sábado, 30 de enero de 2010

MARBELLA Marbella tiene PGOU 24 años después. (SUR)

El Plan, aprobado ayer sin votos en contra, regulariza el 92 por ciento de las viviendas ilegales y reequipa a la ciudad La Comisión de Urbanismo bendice el documento que pone orden tras el caos del GIL.

Un apretón de manos. El gesto compartido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el consejero de Vivienda y Ordenación el Territorio, Juan Espadas, resumía ayer el inicio de una nueva etapa en la historia de la ciudad, que empieza a pasar página tras los desmanes urbanísticos del gilismo. Después de 24 largos años sin un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que marcara las reglas del juego, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) daba poco antes del mediodía en Sevilla las bendiciones al nuevo planeamiento, que llega con la normalidad y la seguridad jurídica bajo el brazo.
Y lo hizo sin fisuras, salvo la abstención de Ecologistas en Acción. Los 38 integrantes de este organismo regional, donde están representados agentes económicos, sociales y políticos, secundaron de cabo a rabo el contenido del nuevo planeamiento que regulariza mediante un sistema de compensaciones el 92 por ciento de las 18.000 viviendas ilegales construidas y que dotará a la ciudad de los equipamientos que le hurtaron durante los años de gobierno gilista. La única salvedad: Una serie de correcciones que deberá incluir el Ayuntamiento antes de la publicación por parte de la Junta, entre otras la suspensión de cinco áreas urbanísticas que antes se legalizaban y que ahora se apearán del PGOU para preservar espacios libres en el litoral y blindarlo antes los tribunales.
Tanto el consejero como la alcaldesa repasaron la historia reciente de la ciudad para dar más valor al hito que ayer se vivió en Sevilla. Desde la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento en 2006, lo que motivó que la Junta tutelara el primer impulso al documento, a la disolución de la Corporación municipal tras el estallido del 'caso Malaya', medidas ambas inéditas en España. Espadas incluso puso nombres y apellidos. Habló de los gobiernos locales de Gil, Muñoz y Yagüe, «que tomaron decisiones durante una etapa amplia en el Ayuntamiento que transgredieron cualquier posibilidad lógica de diseñar el modelo de ciudad con las leyes en la mano».
El giro ha sido de 180 grados. Tras ser durante una larga década paradigma de ilegalidad urbanística, Marbella estrenaba ayer otro título, este sí honroso, el de ser la primera ciudad del litoral andaluz de más de 100.000 habitantes en tener un PGOU adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se convierte además en un ejemplo de colaboración institucional entre dos administraciones. «Es un plan que garantiza el futuro de la ciudad y que rediseña y potencia el papel fundamental de Marbella como motor económico de la región», subrayó Muñoz.

El triple de áreas libres
La lista de datos que avalan la trascendencia del Plan General, con tres años de tramitación que no han sido un camino de rosas, es interminable. Marbella triplicará la superficie de espacios libres, que alcanzarán los 4,8 millones de metros cuadrados, y sumará 1,3 millones de metros cuadrados de suelos dotacionales con las compensaciones que tendrán que aportar los promotores para regularizar las 16.500 viviendas ilegales que sí acoge el modelo de ciudad. La ratio de equipamiento alcanzará los 12,02 metros cuadrados por habitante.
No sólo eso. El nuevo planeamiento prevé una inversión pública y privada de 1.823 millones de euros en los próximos ocho años sin contar con el futuro tren litoral, la construcción de 26.477 inmuebles -el 35 por ciento de protección oficial, lo que supone siete de cada diez que se pondrán en el mercado de la provincia- y que la población se estire hasta alcanzar las 173.000 personas. «Se abren unas perspectivas económicas muy esperanzadoras», anotó la regidora de Marbella en su comparecencia con el consejero.
Pero la gestión del planeamiento no será fácil, pese a que la Junta ha dejado en manos del Consistorio un amplio margen de maniobra. Especialmente en lo referente a la normalización de viviendas ilegales y el futuro de las que no tienen sitio en el PGOU. De los más de 18.000 inmuebles que se construyeron al margen del Plan del 86, 16.500 podrán acogerse al sistema de compensaciones pero 1.100 sin habitar o en estructura se quedan fuera, así como unos 500 ocupados y en franja litoral -el Banana Beach y un grupo de casas en Río Real y en La Víbora-.

Antes de que esté en vigor
Ayer se les sumaron, como ya adelantó este periódico, seis áreas urbanísticas más que tendrán que incorporarse antes de que el Plan entre en vigor, lo que ha supuesto la suspensión del 1 por ciento del documento: Jardines de la Costa, Alvarito Playa, Alcotanes, un área aislada cerca de un establecimiento hotelero que afecta a espacios libres de una vivienda unifamiliar y la zona comercial de Plaza del Mar. Además debe delimitarse el dominio hidráulico en tres suelos donde se prevé urbanizar.
Con las primeras modificaciones la Junta entiende que se garantiza la igualdad de trato en la preservación de espacios libres en el litoral. «No cabe la legalización sin más, como apuntan varias sentencias del Supremo; un Plan que planteara eso sería ilegal y fruto de suspensión por parte de los tribunales», advirtió el consejero, que matizó que el PGOU no habla de derribos. La decisión quedará en manos de los jueces, a los que se le invita a tener en cuenta los derechos de los adquirentes de buena fe. «Se verá caso por caso», concluyó.

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