El Ayuntamiento quiere utilizar el documento urbanístico, aprobado el pasado viernes, como ejemplo de normalidad para acaparar visitantes y residentes.
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) será más que una norma interna para Marbella. El gobierno municipal del PP quiere convertirlo en un instrumento para acaparar visitantes. "Será una herramienta dentro del ámbito turístico", avanzó ayer la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz.
El Ayuntamiento utilizará la presencia de la ciudad en las grandes ferias internacionales para promocionar el documento urbanístico por su "potencial" para atraer inversión y generar empleo. "Tendremos desayunos con los medios de comunicación de otros países y nos reuniremos con todo el cuerpo consular para explicarles las líneas fundamentales del PGOU", explicó Muñoz.
Cambio radical. De esta forma, los gobernantes locales recordarán las ilegalidades del pasado y el "giro radical de 180 grados" que ha dado la ciudad en los últimos años.
Entre los datos que piensan destacar se encuentran las nuevas áreas para equipamientos y zonas libres. "Marbella tendrá 27 metros cuadrados de espacios libres por habitante y 12, de equipamientos", incidió la regidora.
En total y de acuerdo con el nuevo PGOU ya aprobado por la Junta de Andalucía, la ciudad alcanzará los 4,7 millones de metros cuadrados de áreas libres y 2,1, de equipamientos. "Son unos volúmenes muy importantes que van a dar excelencia a una ciudad que ya, de por sí, es excelente", aseguró. Pero estos niveles no se lograrán hasta dentro de ocho años.
El Plan General aprobado el pasado viernes por la Comisión de Ordenación del Territorio y Vivienda de Andalucía regirá el crecimiento de la localidad hasta 2016. Para pasar del papel a la realidad, hacen falta más de 1.800 millones de euros que deberán aportar las administraciones públicas y el sector privado.
En concreto, al Ayuntamiento le corresponde reservar alrededor de 12,5 millones de euros anuales para dotar a la ciudad de esos equipamientos y espacios libres. En total, 100 millones de euros a lo largo de los próximos 8 años. La Junta de Andalucía, por su parte, deberá aportar 560.
Antes, hay que subsanar errores y revisar el PGOU. La comisión urbanística suspendió cinco áreas, dejando algo menos de 2.000 viviendas fuera de ordenación y, por tanto, a la expectativa de la decisión de un juez.
Otras 16.500, de más de 18.000 ilegales construidas durante el mandato del GIL, entraron en el proceso de legalización que pasa por un complejo sistema de compensación que el Consistorio tendrá que poner en marcha ahora.
Muñoz aseguró que los errores estarán subsanados en la primera quincena de marzo, se aprobarán en pleno y se remitirán al Gobierno autonómico. Si no hay problemas, el documento quedará publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, entonces, entrará en vigor.
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