la Junta de Andalucía, pero su decisión es vinculante. Un total de 38 de sus miembros se reunieron ayer en Sevilla. Entre ellos, representantes de las administraciones públicas (nacional, autonómica y local), colegios profesionales y organizaciones sociales. Todos votaron a favor el PGOU marbellí. Un solo participante se abstuvo. Pertenecía al colectivo Ecologistas en Acción.
Y es que según este colectivo, "el nuevo Plan General de Urbanismo consagra lo que ha caracterizado a este municipio, permite crecimientos insostenibles e injustificables y legaliza la práctica totalidad de las 18.000 viviendas irregulares construidas durante el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL)".
Los padres del documento opinan todo lo contrario. "Marbella gana muchísimo con este plan", destacó a La Opinión el jefe de su equipo redactor, el arquitecto Manuel González Fustegueras. La ciudad "multiplicará por cinco la ratio de zonas verdes, por tres la de sus equipamientos y, además, vuelve a la normalidad", justificó.
Este último aspecto era ayer el más destacado por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz. "Va a ser la primera ciudad de más de 100.000 habitantes adaptada a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía", incidió Espadas. "Hoy –por ayer– devolvemos la legalidad a la ciudad y la confianza en las instituciones a sus ciudadanos", completó Muñoz.
Ambos militan en partidos políticos distintos. Ella es del Partido Popular. Él, del PSOE. Sin embargo, ayer estaban de acuerdo. Después de meses de desencuentros, sonreían y se alababan mutuamente sin reparos. El plan, que definieron como proyecto político común, había salido adelante. No sin complicaciones.
Los antecedentes ya eran complicados. La historia reciente de Marbella es digno objeto de estudio en cualquier tesis doctoral en Derecho o Ciencias Políticas. Sus ex alcaldes Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe "tomaron decisiones que generaron una complicada situación urbanística hasta sobrepasar toda posibilidad de diseñar un modelo de ciudad con las leyes en la mano", recordó con sutileza el consejero.
No en vano, Marbella saltó de las páginas de crónica social a las de sucesos en 2006. En marzo, la policía detenía a la mayor parte de su corporación municipal. Se destapaba entonces la trama de corrupción municipal y urbanística ´Malaya´, pendiente de juicio. El expolio público se traducía en las cantidades más escandalosas conocidas hasta entonces en España e incluso en Europa.
La Junta de Andalucía tomó una decisión excepcional. Disolvió el Ayuntamiento y nombró una gestora para administrarlo durante un año. Mientras tanto, acaparó sus competencias urbanísticas e inició la redacción del documento que se aprobó ayer. Fustegueras fue el elegido para esta tarea.
Tramitación. Primero trabajó bajo las directrices del Gobierno autonómico socialista. Después, le tuteló el gobierno local del PP que resultó vencedor de las municipales de 2007. La primera versión del plan fue aprobada inicialmente en julio de ese año. "No tocamos ni una coma de aquel texto elaborado con los criterios que estableció la Junta", repite cada vez que tiene ocasión la regidora.
Pero, después, el PP sí que lo tocó. El plan necesitó de dos aprobaciones provisionales posteriores. Una, en octubre de 2008 y la última, en julio pasado. Cada una de ellas acompañadas por una ´exitosa´ exposición pública. El Consistorio registró más de 8.500 alegaciones en contra del nuevo planeamiento en ambas.
"Estimamos e incluimos en el plan el 70% de las peticiones planteadas", aseveró ayer Muñoz, orgullosa de la importante participación ciudadana generada. Sin dejar de lado que "es imposible contentar a todo el mundo".
Ejecución. A partir de ahora, empieza lo más difícil. Ni la alcaldesa ni el consejero lo ocultaron ayer. El Ayuntamiento tendrá que revisar el informe elaborado por la comisión urbanística, subsanar errores y analizar casos concretos. Tres promociones y un establecimiento comercial quedan suspendidos, en virtud de este dictamen. No entran en el polémico proceso de legalización.
"El plan no ordena demoliciones", quiso dejar claro ayer Espadas. Los casos pendientes de resolución judicial tendrán que esperar la decisión del juez. Los que no, deberán negociar su compensación con el Consistorio. A todos les queda la posibilidad de impugnarlo.
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