Marbella difundirá la 'buena nueva' de su PGOU. (MALAGAHOY)

Muñoz anuncia una campaña para dar a conocer la situación de seguridad jurídica de la que ya goza el urbanismo marbellí

BÁRBARA RODRÍGUEZ / MARBELLA | ACTUALIZADO 02.02.2010 - 05:01

Ya que Marbella dispone, desde el pasado viernes, de un documento que le devuelve la seguridad jurídica a su urbanismo, ahora hay que darlo a conocer tanto a la opinión pública como a los inversores interesados en llevar a cabo negocios en la ciudad. Es por esto que Ángeles Muñoz, alcaldesa de la localidad, anunció ayer que el Consistorio pondrá en marcha una campaña informativa tanto a nivel nacional como internacional. "Tendremos una presencia en Sevilla, Madrid y en otros puntos del territorio español con reuniones a nivel de medios de comunicación y sectores económicos además de encuentros con los cuerpos consulares para explicar las líneas generales del nuevo planeamiento".

A nivel internacional, el Ayuntamiento aprovechará la asistencia a ferias turísticas para dar a conocer, a través del contacto también con medios de comunicación, el giro de 180 grados que ha experimentado la situación urbanística de Marbella. "El urbanismo ha pasado de ser un punto negro a convertirse en una materia sobresaliente", quiso manifestar la regidora, quien destacó que el Plan "se va a erigir en uno de los grandes signos de identidad de la ciudad", y que se une a la "eficaz gestión municipal que estamos desarrollando desde el inicio de la legislatura, con ningún retraso en el abono de las nóminas, el pago puntual a Seguridad Social y Hacienda o la elaboración de un plan de viabilidad para hacer frente a las deudas heredadas".

Muñoz recordó, en un encuentro con los técnicos que han trabajado en el plan, y flanqueada por los dos ediles que le ayudaron en el proceso (Alba Echevarría y Pablo Moro) algunas de las cifras redondas de este plan. En materia económica destacó los 1.823 millones de euros previstos en inversión, que se repartirá entre la iniciativa privada, que deberá asumir el 57 por ciento del total, y la pública, el resto (6% la administración local; otro 6% la central; y el 31% la autonómica).